Nevado acepta estudiar la situación de cada inquilino de los pisos sociales

«Por favor, necesitamos que nos ayuden. En el Instituto de Asuntos Sociales no nos ayudan, nos sentimos como ratas». Esta queja la expuso en el pleno de ayer Teresa Romero, la portavoz de la plataforma de vecinos de las viviendas sociales de Aldea Moret. Son dos centenares de familias que han recibido requerimientos del Consistorio para que se pasen por el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) con el fin de regularizar la situación de las viviendas que habitan desde que les fueron adjudicadas en 1988. Ello supone que tienen que firmar las escrituras previo pago de la casa o la subrogación en las hipotecas. El lamento caló en la alcaldesa, Elena Nevado, quien dijo que no podía consentir ningún «trato vejatorio» desde el IMAS. Además, ofreció a la plataforma hablar sobre la situación de los afectados y estudiar y analizar «caso por caso» para buscar una solución negociada al problema.

El problema es que los inquilinos de estas viviendas sociales han sido llamados a hacerse cargo del pago de los inmuebles si no quieren que sean cancelados los contratos de compraventa que firmaron en su día, hace 26 años, entre 1987 y 1988. Como ha informado este periódico, estos adjudicatarios no han pagado nada desde entonces, a excepción de la entrada que dieron, entre 50.000 y 160.000 de pesetas. Ahora el Ayuntamiento les requiere el pago y se remite a una sentencia del juzgado de instrucción número 5 de Cáceres del 19 de diciembre del pasado año. El juez declara la obligación de pagar para cumplir los contratos de compraventa suscritos en 1988 entre el Ayuntamiento y los adjudicatarios y advierte de que en caso de negativa hay que resolver tales contratos.

Esta sentencia, a la que ha tenido acceso HOY, confirma, en efecto, la obligatoriedad de cumplir los contratos, y es consecuencia de una demanda presentada por el Ayuntamiento en diciembre de 2010 contra casi una veintena de inquilinos de uno los bloques de las 461 viviendas sociales entregadas en 1988, el B de la calle Ródano. El juzgado confirma que con la firma del contrato 1988 se produjo el traspaso de la propiedad, aunque no se llegara a formalizar la escritura ni el pago (entre 14.000 y 25.000 euros, la más cara). En esta última sentencia se hace mención a otras referidas a estas mismas promociones de viviendas, en algunas de las cuales se consideró que había prescrito el derecho de reclamar por parte del Ayuntamiento al haber transcurrido más de 15 años, pero al mismo tiempo se alude a resoluciones de la Audiencia Provincial en las que se considera que no hay tal prescripción porque en varios momentos, a partir de 2001, se ha ido requiriendo a los adjudicatarios a escriturar sus propiedades. Así, el último fallo judicial confirma que deben pagar y que en caso contrario habría que anular los contratos, aunque sobre el argumento que esgrimen algunos demandados en el sentido de que no tienen medios económicos, el juzgado afirma que no puede entrar en ello y que le correspondería «a la contraparte conceder un nuevo plazo para el pago del precio».

La alcaldesa ofreció a la plataforma sentarse a dialogar «para buscar una solución de manera conjunta» y reconoció que es necesario «en estos momentos tan difíciles», por lo que Nevado insistió en que quería conocer «cada caso». La portavoz de la plataforma, Teresa Romero, había dicho en su intervención que el 95 por ciento de los residentes «son pensionistas que cobran una media de 400 euros o parados de larga duración» y que no es admisible «el acoso recibido por parte del IMAS». Romero se remitió a una asamblea que celebrarán hoy para evaluar el ofrecimiento de la alcaldesa.

Entre los vecinos de Aldea Moret que acudieron al pleno de ayer existía una satisfacción por el compromiso adquirido por Nevado aunque esperan que se cumpla. Acudieron al pleno con pancartas, aunque sólo las pudieron desplegar a las puertas del Palacio Provincial, donde se celebran las sesiones municipales.

La queja de los vecinos fue canalizada a través de propuesta de la oposición. El PSOE proponía estudiar caso por caso la situación de los afectos y fue aprobada por unanimidad. La de IU pedía la paralización del proceso de regularización, pero el grupo la retiró a la vista del ofrecimiento hecho por la alcaldesa.

Ayuda a domicilio

El PP también apoyó una moción del PSOE por la que se piden mejoras en los barrios de LLopis Ivorra y Espíritu Santo y fue aprobada por unanimidad.

Por el contrariio, el PP rechazó con sus votos una moción conjunta presentada por la oposición como apoyo al colectivo de afectados por la subida de las tasas de la ayuda a domicilio, cuyos representantes llevaron de nuevo su queja al pleno contra una incremento que creen «injusto y abusivo».