Piden 18 años de prisión para un promotor que vendió tres pisos que no pudo rehabilitar en Badajoz

El acusado responde a las preguntas, ayer. :: /PAKOPÍ
El acusado responde a las preguntas, ayer. :: / PAKOPÍ

Vendió tres viviendas de un edificio que no ha podido rehabilitar porque inició la obra sin licencia y el Ayuntamiento le obliga a demoler parte del ático

Evaristo Fdez. de Vega
EVARISTO FDEZ. DE VEGABadajoz

Un constructor de Badajoz se sienta desde ayer en el banquillo para responder de tres presuntos delitos de estafa cometidos en la venta de un edificio de la calle Muñoz Torrero en el que pretendía desarrollar unas obras de rehabilitación que comenzó antes de contar con los permisos municipales.

Los afectados por el supuesto delito, para el que la Fiscalía pide 18 años de prisión, son los compradores de las tres viviendas que iban a ser habilitadas en esa construcción que es propiedad de César C. C., administrador único de la empresa Construcciones, Rehabilitación y Urbanizaciones Cruz S. L.

En el escrito de calificación provisional del Ministerio Público se indica que las obras se iniciaron a principios de 2015 a pesar de que los permisos no fueron solicitados a los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento hasta junio de ese año.

Para entonces, la empresa ya había celebrado un contrato de promesa de compraventa del ático-dúplex que iba a ocupar la segunda y la tercera planta del edificio. Tenía un precio de 190.000 euros y los futuros compradores abonaron al promotor 70.000 euros en concepto de adelanto a lo largo de 2015 dado que existía el compromiso de que sería entregada en diciembre de ese año.

Ese primer contrato se realizó el 13 de febrero de 2015, el mismo día que se firmó otro contrato similar por el que otra pareja se comprometía a comprar la vivienda de la primera planta. Costaba 149.000 euros y adelantaron 14.000.

En diciembre de 2015 la empresa celebró un tercer contrato referido a la planta baja, valorada en 60.000 euros. En este caso, la persona que se comprometió a comprarla adelantó 6.000 euros y existía el compromiso de que se la entregarían en agosto de 2016.

El constructor explicó ayer que vendió esas viviendas sobre plano y que cuando comenzó la obra aún no contaba con licencia municipal. Sin embargo, pensaba que los trámites urbanísticos se completarían sin problema. «Cuando los vendí estaba seguro de que podría hacerlo», dijo.

El problema surgió cuando los servicios de Urbanismo le comunicaron que el proyecto no era válido por dos razones: porque el proyecto había sido realizado por un arquitecto técnico que carecía de la titulación necesaria para firmarlo y porque la obra proyectada en el ático incumplía las limitaciones de volumen del plan de ordenación urbana.

Los compradores de esas tres viviendas dijeron ayer que el constructor no les advirtió de que las viviendas que estaban comprando no tenían aprobado el proyecto de rehabilitación ni les comunicó más adelante que existía una orden municipal de demolición del ático.

El comprador del ático-dúplex relató que fue él mismo quien se dirigió a los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento para preguntar cuál era la situación de la vivienda que iba a adquirir. Esa información la buscó después de que el promotor les indicara que la mejor forma de agilizar la concesión de la cédula de habitabilidad era que cada propietario adquiriera su vivienda firmando la compraventa en la notaría.

En primer término, el edificio rehabilitado
En primer término, el edificio rehabilitado / PAKOPÍ

En su caso, estaba dispuesto a formalizar la compra, pero no pudo hacerlo porque la entidad bancaria que le iba a prestar el dinero le explicó que era imposible hipotecar una vivienda que aún no tenía los permisos municipales.

El constructor aseguró que si propuso esa opción fue porque no tenía capacidad para financiar la demolición «de los 30 metros cuadrados de ático exigida por el Ayuntamiento» ni para rematar unas obras «que están realizadas al 90%». «Mi idea era que los compradores pudieran buscar otras opciones», añadió.

Los tres afectados coincidieron en que el promotor no les alertó de los problemas urbanísticos. Igualmente dijeron que en determinados momentos del proceso les fue imposible contactar con él.

Vendidas por segunda vez

En la vista de ayer también testificó el propietario de la inmobiliaria que puso por segunda vez a la venta esas tres viviendas y que llegó a cobrar a los interesados una señal en concepto de reserva.

El joven que adelantó los 70.000 euros por el ático confirmó que cuando supo que su futura vivienda había sido puesta de nuevo a la venta incluso llegó a contactar con la persona que se había interesado por ella para contarle el problema que existía. En ese momento, la inmobiliaria devolvió la señal a los nuevos compradores por lo que se abortó esa segunda venta.

El constructor aseguró en el juicio que su única intención fue que la inmobiliaria tasara esas viviendas para saber cuánto costaban y que si las pusieron a la venta fue sin su autorización. «En ese momento yo necesitaba liquidez para terminar porque los tres primeros compradores ya no iban a comprar y yo no tenía dinero para terminar la obra».

César C. C. trató de dejar claro que en ningún momento tuvo la intención de engañar a los compradores iniciales y que su deseo siempre ha sido terminar una obra en la que ha invertido «entre 300.000 y 400.000 euros». Esa cifra es muy superior a la recogida en el proyecto presentado en los servicios municipales de Urbanismo, donde se hablaba de una inversión de 112.000 euros.

El acusado justificó estos desfases por los imprevistos surgidos durante la obra. «El edificio estaba muy dañado en la estructura, hicimos un vaciado completo que en ningún momento proyectábamos».

El doble de lo adelantado

Por último, explicó que cuando vio que era imposible terminar con la rehabilitación se planteó devolver el dinero adelantado, pero que no lo hizo porque los compradores exigieron que se cumpliera una cláusula del contrato en la que se indicaba que tendrían derecho a recibir el doble del dinero adelantado si las viviendas no se entregaban en el plazo pactado . «A fecha de hoy, esa obra se puede terminar con el proyecto que hemos presentado», insistió.

Estos argumentos fueron rebatidos por el representante del Ministerio Fiscal, que en el escrito de calificación provisional apreció tres delitos de estafa para los que se piden 18 años de prisión (6 por cada delito) además de la devolución de los importes entregados a cuenta: 70.000 a los compradores del ático, 14.000 a los de la primera planta y 6.000 a la compradora del bajo.

La misma pena es solicitada por el abogado de la acusación, Joao Paulo Borges, mientras que Francisco Terrón, el letrado que defiende al acusado, pide su libre absolución por entender que su cliente no tuvo la intención de engañar. «Aquí no se discute el contrato de compraventa ni la paralización de las obras, sino un asunto estrictamente económico que debería verse en la vía civil pero no en la penal».

Tras la vista de ayer, hoy concluirá el juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz con la declaración de los trabajadores de la promotora.

 

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