Investigan al alcalde de Valencia de Alcántara por posible prevaricación en dos residencias de mayores

El alcalde, Alberto Piris. :: hoy/
El alcalde, Alberto Piris. :: hoy

La Guardia Civil también ve indicios de delito en un representante sindical y una trabajadora a los que el Colegio de Enfermería acusa de intrusismo

Sergio Lorenzo
SERGIO LORENZOCáceres

El alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris Guapo (PSOE), está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción de esa localidad, acusado de haber cometido un delito de prevaricación en relación con las dos residencias de mayores de la localidad, que están gestionadas por el Ayuntamiento. También se investiga a un representante sindical y una enfermera por intrusismo profesional. Además se investiga un delito contra la intimidad y otro contra la integridad moral.

Según las pesquisas que realiza la Guardia Civil, en Valencia de Alcántara existen dos residencias de mayores: la residencia Buenos Aires, que depende del Servicio de Ayuda a la Dependencia de Extremadura (Sepad), y la residencia San Pedro de Alcántara (también conocida por San Antonio), del Ayuntamiento, que es quien gestiona ambas.

La Guardia Civil afirma que un representante sindical de Comisiones Obreras, que es auxiliar de enfermería, ha ejercido la dirección de las dos residencias, dando un trato preferencial a una trabajadora. La investigación señala que es totalmente incompatible que una misma persona sea el director de una empresa y también sea delegado sindical.

El representante sindical está acusado de haber acosado laboralmente a varias empleadas y de haber cometido un delito contra la intimidad, al conseguir la clave de acceso y entrar en el ordenador de una trabajadora, sin su consentimiento.

El Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres ha denunciado por intrusismo al representante sindical, porque siendo auxiliar de enfermería contratado hace 15 años, asegura que realiza trabajos reservados a personal con titulación específica de Técnico Diplomado en Enfermería. También denuncia por intrusismo a la trabajadora relacionada con el sindicalista ya que, aunque es enfermera, no se encuentra colegiada para poder ejercer esa actividad, lo cual es imprescindible.

«Retribución en negro»

Se acusa al alcalde Alberto Piris de un delito de prevaricación, ya que, supuestamente, consiente que se pague a varios trabajadores de las residencias varios complementos, que según el informe de la Guardia Civil, «constituye una auténtica retribución en negro, acreditado por su periodicidad, así como por la falta de correspondencia con cualquier otro empleado al que se quiera equiparar».

Han detectado unos complementos retributivos inadecuados o no ajustados a normativa. Destaca que Andrés pasa cada mes al Ayuntamiento de Valencia de Alcántara unos 1.000 euros de kilometraje, y también se pagan entre 800 a 1.200 euros por horas extras al mes, además de dinero por productividad.

Alberto Piris ha declarado como investigado en esta causa el pasado 30 de enero, siendo asistido por una letrada de la Diputación Provincial. Él ha negado que hubiera cometido un delito de prevaricación. Declaró que no nombró al representante sindical director de ninguna de las dos residencias. También señaló que desconocía que se le estaban pagando unos mil euros al mes por kilometraje, desde junio de 2016 a octubre de 2018.

El Juzgado de Valencia de Alcántara sigue investigando si se ha cometido algún tipo de delito con la gestión de las dos residencias, que entre las dos tienen unos 100 usuarios. Ya han prestado declaración ante el titular del Juzgado 14 trabajadores de la Residencia Buenos Aires, otros nueve empleados de la Residencia San Pedro de Alcántara, dos miembros del personal del Centro de Salud de Valencia de Alcántara y dos personas del Ayuntamiento de la localidad.

Una vez que se concluya la investigación en el Juzgado de Instrucción, el órgano judicial decidirá si se archiva este caso o los investigados deben ser juzgados.

HOY ha contactado con Alberto Piris para conocer su versión, y ha dicho que se reafirma en lo declarado ante la Guardia Civil.