La Junta retoma la ampliación de la residencia de mayores de la Granadilla

En los documentos no aparece el grado de ejecución de la obra realizada, aunque la Junta de Extremadura indicó en su momento que estaba al 34% y quedaba pendiente el 66% de la actuación.

Las obras estaban adjudicadas a la UTE formada por Sehuca Construcciones y Servicios y Onsaze Infraestructuras. Debían haber terminado las obras hace dos veranos pero, no solo no están acabadas, sino que están empantanadas.

Las obras comenzaron en 2020, justo antes de la pandemia. Uno de los primeros obstáculos que encontró estuvo en las restricciones derivadas de la covid-19 y el cuidado a los mayores en ese época.

Después surgieron los problemas de una de las constructoras adjudicatarias, Sehuca. Estos ralentizaron el ritmo para, posteriormente, paralizar la actuación. Inicialmente se le concedió alguna prórroga del plazo de ejecución, que cumplía en 2022. Pero las máquinas no volvieron y la Junta optó por romper el contrato.

Cuando así ocurre, el procedimiento se alarga. En primer lugar, la empresa fue penalizada por impago a los suministradores y posteriormente, el contrato se resolvió debido a su continuo incumplimiento en el pago a los suministradores.

La Junta actuó por indicación de la Intervención General del Estado, que le comunicó que proveedores externos a la región habían denunciado por impago a la constructora a finales de 2022. El contrato quedó finalmente roto el 30 de mayo de 2023.

Cuando se resuelve el contrato principal de una obra, es necesario romper también todos los contratos accesorios asociados. Son las direcciones facultativas, el control de calidad y el proyectista, entre otros. Una vez que todos estos contratos están formalmente rotos, si inicia el proceso de licitación para un nuevo proyecto.

Y en ese punto se encuentra el procedimiento. Una vez que contraten al nuevo equipo de arquitectos, tendrán que tener listo el proyecto en cuatro meses. Así que estará listo a finales de año. Posteriormente, la Junta tendrá que sacar a concurso las obras. Estas implican la complejidad de que la residencia sigue en funcionamiento las 24 horas del día, por lo que deben adaptarse a ello.

El edificio inicial dispone de 176 camas, pero la ciudad tiene un déficit de plazas públicas que palía con conciertos en residencias privadas hasta rozar las mil plazas. Para aumentar la capacidad de camas públicas sin construir un nuevo centro, la Junta decidió en 2016 agrandar la residencia.

En 2020 comenzaron los trabajos para construir un edificio nuevo de dos plantas que se comunicaría con el antiguo.

El planteamiento era realizar la obra en dos fases y, una vez terminado el nuevo edificio, trasladar al nuevo edificio a los residentes para renovar la residencia que ahora existe. Cuando todo finalice, se ampliará el número de plazas.

De las nuevas camas, según la idea inicial, la mitad serán residenciales, otras 24 se reservarán para la unidad de demencia senil y el resto para enfermería y dependientes.

El nuevo edificio incorporará también la recepción del centro de día. Esa nueva dotación permitirá atender también a mayores no residentes que podrán pasar en ese espacio unas horas cada jornada, un recurso muy demandado en la ciudad.

En cuanto al edificio antiguo de La Granadilla, la reforma será completa, ya que estas instalaciones se acercan a los 50 años. Algunas habitaciones dobles que hay en las plantas quinta, sexta y séptima pasarán a ser individuales. El objetivo es que sean más cómodas para los residentes.

Está prevista también la renovación de la cocina, la lavandería, el salón de actos, las dependencias de administración y los almacenes. Las obras también incluirán la modernización de las ventanas del edificio antiguo, del sistema de iluminación y contra incendios y el cambio de ascensores.

Los nuevos arquitectos tendrán que actualizar el proyecto, cuyo coste (incluidas las obras y el proyecto) no puede superar los 9,1 millones de euros sin IVA.

Este presupuesto es un tercio mayor del inicial. Cuando se adjudicaron las obras hace cinco años la actuación tenía una partida asignada de 6,4 millones de euros.

De todos modos, habrá que esperar a la licitación formal de las obras (ahora se busca a los arquitectos) y su posterior adjudicación para saber el precio final. Inicialmente, la Junta aprobó ocho millones de euros para la actuación y la adjudicó por 6,3.

Las obras comenzaron en 2020 y, entre las principales consecuencias de la pandemia, se apuntó a la interrupción de los suministros y el encarecimiento de precios de los materiales de construcción. En diciembre de 2022, la Junta dijo que el problema no era el importe inicial de la obra, sino de liquidez de la empresa e indicó que, a pesar de ello, aumentarían el importe por el alza de los últimos meses, como finalmente será.