Los pisos sociales seguirán teniendo agua en Cáceres aunque los inquilinos no paguen

Operarios de Canal de Isabel II en un bloque de viviendas de Aldea Moret. :: hoy/
Operarios de Canal de Isabel II en un bloque de viviendas de Aldea Moret. :: hoy

El Ayuntamiento mantiene la suspensión de las órdenes de corte del suministro a los morosos en contra de lo que recomienda un informe jurídico

Manuel M. Núñez
MANUEL M. NÚÑEZCáceres

La alcaldesa «no puede» desatender la petición de Canal de Isabel II de cortar el suministro de agua a quienes no paguen el recibo. Tampoco puede hacerlo en función de los argumentos que plantea el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) ya que las causas no están recogidas como tales en el reglamento del servicio o en la ordenanza que regula la tarifa. Es el planteamiento que hace la Secretaría General del Ayuntamiento en un informe remitido a la Junta de Gobierno Local en el que deja claro que para activar la suspensión de los cortes habría que modificar la ordenanza y garantizar a la concesionaria «el equilibrio económico financiero» del contrato. Hay jurisprudencia que lo avala y el corte entraría dentro de la legalidad si se recoge en la normativa en vigor y se da audiencia al interesado. Por tanto, la decisión adoptada por el Consistorio el pasado 1 de febrero tiene en contra el informe jurídico del primer funcionario municipal.

El Ejecutivo de Elena Nevado acordó entonces iniciar el expediente para poner en marcha una tarifa de agua reducida para familias sin recursos que tengan sus domicilios en bloques sociales sin contadores individuales.

La modificación normativa debería aprobarse en pleno y aún no se ha tramitado. Mientras tanto, lo que anunció el equipo de gobierno local fue que paralizaba esas órdenes de corte para aquellos usuarios que tienen sus viviendas en los edificios de viviendas sociales del Ayuntamiento. La explicación que ofreció el portavoz, Rafael Mateos, era que hay familias que pagan sus recibos pero sus comunidades son morosas. La deuda en esos bloques supera los 100.000 euros, según los últimos cálculos.

El Consistorio ha decidido habilitar una partida para afrontar el pago y el IMAS depurará responsabilidades

«No se puede dejar a cientos de familias sin agua», fue el mensaje de la propia alcaldesa

La medida inicial de suspender los cortes se apoyaba en una propuesta del director gerente del IMAS. Aludía a bloques de viviendas que no disponen de contadores individuales. El coste del agua está incluido en la cuota de la comunidad pero, según el IMAS, «son unos pocos quienes quieren o pueden hacer frente al pago». Ello se ve agravado a su vez por un elevado número de viviendas «ocupadas ilegalmente», la «falta de control» de los ingresos de las cuotas y esa ausencia de contadores individuales.

Parar los cortes de agua se proponía como una vía para evitar una situación de pobreza energética de los afectados. No obstante, el informe jurídico pone en cuestión los argumentos del IMAS y la propia decisión del Gobierno de suspender las órdenes de corte que llegan de la concesionaria del servicio, Canal de Isabel II. De hecho, tal y como recoge el informe, no es posible tomar esa decisión. «La señora alcaldesa no puede -dice el secretario- denegar la autorización solicitada por la empresa concesionaria de suspensión del suministro por impago de las tarifas». Sugiere que es una medida «coercitiva» que pretende garantizar la recaudación de la deuda existente. Se da otra circunstancia, además, esa medida conllevará que sea la propia empresa la que se lo reclame al Ayuntamiento, incluidos los intereses de demora.

Hay otros argumentos adicionales, todos con base legal, según la Secretaria municipal, para no parar los cortes. Por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo que «ha declarado la legalidad de esta medida» si se contempla en la normativa, como es el caso.

Además, si se lleva a cabo en el futuro habría que modificar la ordenanza, un paso que no se ha dado, ya que el asunto debe verse en pleno y votarse. La propia ordenanza tendría que garantizar el equilibrio económico de la concesión, pues Canal dejaría de recibir unos ingresos que le corresponden. Hay un acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa, de mayo de 2016, que alude a ayudas económicas de urgencia social para personas que se incluyan en unidades familiares que no superen determinados ingresos, y el objetivo es resolver casos «puntuales y previsiblemente irrepetibles».

No es ese el punto de vista de la propia alcaldesa. Una vez conocido el informe jurídico, la posición del Gobierno no ha variado. No se toma en consideración el planteamiento esgrimido y se mantiene la suspensión provisional de las ordenes de corte. Es decir, las personas que vivan en bloques sociales municipales y no paguen el recibo seguirán teniendo agua en casa.

Es lo que ha expresado la propia Elena Nevado en una de esas reuniones de la Junta de Gobierno que preside. «No se puede dejar a cientos de familias sin agua», fue el mensaje de la regidora. A su vez, se apunta que «se trata de una situación grave de emergencia social a la que el Ayuntamiento tiene que dar respuesta». Por tanto, no habrá cortes de agua en esos bloques.

El Consistorio habilitará una partida para el pago de esas facturas que tienen que ver con sus viviendas sociales y posteriormente el IMAS depuraría responsabilidades sobre quién debe pagar. El mensaje que se envía a la empresa del agua es que los cortes se paralizan. Canal de Isabel II ya tiene la comunicación oficial. La empresa responde, a consultas de HOY, que defenderá sus intereses. Lo que no está claro es cómo será compensada por esos ingresos que deja de percibir.

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