La reactivación de la piscina de la margen derecha de Badajoz, pendiente del juez

Una vez que el administrador concursal y el juzgado emitan su dictamen, el Ayuntamiento tendrá que romper el contrato. El proceso está avanzado, según el alcalde, pero no puede firmar la resolución hasta que el concurso de la UTE no esté terminado. Esa unión estaba participada por Martín Casillas y Sehuca.

Y, después, volver a sacar una nueva licitación con el diseño que finalmente tenga la piscina, sea el original o con algunas modificaciones para abaratar la actuación. El Ayuntamiento ya aprobó varios cambios, como sustituir el hierro por madera para reducir el coste, aunque las empresas no avanzaron.

Por primera vez, el alcalde ha dicho este lunes que la UTE realizó el 26% de la obra, con la cimentación y el vaso terminado, por lo que aún queda bastante por hacer.

«Espero que podamos en breve retomar las obras y terminar la piscina cuanto antes», dijo el alcalde este lunes.

El Ayuntamiento reclamó hace años a la Junta que cooperara en la construcción de esta dotación, pensada como un complejo deportivo para colocar a la ciudad dentro del mapa de las competiciones de natación. La administración regional aportó 2 de los 2,4 millones de euros a los que se comprometió como máximo. Y, como la obra no se había terminado en el plazo determinado (antes de mayo de 2023), el PSOE advirtió que habría que devolver el dinero. De momento no se ha sabido más. La Junta recoge en sus cuentas para 2024 otros 400.000 euros para una dotación deportiva en la ciudad, pero no está vinculada a la piscina.

Los problemas han rodeado este proyecto desde el principio. El concurso de adjudicación se alargó. Y después fueron apareciendo otros inconvenientes. El gobierno local apuntó a la aparición de unas corrientes de agua que afectaban a la construcción y que se iban a reconducir para regar el parque. Después, el descubrimiento de la fosa séptica del pabellón Juancho Pérez, que en el Ayuntamiento desconocían que quedara en el sitio de las obras, ralentizó la ejecución.

A estas incidencias se sumaron los problemas logísticos, con la falta de suministros llegados de China, la pandemia, el encarecimiento del hierro y, después, la crisis de Ucrania.

El presupuesto de 4,8 millones de euros, calculado en 2018, quedó obsoleto con el aumento de los precios en 2022 y las empresas pidieron hace meses la resolución del contrato firmado en 2019. El movimiento de terrenos se realizó a toda prisa justo antes de las elecciones de ese año. Y, cuatro años y medio después, las empresas que concursaron juntas están en proceso de divorcio y una de ellas en concurso. Así que la obra está parada y sin fecha de reactivación.