El personal del Marcelo Nessi se manifiesta para exigir seguridad

En una nota de prensa, el sindicato expone que la situación que sufren los trabajadores de este centro está llegando a un punto insostenible y está afectando gravemente a su salud, debido a la gran presión a la que están expuestos durante la realización de su jornada laboral. Según denuncia el sindicato, se está produciendo un elevado número de agresiones, pero lo más importante es el gran deterioro de la salud mental de estas personas debido a la carga de trabajo que tienen que soportar y las condiciones tan peculiares en las que tiene que prestarla.

Estos profesionales son los encargados de educar y garantizar la seguridad de los internos del centro, pero USO lamenta que actualmente no cuentan con los medios suficientes para poder hacerlo con seguridad para los internos y para ellos mismos. Por otro lado, recuerda que los vigilantes de seguridad llevan más de un año de huelga porque no tienen reconocida la peligrosidad en la prestación de sus funciones ni se les dota con los equipos de protección necesarios.

USO asegura que ha puesto de manifiesto a la Consejería de Administración Pública, como máxima responsable en salud laboral, así como a la Consejería de Sanidad, la necesidad de implementar medidas concretas de manera urgente, tales como el aumento del número de profesionales de la plantilla, la creación de un módulo de alta seguridad para internos con comportamiento altamente disruptivos, la dotación de las medidas de seguridad necesaria para todos los trabajadores, la aprobación de un Reglamento de Régimen Interno, entre otras medidas.

Por ellos, considera necesario que desde las consejerías se apoye a la dirección del centro en su labor con medidas concretas, como la creación de un equipo directivo y que se atiendan a las solicitudes de personal reclamadas en numerosas ocasiones y que han caído en saco roto.

Además, USO recuerda a la Consejera de Administración Pública que debe constituir y convocar los Comités de Seguridad y Salud, ya que, según la legislación vigente, deberían convocarse cada tres meses como máximo y en el último año aún no se han constituido varios de los siete comités pertenecientes a la Administración General de la Junta, lo que considera una grave dejación de funciones y lo pondrá en conocimiento de la autoridad laboral para que ejerza las acciones oportunas.