Uno de cada cuatro asalariados en la provincia cacereña es empleado público

Funcionarios desempeñando su trabajo en la Diputación Provincial de Cáceres. :: hoy/
Funcionarios desempeñando su trabajo en la Diputación Provincial de Cáceres. :: hoy

De 146.000 personas ocupadas, más del 25 por ciento trabajan en alguna administración y se alcanzan ya los 37.600 funcionarios

Laura Alcázar
LAURA ALCÁZAR

37.600 es la cifra exacta de cacereños que trabajan en el sector público en el conjunto de la provincia, según los datos correspondientes al segundo trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este número representa un 25,75 por ciento del total de asalariados, que ascienden a 146.000. Esto es, uno de cada cuatro trabajadores en Cáceres lo hacen para alguna administración. Son, por tanto, funcionarios o personal laboral en organismos públicos.

El grueso mayor de funcionarios trabajan para la administración autonómica, con más de 17.000 empleados. Le sigue la local, que supera los 11.000; después la estatal, sumando más de 3.000 y, por último, la Universidad, que casi alcanza los 1.500. El número de empleados públicos en relación al de asalariados es significativo, y de hecho representa una de las cifras de mayor proporción del país.

Los sindicatos CSIF, SGTEX y CCOO lo achacan a la dispersión geográfica. El representante provincial de CSIF, Jesús Solana, considera que este porcentaje es debido a la amplia extensión de la provincia de Cáceres, la segunda más grande del país, «lo que nos obliga a las administraciones -precisa- a prestar servicios básicos y necesarios en todos los pueblos». Pese al dato, Solana manifiesta que la cifra de empleados públicos en los sectores sanitario y educativo es «insuficiente». «Se sitúa por debajo de cuando empezó la crisis y para prestar servicios con calidad se necesitan recursos humanos», advierte.

La administración regional es la que más gente emplea, seguida de la local, la estatal y la Universidad

Los sindicatos reclaman dotar a los municipios de servicios de calidad por su dispersión geográfica

Precariedad

El sindicalista se refiere a que las estadísticas incluyen también empleos públicos «precarios», y señala directamente a los planes de empleo anuales que se convocan, cuyos trabajadores, en algunos casos, no están ocupados la jornada completa. «No es un empleo digno ni de calidad», manifiesta. Y apunta, por otra parte, a la falta de iniciativa privada en la provincia para justificar el elevado número de funcionarios. «Hay pocas empresas que quieran invertir aquí, por lo que las administraciones tienen que asumir algunos servicios», reitera.

Desde el Sindicato de Empleados Públicos (SGTEX), coinciden en la necesidad de llevar servicios a todos los municipios «en aras de una mínima igualdad». Su secretario de Comunicación, Juan Agustín Trocolí, subraya que el número de funcionarios y personal laboral «no ha hecho sino descender desde 2011» debido -asegura- a las tasas de reposición, que han limitado la sustitución de los trabajadores del sector público que se han ido jubilando. En este sentido, cree que la oferta pública es «insuficiente a todas luces para cubrir las necesidades de la administración».

Trocolí denuncia, a su vez, una tendencia «cada vez más acusada en Extremadura de paliar el déficit de funcionarios contratando personal procedente de empresas privadas o públicas», sostiene. Y agrega: «Con el consiguiente deterioro de los servicios que deben ser prestados a la ciudadanía por empleados públicos, que cuentan con la garantía constitucional de objetividad e independencia a su labor, y que acceden a los puestos de trabajo de la administración mediante exhaustivos procesos selectivos basados en la pública concurrencia y en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad».

Por su parte, la secretaria general de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Esther Ávila, se pronuncia en el mismo sentido. Mantiene que la dispersión de la población con núcleos pequeños demanda «un número de funcionarios adecuado acorde a unos servicios públicos de calidad». Y menciona un descenso del empleo público con vacantes que «no se cubren». «Sigue mermándose -añade- el personal al servicio del ciudadano y la calidad del servicio público también es más baja».

En otra postura está el Sindicato de la Administración Pública (SAP), que tacha la cifra de funcionarios provinciales de «desorbitada». SAP no tiene representación en Cáceres, pero su coordinadora general, Tatiana Medina, quiso remarcar a este diario que organismos autónomos y administraciones regionales, provinciales y locales son, a juicio de este sindicato, «coladeros» de empleados públicos. Critica, principalmente, al personal laboral y denuncia que estos trabajadores cobran «más» que funcionarios de carrera del Estado «que desempeñan el mismo trabajo».

Con respecto a la ocupación laboral absoluta, del total de ocupados, 85.700 son hombre y 60.900 mujeres. La tasa de actividad se sitúa en un 54,81 por ciento, mientras que la de paro alcanza un 19,63, con 35.800 desempleados. De estos, 19.300 son mujeres y 16.500 hombres.