«Si te okupan tu casa, no puedes llegar y cambiar tú la cerradura»

El caso de cuatro universitarios de Badajoz que han llegado a su piso y se han encontrado que estaba okupado este fin de semana obliga a formularse la pregunta de cómo actuar ante una situación de este tipo.

Pajuelo recomienda «llamar a la Policía inmediatamente» y recuerda que «mientras los okupas están dentro, no se les puede sacar por la fuerza».

Una vez que el titular del inmueble ha llamado a la Policía, el propietario tiene que iniciar el procedimiento judicial para el desalojo. «No puedes llegar y cambiar la cerradura. Si ya lo sabe la Policía y existen atestados, los okupas salen y haces tú lo mismo que ellos cambiando cerradura y metiéndote dentro, los okupas te pueden denunciar».

De hecho, el abogado sabe de algunos casos donde los propios usurpadores de la vivienda provocan que se llame a la Policía. De esta manera, ya existen atestados y la Policía tiene constancia de la okupación. Por tanto, pueden denunciar al propietario por cambiar la cerradura e introducirse en su casa.

El propietario del inmueble tampoco puede cortar los suministros de luz y agua, por ejemplo, mientras la vivienda esté invadida. Esto puede considerarse una coacción y terminar con una querella en los juzgados contra el dueño. El abogado José Antonio Pajuelo recomienda adelantarse en los juzgados y comunicar que, al no ser su residencia habitual en ese momento, no puede asumir los costes de los suministros.

«Lo que yo haría es, en el procedimiento judicial que se inicie, poner en conocimiento del juzgado que la situación económica del propietario no puede afrontar los gastos de suministro sin recibir el alquiler. Ya no sería una coacción sino una imposibilidad», incide. «Si ante el impago la compañía suministradora decide cortar, es cuestión de la compañía».

Por todo esto recomienda iniciar el procedimiento judicial cuanto antes. «La tramitación judicial es lenta y se puede prolongar varios meses, entre tres y cinco».

Los juzgados requieren de tiempo porque, al atasco de otros asuntos, se suman las garantías que se ofrecen a todas las partes. Una vez que recibe la denuncia, dará un plazo a los denunciados para que puedan defenderse en el caso de que realmente no estén invadiendo una propiedad privada. «Imagina que alguien quiere echar por ejemplo a un inquilino y lo denuncia por esto, o no paga toda la renta estipulada», señala. En el caso de que no presenten nada, se activan directamente los mecanismos para terminar en un desahucio y la resolución puede estar lista entre dos y tres meses.

Pero se puede alargar hasta los cinco meses si, por ejemplo, los usurpadores se niegan a coger las notificaciones del juzgado o piden el servicio de justicia gratuita.

Durante el proceso judicial, los servicios sociales pueden estudiar la vulnerabilidad social y económica de los okupas. En el caso de que se certifique que la situación es precaria, los servicios sociales informarán de esa circunstancia al juzgado y este puede notificar esto de nuevo a los servicios sociales para que les encuentren una solución. Pero, según el abogado José Antonio Pajuelo, no es cierta la creencia social de que tienen prioridad para acceder a una vivienda social si salen por su propio pie en Extremadura.

Pajuelo indica que Badajoz no suele registrar invasiones de vivienda como la que se han encontrado cuatro universitario de la ciudad. «Se ve más en viviendas públicas y sociales, y en las que pertenecen a los bancos que en las de titularidad privada», señala. Menos aun en viviendas como la arrendada por los universitarios, que estuvieron en la ciudad hasta mediados de julio y solamente han estado fuera las vacaciones.

La familia de uno de los universitarios denuncia que los okupas no les entregan su pertenencias, como ropa, ordenador y un congelador, entre otras cosas. En este caso, el abogado indica que los estudiantes deben reclamar sus cosas al propietario del inmueble y este tendrá que afrontarlo y repercutirlo después a los usurpadores.

Pajuelo recomienda instalar sistemas de alarma porque en el caso de que salten, acude la Policía y eso ahuyenta a los invasores. En cambio, descarta recurrir empresas de las conocidas como «desokupadoras». «Siempre le digo a los clientes que acudan a soluciones legales. No abogo por procedimientos paralelos en los que se corre el riesgo de provocar situaciones muy arriesgadas».

El abogado recuerda que todos estos consejos obedecen a casos de viviendas de particulares y advierte que los procedimientos son algo distintos para grandes contenedores de vivienda y bancos.