El expediente de la mina en Cáceres sigue activo pese a la resolución de nulidad de la Junta

Manifestación contra el proyecto de la mina de litio en abril de 2018. :: hoy/
Manifestación contra el proyecto de la mina de litio en abril de 2018. :: hoy

El gobierno regional aclara que el procedimiento sobre el permiso de investigación «se retrotrae a la fase de exposición pública»

C. MATEOS CÁCERES.

La resolución de la Junta de Extremadura por la que se anulan los procedimientos administrativos en marcha relativos a la mina de litio de Valdeflores ha desatado la euforia en los colectivos ciudadanos que se oponen al proyecto. Sin embargo, el propio gobierno autonómico aclaró ayer que dicha resolución no supone un rechazo definitivo a la mina, sino tan solo que el expediente «se retrotrae a la fase de exposición pública», de manera que se cumpla con el trámite que había sido ignorado, y que ha sido el motivo de la anulación del procedimiento por defecto de forma.

«El proyecto sigue vivo», aseguró ayer a este diario la empresa promotora. Los asesores de Infinity Lithium y Valoriza Minería, los dos socios inversores, están analizando la resolución y decidirán si la recurren.

La Junta no ha facilitado el texto íntegro del dictamen vinculante emitido por la Comisión Jurídica de Extremadura en el que se basa la anulación. En él, por una parte, se declara nula la resolución del 13 de octubre de 2016 por la que se otorgó a Tecnología Extremeña del Litio (TEL) el permiso de investigación de dos cuadrículas mineras en Valdeflores, y como consecuencia se cancela la solicitud de concesión de explotación de la mina que derivaba de ese permiso de investigación, y que fue presentada por la empresa en el mes de octubre de 2017.

«El proyecto sigue vivo», afirma la empresa promotora, que aún no ha decidido si recurrirá

Ciudadanos defiende que se tramite el procedimiento completo para que haya seguridad jurídica

Lo que se hace ahora es retrotraer el expediente a 2016, es decir, al momento en el que la Junta debió sacar a exposición pública la solicitud del permiso de investigación presentado por TEL y no lo hizo. El error ha sido detectado en una revisión del expediente solicitada el año pasado por la Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA).

En la práctica, la resolución emitida ahora por la Consejería de Economía e Infraestructuras implica que el procedimiento administrativo sobre la mina se va a retrasar años, ya que previsiblemente la salida del expediente a exposición pública irá acompañada por una avalancha de alegaciones que el ejecutivo autonómico tendrá que analizar y responder una por una. Aun superando ese trámite y logrando de nuevo el permiso de investigación, la empresa tendría después que volver a solicitar la concesión de explotación que ha sido ahora cancelada.

Elena Nevado

La alcaldesa en funciones de Cáceres, Elena Nevado, ya advirtió ayer de que el proyecto «sigue encima de la mesa», pues desde su punto de vista, al haberse anulado el procedimiento por un defecto de forma, la empresa siempre puede iniciar un nuevo proceso que sí cumpla con los requisitos y entonces la administración regional «se tendrá que mojar y decir si quiere el proyecto de explotación o no», declaró a Europa Press.

También se pronunció sobre este asunto el cabeza de lista municipal de Ciudadanos y concejal electo, Francisco Alcántara, quien negó que su partido haya apoyado el proyecto de la mina de litio y apostó por llevar a cabo una tramitación adecuada. «Lo que queremos es que se tramite todo el procedimiento completo para que los inversores tengan garantías jurídicas de que eso es así y conocer los informes técnicos», indicó. Recalcó que lo que ellos defienden es que se garantice la seguridad jurídica «a cualquier tipo de inversión», y que por lo tanto «los que tienen que hablar respecto de la mina son los técnicos competentes de la Junta de Extremadura para saber si es viable o no».

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, criticó en un comunicado la «chapuza jurídica» que en su opinión pone al descubierto la resolución hecha pública el miércoles, al tiempo que exigió la «completa restauración» de la zona que se ha visto afectada por los trabajos realizados por la empresa. Además, le parece «llamativo» que la resolución se haya conocido tres días después de los comicios del 26-M, y anunció que «saldrán a la luz otras cuestiones que se han ocultado de forma deliberada por las elecciones».