La crisis del ladrillo deja sin respuesta a compradores de cientos de pisos

Propietarios de un bloque de Residencial Ronda reunidos con su administrador y su abogado./
Propietarios de un bloque de Residencial Ronda reunidos con su administrador y su abogado.

Las reclamaciones por vía judicial por defectos en promociones vendidas antes del estallido de la burbuja chocan con empresarios en quiebra

MANUEL M. NÚÑEZCáceres

El último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) atribuye a Cáceres más de 50.000 viviendas. Solo entre 2002 y 2011 se construyeron 12.290. Entre los años 2004 y 2007, cuando la palabra recesión ni siquiera aparecía en el diccionario de los cacereños, se adquirieron 4.498 casas nuevas. Quienes compraron antes de la crisis del ladrillo se han encontrado en muchos casos sorpresas que no podían imaginar.

La caída de los promotores, unos en la quiebra otros en concurso de acreedores y otros directamente desaparecidos, ha dejado a cientos de compradores sin respuesta ni solución a la vista sobre los problemas que han ido surgiendo en sus actuales casas. Las reclamaciones judiciales por deficiencias o incluso fallos estructurales llegan hasta los juzgados. El problema es que entran en vía muerta si quien debe responder, el empresario, ni siquiera tiene actividad o patrimonio con el que hacerlo. «La insolvencia de las promotoras genera problemas insuperables. Entre otros, que no se hacen cargo de los gastos», admite Braulio Caldera. Es el abogado que lleva el caso del Residencial Lope de Vega, en Mejostilla. Sus inquilinos llevan más de tres meses viviendo en la incertidumbre.

Hasta siete familias han debido abandonar sus viviendas desde que el pasado 9 de febrero una fachada lateral se hundió y obligó a desalojar el bloque. El responsable de Procasa, que llevó a cabo esa promoción inmobiliaria, «no ha dado la cara en ningún momento». El caso ya está en el Juzgado, al igual que estuvo (con sentencia favorable) el de Residencial El Carmen. «Se declaró en rebeldía y ni compareció», recuerda el letrado de la comunidad.

Vecinos de Cáceres el Viejo denuncian en el Ayuntamiento una promoción a medio hacer

«Seguridad, mantenimiento, limpieza e higiene». Esas cuatro cuestiones, básicas en cualquier urbanización, están en entredicho en Cáceres el Viejo. Así lo expresa el presidente vecinal, Manuel Iglesias, en un escrito de denuncia que ha presentado en el registro municipal dirigido a la alcadesa. Los vecinos piden que se valle una zona de obras en el que se iban a levantar 40 unifamiliares aunque la promoción quedó a medias. Además de la acumulación de escombros advierten del peligro que supone.

2.547 inmuebles de los 52.624 que hay en la ciudad se encuentran en estado deficiente, según datos del INE. No está claro que entre ellos aparezca el de Gema Salgado y su pareja José Manuel Palomino. Les entregaron un piso sin radiadores porque la promotora no pagó al instalador, aunque a ellos sí se los cobraron. Recibieron su vivienda en Residencial Ronda en febrero de 2010. Luego «el promotor quebró y ya no volvió a atender quejas», cuentan. Calefacción sin instalar, filtraciones, grietas...

Los propios vecinos tuvieron que arreglar la zona de acceso a los garajes, muy deteriorada. Ganar el juicio pendiente tampoco ha resuelto los quebraderos de cabeza. «Deberán responder el aparejador y el seguro. También la promotora», incide el abogado. El cuestión de fondo es que la promotora ya no existe.

La Ley que regula este tipo de situaciones, de_Ordenación de la Edificación (LOE), entró en vigor en el año 2000. «Es muy anterior al estallido de la crisis y se ha quedado desfasada. Los plazos de prescripción son difíciles de cumplir», recalca Braulio Caldera. Las acciones para exigir responsabilidades «prescriben en el plazo de dos años, al igual que las de repetición contra los agentes presuntamente responsables», se lee en la exposición de motivos.

La Ley 38/1999 de 5 de noviembre fija plazos de responsabilidad de uno, tres y 10 años. El constructor, durante el primer año, responde de daños que puedan aparecer por una deficiente ejecución. Por vicios y defectos que afecten a la habitabilidad responden todos los agentes intervinientes en la obra durante tres. Hasta 10 años la responsabilidad solo atañe a casos que aludan «a la seguridad estructural del edificio». Caldera subraya que ante esta tesitura muchas veces lo mejor es el acuerdo más que un juicio. Sin embargo, eso no siempre es posible.

Juicio

En ocasiones deben pasar años hasta que se celebra ese juicio. Pero la tardanza de la Justicia no es el gran inconveniente, más bien el contenido de una normativa legal que arranca en su exposición de motivos con una declaración rimbombante: «La sociedad demanda cada vez más la calidad de los edificios».

«Las reclamaciones se están disparando. La gente se encuentra de todo en casas que ha comprado y no sabe a quién exigir porque el promotor ya no está», insiste Manuel Martín. Su empresa de administración de fincas afronta varias situaciones de este tipo. El 10 octubre acudirá al juicio contra una empresa con la que llevan «seis años pleiteando y sin respuestas», abunda. El problema que afrontan los 136 vecinos de un bloque del Rodeo no es ya que tengan filtraciones, trastos inservibles o garajes con humedad sino que ese promotor ha enrado en concurso de acreedores. «Los pisos se entregaron hace años y los propietarios se ven así todavía. Con la empresa en suspensión de pagos tampoco una sentencia favorable resuelve nada», lamenta Martín.

Este profesional menciona otro caso llamativo con una constructora en situación concursal. Ha dejado de pagar por los 10 pisos que aún tiene sin vender en una promoción que hizo. «La deuda es de unos 9.000 euros. Solo te queda ir a juicio o que los vecinos afronten esa parte con sus cuotas. Esto ya nos está pasando con pisos que pertenecen a los bancos», añade. La morosidad de vendedores o bancos pone en jaque a algunas comunidades. No hay datos locales pero, según el Consejo General de Administradores de Fincas, las entidades financieras adeudan unos 5 millones de euros a las comunidades de propietarios.

«Ese es otro problema adicional. Grave, pero no tan grave como el de las promotoras que han quebrado. Los plazos dejan en indefensión al propietario. Sus reclamaciones muchas veces han prescrito», afirma Braulio Caldera, que aboga por una ley más actualizada.

Desde la asociación de consumidores, Acuex, se aconseja reclamar siempre por escrito y con fotos de cada desperfecto de la vivienda. «A veces la reclamación es verbal y no consta, lo que hace que venzan los plazos», asume su presidenta, Rosa González. Coincide en que la ley que regula la ordenación de la edificación «es antigua». Años después de comprar su casa, el propietario paga por partida doble.