Una empresa cobrará 80.000 euros por catalogar vestigios franquistas en Cáceres

Simbología franquista que se mantiene en el edificio sindical en pleno centro de Cáceres. :: hoy/
Simbología franquista que se mantiene en el edificio sindical en pleno centro de Cáceres. :: hoy

La Diputación fija un plazo de ocho meses para elaborar un informe de 300 folios que será analizado por la comisión de expertos de la Memoria Histórica

MANUEL M. NÚÑEZ CÁCERES.

Ochenta mil euros pagará la Diputación cacereña a una empresa privada para que se encargue de aflorar los vestigios de la dictadura franquista en la provincia. El equipo de técnicos con el que cuente 'peinará' los 230 municipios, incluidas las seis entidades menores de Cáceres, en busca de símbolos de exaltación de la Guerra Civil o del régimen del general Franco.

Se fija un plazo de ocho meses para la elaboración de un borrador que tendrá entre 200 y 300 páginas y que se entregará por triplicado en papel, además de contar con una cuarta copia digitalizada.

El documentos será supervisado en una última fase de estudio por los integrantes de la comisión de expertos creada por la institución provincial el pasado mes de junio y que preside el historiador Julián Chaves.

En principio, la labor de esos siete especialistas que integran el llamado comité provincial de la Memoria Histórica era recorrer los pueblos de Cáceres en busca de esa simbología que atenta contra la Ley en vigor. El objetivo sería documentar los restos que se encontrasen. Se fijó un plazo de un año.

Ahora, desde la institución provincial lo que se reconoce es que la «Diputación de Cáceres no dispone de medios materiales, humanos y técnicos suficientes para abordar esta actuación, por ser un servicio que requiere de técnicos especializados en materia de Memoria Histórica y en la normativa nacional». Tampoco cuenta con el personal necesario, asume, para «el estudio, recopilación y elaboración de los catálogos».

Por este motivo, lo que ha decidido el equipo de Gobierno del PSOE que preside Rosario Cordero es contratar los servicios de una empresa privada. El contrato se adjudicara mediante un procedimiento abierto simplificado, con criterios cuantificables de manera automática como el precio ofertado o la calidad. La ponderación será del 40 y el 15 por ciento, respectivamente.

También se hará mediante criterios evaluables, por simple juicio de valor. El peso de los mismos en la adjudicación se establece en un 45 por ciento del total.

Se trata de un servicio de asistencia técnica en la elaboración de los catálogos de los municipios cacereños sobre vestigios franquistas, tanto de exaltación personal como colectiva de la sublevación militar y de la Guerra Civil. La Diputación justifica el gasto máximo de 80.000 euros en cumplimiento de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica, que promueve la «reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar» entre aquellos que padecieron persecución o violencia.

La empresa contratada deberá facilitar el conocimiento de los hechos acaecidos, analizar y catalogar los vestigios, explicarlos y contextualizarlos, a fin de que la comisión de expertos de Diputación se pronuncie sobre su retirada o mantenimiento. El comité de expertos podrá solicitar cuantas aclaraciones o puntualizaciones estime necesarias al adjudicatario sobre su trabajo.

Lo que pretende la institución provincial es promover «una investigación rigurosa desde un punto de vista histórico» . Para ello, los técnicos 'barrerán' los pueblos de la provincia en sus seis partidos judiciales: Cáceres, Coria, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Trujillo y Valencia de Alcántara.

El trabajo se desarrollará en cuatro fases. Una primera de análisis y diagnóstico en la que se puede valorar que haya municipios libres de vestigios. A continuación habrá una segunda fase de campo. En la tercera se redactará y entregará el borrador, de entre 200 y 300 folios. Se organizará por municipios y de hecho la empresa entregará una copia por cada localidad al comité de expertos de forma paulatina. La última fase será de asesoramiento y asistencia al comité provincial. El estudio y revisión del borrador facilitará el documento definitivo. El plazo establecido es de ocho meses, por lo que podría estar antes de 2020.

Se mantendrán los símbolos que tengan un interés relevante

El proceso se alarga y lo hace con el añadido de que Gobierno y oposición han encontrado en la Memoria Histórica uno de sus puntos de choque. Fue en el pleno del 24 de noviembre de 2017 en el que se decidió que habría un comité de expertos, que la Diputación ayudaría a los municipios pero que la Ley de Memoria Histórica debía cumplirse a rajatabla. Tanto que el alcalde que no lo hiciese no recibiría subvenciones. Solo el PSOE votó a favor. El PP se abstuvo y Cs no participó en la sesión. «Esa ley debía estar ya cumpliéndose en todos los pueblos», insistió entonces la presidenta. Rosario Cordero glosó la figura de Conchita Viera, una anciana de casi 90 años que quería saber dónde llevar flores a su padre, represaliado cuando era una niña. Su cuerpo fue uno de los 48 republicanos asesinados que aparecieron luego en Valencia de Alcántara. La empresa que contrate Diputación facilitará trabajos de catalogación, pero no todos los vestigios se eliminarán. Se mantendrán los que «presenten un relevante interés histórico-cultural», no muestren exaltación o sean menciones de recuerdo privado. Algunos podrán tener placa explicativa. Los que no se puedan retirar físicamente se cubrirán. Se excluyen los anteriores a la Guerra Civil.

 

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