Juzgarán en Badajoz a una empresaria por cobrar 6,8 millones de IVA con facturas falsas

Sede de la Agencia Tributaria en el paseo de San Francisco de Badajoz. :: /PAKOPÍ
Sede de la Agencia Tributaria en el paseo de San Francisco de Badajoz. :: / PAKOPÍ

La Fiscalía cree que contó con la colaboración de una gestoría tributaria para lograr que la Hacienda española le entregara el dinero

Evaristo Fdez. de Vega
EVARISTO FDEZ. DE VEGABadajoz

La Audiencia de Badajoz juzgará en las próximas semanas a una empresaria portuguesa y al director de una gestoría tributaria española por beneficiarse de un fraude de casi siete millones euros. Ese dinero fue entregado por la Hacienda pública española en concepto de devolución de IVA a empresas portuguesas que presentaron facturas falsas en las que simulaban compras realizadas en territorio español. En el escrito de acusación de la Fiscalía de Badajoz se indica que detrás de esos hechos está la ciudadana portuguesa A. M. F., que usó tres empresas lusas de las que ella era administradora única: A. M. Higiene e Limpeza, Interalba y Estructuralba.

La investigación determinó que para conseguir la devolución de ese dinero generó facturas falsas en las que figuraban compras de productos o servicios realizadas por sus tres empresas a firmas radicadas en territorio español.

En esas facturas inventadas las empresas españolas facturaban el IVA correspondiente, por lo que la acusada podía solicitar a la Hacienda española la devolución de ese impuesto dado que sus tres empresas se encontraban en territorio luso.

Esa operativa es habitual entre empresas situadas en países distintos, pero en este caso las facturas fueron confeccionadas utilizando de forma indebida los membretes de 13 empresas españolas. En su mayor parte se trataba de firmas dedicadas al sector de la alimentación y de los productos cárnicos. «Ninguna de las sociedades españolas reconoce la emisión y los conceptos de dichas facturas», se recoge en el escrito de acusación.

Con este sistema, las tres empresas de A. M. F. recibieron de la Hacienda española más de 6,8 millones de euros: 147.706 euros en 2005, 760.029 en 2006, 1.441.620 en 2007, 1.635.980 en 2008, 1.627.501 en 2009, 1.041.143 en 2010 y 151.894 euros en 2011.

Además, en el ejercicio 2011 presentaron nuevas solicitudes para la devolución de IVA por otros 663.523 euros, cantidad que no fue abonada a las empresas portuguesas porque ya estaba en marcha la investigación impulsada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), la Fiscalía y el juzgado.

A través de una gestora

En el escrito de acusación se indica que para solicitar la devolución del IVA la acusada contó con la colaboración de Negóbiter S.L., una empresa radicada en Vitoria especializada en este tipo de gestiones tributarias. El director de esa empresa era A. P. U. A., «quien aportó sus conocimientos y experiencia en la materia, logrando así para su empresa comisiones por un total de 533.735 euros entre 2005 y 2011».

La gestoría anticipó a la acusada los importes de las devoluciones hasta finales de 2008, «y no obstante las actuaciones de comprobación tributaria realizadas por la Hacienda Foral Vasca y los requerimientos de la Administración Tributaria en los ejercicios de 2010 y 2011 acerca de las empresas de A. M. F., mantuvo el necesario mecanismo para que se realizaran las devoluciones ilícitas de IVA».

La Fiscalía cree que la empresa vasca realizó 58 expedientes de devolución de IVA, pero el dinero recibido de Hacienda no lo ingresó en las cuentas de las tres empresas portuguesas sino en dos cuentas de las que era titular la acusada. En total, la empresaria recibió 6.114.529 euros de los que dispuso en beneficio propio.

Para ello, realizó en las dos cuentas bancarias 114 disposiciones en efectivo por un valor total de 1,7 millones de euros. En su mayoría, a favor de cuentas bancarias o personas establecidas en el extranjero.

Buena parte del dinero fue empleado en la adquisición de obras de arte y mobiliario en Portugal, y en la construcción de un lujoso chalet en Torres Vedras (Portugal) que puso a nombre de su madre, A. M. F., quien también habría colaborado en la ocultación del dinero. Otra parte se utilizó en adquirir un piso en Badajoz y un vehículo de alta gama, además de productos financieros.

La Fiscalía considera que se cometieron siete delitos contra la Hacienda Pública estatal por defraudación tributaria, un delito continuado de falsedad documental y un delito continuado de blanqueo de capitales. De los tres hechos es acusada A. M. F., para quien la Fiscalía pide 23 años de prisión (2 por cada delito contra la Hacienda, 3 por el de falsedad y 6 por el de blanqueo).

Para su madre se solicitan seis años de cárcel por el delito continuado de blanqueo de capitales, y para A. P. U. A. un total de 14 años por los siete delitos contra la Hacienda pública.

Además, los tres acusados deberían indemnizar conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública estatal con las cantidades defraudadas, siendo responsables civiles subsidiarias las tres empresas portuguesas y la gestoría tributaria.

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