Un juzgado anula la expulsión de dos niños de Los Maristas acusados de falsear datos

Fachada del colegio Marista de Badajoz. /J. V. Arnelas
Fachada del colegio Marista de Badajoz. / J. V. Arnelas

La Junta los culpó de mentir para lograr más puntos, pero la administración reconoce su error y han terminado ganando el contencioso

Natalia Reigadas
NATALIA REIGADASBadajoz

Luis Novillo y Álvaro Serrano respiran tranquilos. Quieren que la gente lea las sentencias que les dan la razón. «Porque muchos nos han puesto de tramposos y no lo éramos», reclama Novillo. Este padre pacense ha pasado un calvario para lograr que su hijo estudie en el colegio Nuestra Señora del Carmen, más conocido como Los Maristas. Los menores entraron en la escuela en septiembre de 2017, pero en diciembre les informaron de que habían sido expulsado por hacer trampa en el proceso de escolarización. Las familias decidieron plantar cara. Llevaron el caso a los tribunales, paralizó la expulsión y ahora han logrado que les den la razón por completo.

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La sentencia es del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 y anula la resolución de la Junta de Extremadura que consideró improcedente la valoración de puntos de los hijos de Luis Novillo y Álvaro Serrano. Además, la resolución declara conforme a derecho la baremación de puntos que le sirvió para entrar. Por último condena a la Junta a pagar las costas del proceso.

La decisión del juzgado se debe a que la Junta de Extremadura ha formulado allanamiento, es decir, ha admitido que se equivocó al impugnar la puntuación, por lo que el juzgado ha terminado dando la razón a las familias.

La resolución de la Consejería de Educación afectó en total a tres familias. La tercera también recurrió y está pendiente de sentencia, aunque todo indica que se resolverá en el mismo sentido. La Junta confirmó ayer a HOY que se allanó en los tres procedimientos y que el proceso de revisión está en manos de la Comisión Jurídica de Extremadura

Siete meses de lucha

El conflicto judicial se desató en diciembre de 2017 cuando los menores llevaban tres meses en primero de Infantil, recién llegados a Los Maristas. Una o varias familias que querían entrar, y no lo habían logrado, presentaron un recurso con un informe de un detective privado que señalaba irregularidades en tres de los procesos de admisión. El año pasado el centro recibió 94 solicitudes para sus 75 plazas disponibles.

El informe señalaba que los 8 puntos que presentó el hijo de Luis Novillo no eran válidos. Se debían al domicilio laboral de su padre, que tenía contrato como monitor de pádel en el centro La Cañada. Alegaban, sin embargo, que este padre también trabaja en otro lugar. En cuanto al hijo de Álvaro Serrano, impugnaban sus 8 puntos por domicilio por vivir en Las Vaguadas porque detectaron su nombre en un buzón de un piso en la Urbanización Guadiana.

La Junta de Extremadura solicitó entonces a la Policía Local de Badajoz que comprobase los datos que aportaba el informe del detective. Los agentes llegaron a las mismas conclusiones y la Consejería de Educación decidió expulsar a los menores y trasladarlos a otro centro. Así mismo, ingresaron en Los Maristas los tres niños que estaban en los primeros lugares de la lista de espera.

Las formas, alegan las familias, fueron incorrectas porque no se lo notificaron, se enteraron por el colegio y no les ofrecieron el periodo de alegaciones que les correspondía. Además, estos padres indicaron que la investigación sobre sus datos no se ajustaba a la realidad. Novillo alegó que tenía derecho a poner el domicilio de uno de sus dos trabajos mientras que Serrano aseguraba que, aunque tenía una vivienda en propiedad en la Urbanización Guadiana, residía en Las Vaguadas.

Los afectados decidieron presentar batalla. Acudieron al juzgado y solicitaron medidas cautelares para paralizar la expulsión. Lo lograron. Negociaron con la administración para buscar una solución, pero finalmente decidieron seguir con la vía judicial.

No llegó a producirse juicio. El pasado 30 de mayo, según indica la sentencia, la Junta de Extremadura presentó un escrito para allarnarse a la demanda de los padres, es decir, para admitir que su resolución, la que anulaba la puntuación de los niños, era incorrecta. La administración regional, además, informó al juzgado de que había abierto un proceso de revisión de oficio para estudiar lo que ocurrió.

Los niños expulsados, por tanto, seguirán en el centro. La Consejería de Educación indicó ayer que los tres que entraron de la lista de espera también completarán el curso en esta escuela y que posteriormente estudiarán su continuidad.

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