Hosteleros con condenas por ruido de hasta cuatro años han recibido indultos

José Antonio Ruiz, dueño de un bar en Deifontes (Granada), fue indultado hace un año. :: Ideal de granada/
José Antonio Ruiz, dueño de un bar en Deifontes (Granada), fue indultado hace un año. :: Ideal de granada

Empresarios cacereños intentarán evitar la cárcel por esta vía, aunque los perdones del Gobierno han bajado de 1.744 en el año 2000 a 26 en 2017

Sergio Lorenzo
SERGIO LORENZOCáceres

Es difícil, pero lo van a intentar. Los once hosteleros de Cáceres condenados por el ruido en la zona de La Madrila solicitarán al Gobierno de España el indulto, aunque sus abogados saben que es difícil conseguirlo ya que son miles los que se solicitan cada año y cada vez se conceden menos.

Hace unos años no había tanto control sobre los indultos otorgados, pero desde 2015 el Gobierno tiene que justificar su decisión y se han reducido de una manera asombrosa. En el año 2000 el Gobierno indultó a 1.744 condenados a prisión, pero en el año 2015 ya fueron solo 75, bajando a 27 indultos en el año 2016 y a 26 en 2017.

De los once hosteleros de Cáceres, diez han sido sentenciados a dos años, tres meses y un día de prisión, y un hostelero a dos años y nueve meses. Sus abogados pedirán el indulto parcial, para que se rebaje la pena a dos años y así no tengan que ir a prisión, ya que una persona condenada a dos años de cárcel, si no tiene antecedentes penales en vigor, no suele entrar en prisión.

El Diario HOY ha estado analizando indultos del Gobierno a hosteleros condenados por delitos contra el medio ambiente por ruidos desde el año 2008, encontrando hasta tres casos en los que los hosteleros habían sido sentenciados a cumplir cuatro años y un día de prisión, hubo otros cuatro hosteleros que se libraron de ser encarcelados cuando fueron condenados a dos años y medio de prisión y otros tres que resultaron indultados parcialmente tras una sentencia de dos años y tres meses.

Los dos casos de 2017

De los 26 indultos concedidos el año pasado, dos fueron a propietarios de bares. Uno de ellos es José Antonio Ruiz Gutiérrez, indultado parcialmente el 29 de septiembre de 2017, tras haber sido condenado por la Audiencia de Granada a dos años y tres meses de prisión, 1.200 euros de multa y un año de inhabilitación especial para actividades relacionadas con locales de ocio y espectáculos musicales. El entonces ministro de Justicia Rafael Catalá le conmutó la pena privativa de libertad, «por otra de dos años de prisión, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años».

El periódico Ideal de Granada dio la noticia del indulto de este hostelero de Deifontes (Granada) recordando que vecinos de esta localidad se echaron a la calle, manifestándose para evitar que este joven ingresará en prisión. Incluso vecinos que le habían denunciado dijeron que la condena les parecía excesiva.

José Antonio Ruiz comenzó a explotar un bar desde finales del año 2007 sin tener licencia municipal. Funcionaba como bar y cafetería por la mañana y tarde, y por las noches como local de copas. Los vecinos se quejaron de los ruidos y el alcalde llamó la atención al hostelero que no hizo caso. Agentes del Seprona verificaron que el local emitía 50 decibelios, cuando la normativa permitía 30. No tenía medidas de insonorización. Los vecinos afectados reclamaron ayuda la Junta de Andalucía y al Defensor del Pueblo Andaluz. Los ruidos cesaron en 2010.

El segundo indulto del año 2017 a un hostelero condenado por ruido fue a Gabriel Baños Paisano, que fue condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a una pena de cuatro años y un día de prisión, e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio relacionados con la explotación de negocios de hostelería y esparcimiento que requieran licencia para emitir grabaciones de música o música en directo por el mismo periodo de cuatro años y un día. El ministro Rafael Catalá le conmutó la pena por otra de dos años de prisión, «a condición de que abone las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia» y no vuelva a cometer un delito doloso en un plazo de cuatro años.

Gabriel Baños era dueño del bar El Coyote de la localidad sevillana de Dos Hermanas. Según la sentencia de la Audiencia de Sevilla, él ponía la música en el bar con un volumen «notoriamente excesivo», sobre todo en las madrugadas de los fines de semana. Bajaba el volumen cuando acudían agentes de la Policía Local, pero una vez que se marchaban volvía a subirlo. Los agentes realizaron hasta 10 inspecciones. El 14 de diciembre el Ayuntamiento le llegó a precintar los aparatos de música, pero él conectó un ordenador y un televisor a un amplificador. En enero de 2008 el Ayuntamiento ordenó la suspensión de la actividad del bar, no haciendo caso. En mayo de 2008 le volvieron a precintar el establecimiento.

En el juicio hubo cerca de 20 testigos, entre funcionarios municipales y peritos, que señalaron como el hostelero desobedeció a la autoridad. En la vista oral una psicóloga aseguró que una de las vecinas estaba muy afectada, presentando depresión, hostilidad y malestar emocional por culpa del hostelero.

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