161 funcionarios municipales de Cáceres perderán su póliza al pasar a la Seguridad Social

Movilización de trabajadores municipales a las puertas del ayuntamiento el año pasado. :: hoy/
Movilización de trabajadores municipales a las puertas del ayuntamiento el año pasado. :: hoy

Los sindicatos convocan a los afectados en asamblea después de conocer que el Ayuntamiento los integrará en el Régimen General a efectos de asistencia sanitaria

Manuel M. Núñez
MANUEL M. NÚÑEZCáceres

Un total de 161 trabajadores municipales perderán su actual cobertura privada, pero costeada con fondos del Ayuntamiento. El equipo de Gobierno del PP ha convocado mesa de negociación para abordar la integración de estos funcionarios, contratados antes del año 1992, al Régimen General de la Seguridad Social a efectos de su asistencia sanitaria.

Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CSIF, en una acción conjunta, pidieron ayer la suspensión de la mesa negociadora que había sido convocada para hoy, ya que no se cumplían los requisitos necesarios al tratarse de una sesión «extraordinaria y urgente», por lo que se exige «una antelación mínima de cuatro días hábiles». La advertencia obligó a suspender la convocatoria y trasladarla al próximo martes. Las movilizaciones arrancan con una asamblea informativa que tendrá lugar mañana jueves en el salón de plenos y en la que se darán detalles de cómo les afecta el cambio a los trabajadores públicos.

El expediente para no renovar la cobertura privada a los funcionarios de la antigua Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local (Munpal) ya se ha visto en Junta de Gobierno. El Negociado de Nóminas emitió un informe económico el pasado 2 de octubre en el que se recoge que el paso de estos trabajadores desde la asistencia privada a la Seguridad Social costaría 32.715 euros. Sin embargo, hay otros datos que también se incorporan al expediente y que tienen que ver con el ahorro. Por ejemplo, el Consistorio tiene créditos anuales habilitados por 320.000 euros para la cobertura médico-farmacéutica. En 2017 hubo obligaciones de pago por 278.560 euros. En 2018 llegaron a 149.18. Según los datos del propio Ayuntamiento, la cobertura asistencial se acercó a 244.000 euros en 2017 con 35.484 euros en gastos de medicinas. En 2018 son 140.356 euros en gasto asistencial y 18.315 en gasto farmacéutico. El informe de fiscalización de Intervención sobre ese traspaso de estos 161 trabajadores desde empresas sanitarias privadas a la Seguridad Social afirma que «supondrá un ahorro importante».

El Consistorio ya llevó a los tribunales al Ministerio de Empleo sin éxito

En 2015, nueve funcionarios del Ayuntamiento procedentes de la antigua Munpal solicitaron «recibir la asistencia sanitaria a través del sistema público de salud». El Consistorio lo comunicó a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, pero en una resolución de su directora se resolvía que el sujeto de la decisión final es la propia Corporación local, «nunca el personal adscrito» En definitiva, que el acuerdo debía adoptarse en pleno con conocimiento de las centrales sindicales y afectaría «a todo el personal», no solo a los nueve interesados. El Ayuntamiento llevó el caso a los tribunales y el Juzgado Contencioso-Administrativo, en una sentencia de enero de 2017, falló en su contra y le condenó al pagó de las costas.

«La sanidad pública tiene más opciones de atención que la privada», defendía ayer el Consistorio», que pasará a pagar 32.000 euros, apunta, mientras que a través de conciertos serían 270.000.

Así consta en una resolución de Alcaldía del pasado 25 de octubre en la que se confirma la intención del Consistorio de integrar a «los funcionarios procedentes de la extinta Munpal en el Régimen General de la Seguridad Social». Los sindicatos se reunieron el lunes con Elena Nevado, pero sostienen que en ese encuentro no les habló de dinero. En una nota de prensa del gabinete de comunicación municipal se explica que la intención es «garantizar la igualdad de condiciones entre todos los funcionarios públicos». Es decir, que los 626 trabajadores de plantilla «estén sujetos al mismo sistema de prestación».

La decisión se toma ahora al expirar el contrato firmado el próximo mes de diciembre. El Ayuntamiento informó ayer que «no puede prorrogarse en más ocasiones», pero la propia alcaldesa ya dio instrucciones en la Junta de Gobierno para que se comunicase a las compañías aseguradoras la «intención» del Ejecutivo que dirige de «no prorrogar el contrato» hasta conocer detalles sobre el coste que supone para las arcas públicas.

«Es una cuestión de dinero, pero las cifras no son tan concretas ya que en 2019 habrá un ahorro importante por la jubilación de una treintena de agentes de Policía», detalla Jesús Solana. El representante de CSIF remarca la unidad de acción sindical en un asunto en el que «falta información». Pide al Ayuntamiento que haga lo mismo que se hizo «hace 25 años, cuando se preguntó a los afectados qué cobertura querían». «Una mesa no es solo información, es negociación», recuerda.

Según esta versión, el PP está llevando con «prisas» la integración en la Seguridad Social de estos 161 profesionales. La mesa de negociación será finalmente el martes al no haberse convocado en tiempo y forma la que estaba prevista para hoy. Los trabajadores mantienen su asamblea para mañana y, como incide el informe jurídico de Recursos Humanos, el asunto debe aprobarse en pleno. Si no llega al del día 15 podría ser convocado uno extraordinario.

De momento, el lunes 12 se celebrará otro, en este caso para aprobar la rebaja del 2,7 por ciento del IBI para que pueda entrar en vigor el próximo año.

El PP puede contar con el apoyo de CáceresTú en el trasvase de funcionarios a la Seguridad Social. Su portavoz, Consolación López, defiende la «defensa de lo público» y «los mismos derechos para todos». Cree que al pasar los funcionarios a la Seguridad Social se acaba con «una discriminación existente».

 

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