El TSJ da la razón a una trabajadora del Plan Social que reclamaba más salario

El TSJ da la razón a una trabajadora del Plan Social que reclamaba más salario

El juez de primera instancia tiene paradas más de un centenar de demandas similares a la espera de esta resolución

Claudio Mateos
CLAUDIO MATEOSCáceres

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Cáceres contra una sentencia que dio la razón en primera instancia a una trabajadora del Plan de Empleo Social que reclamaba cantidades que había dejado de percibir en su salario. Se trata de una sentencia importante porque el Juzgado de lo Social de Cáceres tiene paralizadas más de un centenar de demandas semejantes a la espera de la resolución del TSJ.

El tribunal avala la reclamación de una ordenanza que fue contratada por el Ayuntamiento en el primer semestre de 2018 para la oficina de turismo con cargo al Plan de Empleo Social. Ratifica así la sentencia de primera instancia que el pasado mes de marzo obligó al Consistorio a abonar a esta trabajadora 2.283 euros que había dejado de percibir, porque no se le habían aplicado los mismos complementos de destino y específico que cobran los funcionarios que ejercen ese mismo trabajo.

El Ayuntamiento ha venido argumentando ante la avalancha de demandas que los trabajadores temporales del Plan Social no tenían derecho a esos complementos, algo que ahora desmiente el TSJ.

Se prevé que el resto demandas abiertas se resuelvan en el mismo sentido, lo cual supondría para el Ayuntamiento cacereño un importante desembolso ya que todas las sentencias de primera instancia que se han emitido hasta la fecha reconocen una deuda de en torno a 2.000 euros a cada uno de los trabajadores que han reclamado.

Tras emitir las primeras sentencias, el Juzgado de lo Social había agrupado todas la demás en una causa única, que decidió paralizar el pasado mes de marzo a la espera de que el TSJ se pronunciase. De hecho, ante la imposibilidad de hacer frente a la riada de reclamaciones con su propio departamento jurídico, el Ayuntamiento decidió contratar los servicios de un bufete externo para defenderse ante todas estas demandas. El coste de ese contrato, que fue adjudicado a la letrada Pilar Mastro, es de 9.000 euros.

El nuevo gobierno local de Luis Salaya deberá decidir ahora si espera a la decisión del Juzgado de lo Social, o acuerda directamente con los representantes legales de los trabajadores el pago de las cantidades que les corresponden, de manera que al menos pueda ahorrarse las costas y algunos intereses.