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EVARISTO FDEZ. DE VEGA
BADAJOZ.
Domingo, 12 de noviembre 2017, 08:52
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La Audiencia Provincial de Badajoz juzgará el próximo mes de diciembre a un hombre que está acusado de estafar más de 180.000 euros a siete personas a las que ofreció un supuesto trato preferente en la adquisición de bienes subastados por la Seguridad Social, un delito por el que se enfrenta a una petición de pena de tres años de prisión.
En el escrito de calificación provisional realizado por la Fiscalía se explica que el encausado, con antecedentes penales susceptibles de ser cancelados, se puso en contacto con varias personas para persuadirlas de que si le entregaban determinadas cantidades de dinero podrían adquirir a precios «muy ventajosos» vehículos y viviendas que iban a salir a subasta tras ser embargados por la Seguridad Social.
Para conseguir que su oferta pareciese atractiva, hacía creer a los futuros compradores que tenía un contacto en la Tesorería General de la Seguridad Social (un familiar al que identificaba como un tío suyo) que les permitiría adjudicarse los bienes a un valor sensiblemente inferior al real.
En el escrito de calificación se explica que para dar credibilidad a lo manifestado entregaba a los futuros compradores documentación que llevaba el membrete de la Tesorería de la Seguridad Social. En concreto, se trataba de un formulario de solicitud de participación en subasta, un modelo oficial para presentar posturas en sobre serrado y también las instrucciones para hacerlo, todo ello «con datos personales propios y de los adquirientes futuros, así como con los datos relativos a los bienes a adquirir».
En la investigación se comprobó que el ahora encausado se personaba «estratégicamente» en las dependencias de la Seguridad Social acompañado de sus víctimas y los convencía para que lo esperasen fuera mientras entraba a realizar las gestiones.
En otras ocasiones les mostraba reportajes fotográficos o documentales de los bienes a adquirir después de extraerlos de páginas web. «Asímismo, mantenía simultáneamente, en presencia de los futuros adquirientes, conversaciones con el supuesto contacto (esa persona no ha podido ser identificada). En algunos casos, incluso permitía al estafado hablar con él para que pudieran preguntarle detalles de las hipotéticas operaciones en marcha.
Toda esa puesta en escena allanaba el camino para que les entregaran el dinero que solicitaba a cuenta de la operación, un pago que aceleraba tras hablar de «la urgencia de la inversión» y advertirles del riesgo de perderla si dejaban pasar la supuesta oportunidad que se les estaba ofreciendo.
Con esa «pura ficción» logró engañar a siete personas que le entregaron un total de 182.980 euros. En el caso más grave llegó a estafar 42.000 euros.
El resto de los estafados le entregaron 15.850, 32.000, 17.000, 26.100, 15.000 y 34.440 euros respectivamente.
Los hechos descritos en el escrito de calificación del Ministerio Público han sido calificados como un supuesto delito continuado de estafa para el que se solicita una pena de tres años de prisión además del pago de una multa de 1.800 euros a razón de 6 euros diarios durante diez meses.
La Fiscalía también propone que indemnice a los afectados con las cantidades que les estafó, ya que sólo ha devuelto 37.000 euros.
Esas devoluciones las ha realizado a una afectada que ha recuperado los 17.000 euros que le entregó a cuenta de la futura compra, a otra víctima que le abonó 10.500 euros y a una tercera persona que sólo ha recuperado 1.000 euros de los 34.400 que pagó.
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