Los pacenses tienen que ir al juez para pagar IBI rústico en suelo sin desarrollar

Terrenos en la carretera de Valverde beneficiados por la decisión del Supremo./Casimiro Moreno
Terrenos en la carretera de Valverde beneficiados por la decisión del Supremo. / Casimiro Moreno

El Supremo marcalas pautas que deben seguir los ciudadanos para lograr reducir el impuesto

ROCÍO ROMEROBadajoz

Nueva sentencia del Tribunal Supremo, y van tres, que afecta al impuesto de bienes inmuebles (IBI) en terrenos urbanizables que están sin desarrollar. Esto es, que carecen de una ordenación detallada, como es un plan parcial.

En esta ocasión, el máximo tribunal marca las pautas que obligan a Catastro y al Ayuntamiento a girar el impuesto como suelo rústico en lugar de urbano en parcelas sin urbanizar. La diferencia entre uno y otro recibo puede llegar a ser de diez a uno.

La novedad de esta sentencia es que fija los pasos que deben seguir los propietarios afectados. Por ese lado, el Supremo facilita el cambio. Pero, por otro, obliga a los ciudadanos a acudir a los juzgados para lograr esa modificación. Además, abre la puerta a que el Ayuntamiento anule directamente los impuestos urbanos girados cuando existan resoluciones administrativas o judiciales de «sustancial similitud» que reconoce que le corresponde un impuesto rústico y no urbano.

Así lo explica la abogada Teresa Bardají, que ha conseguido que el Supremo desestime el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Badajoz que daba la razón a su cliente en el año 2016. El procedimiento comenzó dos años antes. La nueva sentencia tiene fecha del 4 de marzo de 2019. El terreno en cuestión se ubica en las inmediaciones de la carretera de Valverde, en un paraje conocido como La Golondrina. Su valor catastral es de 338.301,67 euros, por los que paga un recibo anual de IBIde 2.808 euros.

El IBI urbano en terrenos urbanizables sin desarrollar puede repercutir en zonas muy variadas de la ciudad. De hecho, la sentencia recuerda que solo los Sub-EE (que son terrenos en ejecución) y los sectores SUB-CC-6.1-1 y el SUB-CC-9.2.1 son terrenos urbanos. Para que el resto de suelo urbanizable sea considerado urbano es necesario que cuenten con un plan parcial o programa de ejecución. Esto, avisa la abogada Teresa Bardají, hace que esta sentencia repercuta en muchos suelos de la ciudad. Entre ellos, los núcleos urbanos secundarios. Esto es, las urbanizaciones del extrarradio que se encuentran en un limbo legal. La abogada destaca que esta sentencia tiene repercusión en todo el país.

«Esta sentencia tiene efecto en muchos suelos de la ciudad y repercute en todo el país»

«Esta sentencia tiene efecto en muchos suelos de la ciudad y repercute en todo el país» Teresa Bardají, abogada

«Que los ciudadanos cuenten con un abogado, el que quieran; pero si no, es casi imposible»

Aunque el Supremo obliga a los ciudadanos a ir a los juzgados a presentar su caso individual y a seguir una serie de pautas para lograr el cambio de consideración de su propiedad a efectos del impuesto.

Se trata de un tema que lleva a confusión porque en él interceden dos administraciones distintas y es frecuente confundir el papel de cada una. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento cobra el impuesto, pero que este viene determinado por la Dirección General de Catastro. Este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, establece qué recibo corresponde a cada propiedad. Para ello usa como base el valor catastral, que es determinante para el cálculo del IBI e influye en otros impuestos.

Los primeros pasos que debe dar el ciudadano son acudir a la Dirección General de Catastro e impugnar el valor catastral de su propiedad ante el Tribunal Económico-Administrativo y no ante el Ayuntamiento.

Ahora bien, la reclamación de la liquidación del impuesto debe plantearse ante el Ayuntamiento. Aunque el Supremo reconoce que esta impugnación no es el cauce adecuado para combatir el valor catastral. Este último, como ya se ha señalado antes, está determinado por la Dirección General de Catastro.

El Supremo, no obstante, admite excepciones por las que permite reclamar el valor catastral en el Ayuntamiento. En primer lugar, si no ha tenido lugar la notificación individual del valor catastral.

Deja la puerta abierta, también, a «casos excepcionales y constatados de manera rigurosa y singularizada». Yaquí es donde la abogada Teresa Bardají pone el énfasis de la sentencia.

Para ello deben darse las siguientes circunstancias.

En primer lugar, que las razones de la invalidez de la valoración catastral hayan sido reconocidas «por resoluciones de los órganos catastrales o económico administrativos o judiciales para casos de esencial similitud».

En segundo lugar, que el propietario del bien haya hecho valer esas resoluciones ante los órganos catastrales o económico-administrativos. Además, que no haya obtenido respuesta dentro del plazo legal y le hayan obligado a soportar una situación que resulte grave para sus intereses económicos.

En tercer lugar, que el Ayuntamiento no haya rebatido eficazmente las razones de invalidez argumentadas por el ciudadano contra el valor catastral que aparece en la liquidación del impuesto.

«Manera singularizada»

La sentencia apunta que las excepciones que pueden acogerse a estos preceptos que a la postre reducen el recibo del IBI se deben hacer de manera singularizada. Y que este se realice mediante un juicio que justifique la improcedencia del valor catastral aplicado en el impuesto que el ciudadano rebate.

Esto es, que obliga a los ciudadanos a acudir a los juzgados a reclamar el cambio de su recibo de IBI. Teresa Bardají explica que puede darse la circunstancia de que dos vecinos colindantes paguen impuestos distintos, uno urbano y otro rústico, en función del procedimiento que haya seguido cada uno.

Es por ello que Bardají recomienda a los interesados acudir a un abogado que se encargue del procedimiento, porque es tedioso. «Que vayan al profesional que quieran, pero que cuenten con un abogado porque si no es casi imposible», añade.

A raíz de esta sentencia y de otra dictada en febrero por el Supremo (y también defendida por Teresa Bardají), el Ayuntamiento ha cedido en otros procedimientos dirigidos por esta abogada y en los que ha seguido el procedimiento ahora refrendado por el Supremo. Lo que significa que anulará las liquidaciones de IBI impugnadas en esos otros procedimientos que no han llegado alSupremo.Es decir, que les devolverá el dinero cobrado. La mayoría de ellos se refieren a terrenos de la misma familia.