Un detenido y un investigado en Cáceres por defraudar más de 100.000 euros a la Seguridad Social

El fraude se llevaba a cabo a través de un conglomerado de empresas

REDACCIÓN

La Policía Nacional ha detenido a una persona en la ciudad de Cáceres y está investigando a otra tras destapar un fraude a la Seguridad Social de más 100.000 euros.

Según informan desde la Policía Nacional, durante la operación, que se llevó a cabo en la segunda quincena del pasado mes de septiembre en la capital cacereña, se comprobó que este fraude se estaba efectuando a través de un conglomerado de empresas.

Esta actuación se ha desarrollado en el marco de la 'Operación Pandora', que se ha realizado en 17 provincias españolas, entre ellas Cáceres. En total, se han detenido a 33 personas (una de ella en Cáceres) y hay investigadas otras 40 (una de ella en Cáceres).

Las investigaciones comenzaron a finales del año 2017, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social y sus diferentes organismos remitieron distintos escritos-denuncia a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional. El fraude contra la Tesorería General de la Seguridad Social en las 17 provincias se ha cuantificado en torno a los 27.503.000 euros.

La 'Operación Pandora' se ha llevado a cabo en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social en Alicante, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Girona, Guipúzcoa, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Toledo, Valladolid y Zamora.

Delitos

Los investigadores que se han hecho cargo de la operación han revisado 22 expedientes en los que han descubierto delitos como fraude de cotizaciones y prestaciones, falsedad documental, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales y grupo organizado siendo los responsables principalmente empresarios pero también sus testaferros, algunos de ellos familiares.

Para eludir el pago de cantidades adeudadas y frustrar las aspiraciones de cobro de la Seguridad Social los detenidos y demás investigados creaban entramados empresariales con los que ocultaban bienes a través de sucesivas transmisiones.

Asimismo rompían precintos de bienes embargados, formulaban denuncias falsas relacionadas con robos de los mismos y los vendían, y además falsificaban certificados de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

Así podían continuar con la actividad laboral mediante subcontrataciones y acceder al cobro de prestaciones públicas u obtener bonificaciones en la cuota de autónomo o en las cotizaciones de trabajadores.

Suplantación de identidad

Uno de los casos más destacados para la Policía fue el descubierto en Maspalomas (Las Palmas), donde dos ciudadanos españoles suplantaron la personalidad de administradores de dos empresas de asesoramiento 'online' y de arquitectura e ingeniería, con sede en la isla de Gran Canaria.

Se atribuyeron poderes con los que no contaban y de esta forma obtuvieron autorizaciones para tramitar el alta de trabajadores ficticios con el único fin de obtener beneficios económicos y sociales.

Los supuestos trabajadores obtuvieron indebidamente prestaciones por desempleo, periodos de cotización no basados en actividad laboral real y acceso indebido al sistema sanitario público.

Simulación de venta

Otro caso llamativo para la Policía fue el descubierto en la provincia de Huelva, donde una sociedad limitada unipersonal fue constituida en 1999 para la explotación de buques de pesca y desde 2012 se convirtió en deudora sistemática a la Seguridad Social al no pagar las cotizaciones de sus marineros.

En 2014 los dueños simularon la venta de la compañía a una persona insolvente que usaron como testaferro, poniendo a salvo con esta maniobra la propiedad y el domicilio familiar a su nombre en la localidad onubense de Lepe.

El verdadero dueño de la compra del barco resultó ser el líder de una importante organización criminal dedicada al tráfico de drogas que hizo figurar al frente de la empresa a testaferros que realmente eran personas insolvente y toxicómanos.

Los propietarios contrataron pescadores para ocultar la introducción de importantes cantidades de hachís y cocaína en España.

Obtención de prestaciones

También destaca un tercer caso en Zamora, donde la Policía desarticuló un grupo del sector de la madera y la silvicultura, uno de cuyos detenidos defraudó durante 37 años más de un millón de euros a la Seguridad Social.

Igualmente en Alicante se descubrió la falsificación por parte de tres ciudadanos marroquíes de formularios para la obtención de prestaciones para sufragar la manutención en Marruecos de los hijos a cargo de trabajadores marroquíes desplazados a España en virtud de un convenio entre ambos países.

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