La Fiscalía pide archivar la causa penal que queda por muertes por covid en residencias de Cáceres
Solo continúa por la vía penal un recurso en la Audiencia de la hija de un fallecido, que solicita que se siga investigando lo ocurrido en El Cuartillo
En los juzgados de la provincia de Cáceres se han investigado más de medio centenar de muertes de ancianos por la covid en residencias. Sus ... hijos y nietos realizaron denuncias penales, al sospechar o creer que sus familiares habían muerto abandonados, sin recibir la necesaria atención para mantenerles con vida. Por la pandemia se les prohibió visitarles y, angustiados, recibían la noticia de que tenían el virus o simplemente que se habían muerto después de contagiarse.
Poco a poco, tras meses e incluso más de un año de investigación, los juzgados fueron archivando las denuncias. Se llegó a investigar la muerte de ancianos por covid en ocho residencias de mayores de la provincia: dos en la ciudad de Cáceres, dos en Plasencia, otras dos en Garrovillas de Alconétar, una en Deleitosa y otra en Valencia de Alcántara.
En la actualidad, la Fiscalía de Cáceres señala que todas las diligencias de investigación que se tramitaron están archivadas. No hay ninguna en trámite.
No obstante, la hija de un fallecido en la Residencia Asistida El Cuartillo ha recurrido el archivo de la causa en la Audiencia Provincial de Cáceres, pidiendo que se reabra la causa al considerar que se cometió un delito. Fue el pasado día 7 de marzo cuando se presentó el recurso en la Audiencia. El tribunal ha solicitado a la Fiscalía de Cáceres su opinión, y la acusación pública ha pedido que se archive definitivamente.
De todas las investigaciones realizadas, la que tuvo mayor repercusión mediática fue la promovida por la Asociación de Damnificados de la Asistida. Es la que presentaron los familiares de 35 fallecidos por covid en la Residencia Asistida de Cáceres 'El Cuartillo', lugar en el que en los primeros seis meses de la pandemia fallecieron por el virus 76 de las 320 personas atendidas en este centro.
Estos familiares se agruparon en una denuncia conjunta, en la que la única investigada fue Amparo García, la directora de la residencia, a la que acusaban de haber cometido delitos de homicidio por imprudencia y lesiones por imprudencia.
También hubo varios familiares que presentaron querellas de manera individual contra la gestión de la pandemia en la Residencia Asistida.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Cáceres fue el que investigó las denuncias presentadas contra la Asistida. El pasado 28 de enero, después de año y medio de investigación, emitió un auto en el que decidía archivar la causa al no ver indicio de delito. Aseguró el Juzgado que la directora, la única investigada, había actuado «conforme a la situación que estaba viviendo». Señaló que quedaba fuera de toda duda «que todos los fallecidos fueron tratados como el resto de los enfermos, y de acuerdo con las capacidades de un sistema sanitario colapsado en el momento del estallido de la situación, con tratamiento médico, con o sin éxito; pero eso ya no dependía del facultativo que lo prescribía o enfermeras y auxiliares que impartían los cuidados en la Residencia, sino de circunstancias ajenas a ellos. Se procuro la atención más afectiva, al alcance de los conocimientos de la ciencia y las posibilidades de todos ellos».
El abogado que representa a los miembros de la Asociación de Damnificados de la Asistida, tras escuchar a los familiares de los 35 fallecidos, decidió no recurrir el auto de archivo en la Audiencia de Cáceres, terminar la vía penal e iniciar los trámites en la vía contencioso-administrativa, en donde pedirán indemnizaciones económicas a la Junta de Extremadura.
El abogado de la hija de un fallecido en la Asistida es el único que ha decidido recurrir en la Audiencia el auto de archivo.
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