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Domingo, 14 de julio 2019, 09:06
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Elías Macías tiene siete años y un 46 por ciento de discapacidad. Sus padres han denunciado a la Consejería de Salud y un juez les ha dado la razón. En una sentencia contra la que no cabe recurso, el juzgado de lo Contencioso Administrativo Número uno de Mérida atiende la petición de Sonia Martínez y Elías Macías. A su hijo, que tiene un trastorno del espectro autista, le corresponde un servicio de logopedia que la Junta le había negado.
Quieren dar la voz de alarma. Saben que no todos los padres disponen de los 2.500 euros que les ha costado el procedimiento judicial. Por eso quieren que todos aquellos que se encuentran en la misma situación que ellos sepan que el juez les ha dado la razón. A su hijo le corresponde la terapia de logopedia por sentencia.
No es la primera. Desde el Colegio de Logopedas de Extremadura advierten de que conocen al menos otras cinco sentencias en el mismo sentido.
El caso de Elías se remonta a octubre de 2017. Entonces, la Asociación de Padres de Personas con Autismo, Apnaba recomienda que el menor reciba tratamientos de logopedia y psicomotricidad. Dos días después, los padres solicitan esos servicios.
El 31 de enero de 2018, tres meses después, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad) le reconoce un grado de discapacidad del 46%. Hasta ese momento era del 33%. Una semana más tarde, se le reconoce el servicio de habilitación funcional, pero le niega el logopeda porque ese servicio debe estar cubierto a través del ámbito educativo.
Los padres presentan un recurso porque la atención en el colegio viene dada por maestros y no por logopedas y porque el tratamiento de Apnaba lo desarrolla un logopeda de forma individual. En abril le denegaron la petición y los padres recurrieron al juzgado.
El juez tiene en cuenta los diagnósticos de los distintos informes aportados durante el procedimiento. Estos precisan que el niño requiere de la atención del logopeda, entre otros servicios. También el incremento del grado de discapacidad del 33 al 45%. Por ello, incide en que «es claro el déficit que presenta el menor en el ámbito de la comunicación y lenguaje».
Además, el titular del juzgado de lo Contencioso Número uno de Mérida despeja la duda en cuanto si es suficiente con el maestro de audición y lenguaje que atiende al pequeño en el aula TEA del colegio Arias Montano o si necesita también un logopeda. Para ello, además de los informes de otros especialistas tiene en cuenta la opinión de la maestra de audición y lenguaje que le atiende en el colegio. Esta firmó que entiende «necesario un refuerzo específico del lenguaje fuera del entorno escolar, ya que es el área más afectada que tiene».
Por todo ello, el juez estima íntegramente el recurso de los padres y anula las resoluciones del Sepad en el que le negaban el logopeda. Son contrarias a derecho. Impone, además, las costas a la Administración.
La sentencia tiene fecha del 3 de junio, aunque el juicio fue en noviembre. Así que el pequeño lleva un año y medio sin el logopeda, que los padres han suplido retirándole el servicio de integración sensorial. El resultado es que está más irascible. Los padres ya han registrado un escrito en el Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura (Cadex) aportando la sentencia y pidiendo que se le proporcione el servicio en Apnaba.
Sonia Martínez anima a todos los padres que están en esta situación que denuncien. Quiere que conozcan esta sentencia y se acojan a ella. Incluso, sabe de padres que esperando que se les deniegue, piden otra terapia.
Elías apenas pronuncia 20 palabras y no se le entiende bien. Tampoco mientras sus padres le mecen en el columpio para animar al resto de padres que estén en su situación a reclamar ante el Sepad. El objetivo es mejorar el desarrollo de sus hijos.
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