Los hosteleros pagan y preparan la petición de indulto al ser firme su condena

Los hosteleros, junto a los expolíticos Carmen Heras y Carlos Jurado, en el banquillo de acusados. :: hoy/
Los hosteleros, junto a los expolíticos Carmen Heras y Carlos Jurado, en el banquillo de acusados. :: hoy

Sus abogados pedirán a la juez que suspenda la orden de ingreso en prisión hasta que el Gobierno decida

Sergio Lorenzo
SERGIO LORENZOCáceres

El tiempo corre y los plazos se cumplen. Cada vez está más cerca saber si 11 hosteleros condenados por los ruidos en La Madrila irán o no pronto a la cárcel, como decidió en enero de 2018 una sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres, que prácticamente fue confirmada en todo por la Audiencia Provincial en una sentencia dictada en julio de este año.

Tras la sentencia de 124 páginas de la Audiencia Provincial la decisión era firme, pero varios abogados de la defensa pidieron aclaración de la sentencia, sobre todo porque a unos condenados les habían rebajado varios meses la condena al aplicar la atenuante simple de dilaciones indebidas, y a otros nada. Las aclaraciones ya se notificaron el pasado martes por parte de la Audiencia y la sentencia se queda prácticamente igual.

La sentencia de la Audiencia pasará en los próximos días al Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres, que la próxima semana notificará a las partes que la sentencia es firme y hay que ejecutarla.

Los hosteleros sabrán antes de Navidad si van a la cárcel o se pospone hasta saber del indulto

Será en ese momento cuando los abogados defensores de los 11 hosteleros condenados a ir a la cárcel tramitarán el indulto al Gobierno pidiendo a la titular del Juzgado de lo Penal que no ordene el ingreso de sus clientes en prisión hasta que decida el Ejecutivo.

Según ha señalado al Diario HOY el abogado Ángel Luis Aparicio, que defiende a tres de los once condenados, «todos los empresarios o casi todos han pagado ya la responsabilidad civil, y los que aún no lo han hecho como muy tarde lo harán esta semana».

De esta manera, los once hosteleros pagarán a 14 vecinos afectados por los ruidos algo más de 130.000 euros. Todos abonarán una media de 10.000 euros menos el gerente del Submarino, que debe pagar 38.000 euros.

Los abogados tienen claro que para pedir el indulto sus clientes tienen que pagar, para que se vea claramente que han querido reparar el daño causado.

Pedirán un indulto parcial: que se rebaje la pena hasta dos años para que no tengan que ir a prisión.

Diez de estos empresarios, que se ocupaban de la explotación de nueve locales de la Madrila ('Machiavello', 'Discoteca Down', 'Súgar', 'La Belle', 'Submarino', 'La Cuerda', 'Barroco', 'Latinos' y 'Tacones') han sido condenados a dos años, tres meses y un día de prisión, mientras que otro que regentó 'Tacones' deberá cumplir dos años y nueve meses.

También han sido condenados en la misma causa la exalcaldesa Carmen Heras y el exconcejal Carlos Jurado, pero no irán a prisión al ser la pena, para cada uno de ellos, de un año y nueve meses de cárcel.

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Una vez que la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres indique a los abogados de los hosteleros que se va a ejecutar la sentencia estos le pedirán que antes de obligar a sus clientes a ir a prisión espere a la decisión del Gobierno sobre los indultos.

El Juzgado con casi toda seguridad les responderá antes de Navidades. Lo que suele suceder en estos casos es que el juzgado que tiene que ejecutar la sentencia espere, sobre todo para que no ocurra que los condenados ingresen en la cárcel y luego el Ejecutivo les perdone.

En la tramitación del indulto, a la petición de la defensa se le adjunta el parecer de la fiscalía y el propio tribunal que les ha condenado. La opinión de fiscal y juez no son vinculantes. Muchas veces el Gobierno ha dado el perdón siendo la fiscalía y el tribunal contrarios a que se le conceda.

La decisión del Gobierno sobre el indulto suele tardar desde un año a cinco. Hace unos años en los consejos de ministros era muy normal ver que se libraba de la cárcel a bastantes condenados, pero ahora es raro. Si en el año 2000 el Ejecutivo concedió 1.744 indultos, en el año 2017 ya sólo fueron 26. De esos 26 dos fueron a hosteleros. Uno fue el gerente de un bar de Deifones (Granada) que había sido sentenciado a cumplir dos años y tres meses de prisión, y el otro un empresario que regentaba un bar en Dos Hermanas (Sevilla) que fue condenado a cuatro años y un día de prisión.

Según penalistas consultados por este diario, si al final los hosteleros ingresan en prisión estarán alrededor de cinco a siete meses antes de poder obtener el tercer grado, que les permitirá gozar de una situación de semilibertad.