La Junta quiere comprar al Estado las viviendas de la Guardia Civil

Imagen de archivo de los bloques de Suerte de Saavedra donde residían guardias civiles./HOY
Imagen de archivo de los bloques de Suerte de Saavedra donde residían guardias civiles. / HOY

El gobierno regional estaría dispuesto a adquirir los 90 inmuebles de Suerte de Saavedra, tras descartar que le sean cedidos

MIRIAM F. RUA BADAJOZ.

La Junta de Extremadura va a negociar con el Estado la compra de las viviendas de la barriada de Suerte de Saavedra en la que residían guardias civiles. Los inmuebles, 90 en total, son propiedad del Ministerio del Interior, que tendría que desafectarlos antes de desprenderse de ellos para quitarle la consideración de bien de dominio público.

El primer paso en este sentido será la valoración conjunta de los técnicos de las dos administraciones sobre el estado de las viviendas así como de la rehabilitación que necesitan. A partir de ahí, intentarán pactar un precio.

Tras una primera reunión con la Delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, este miércoles la directora general de Vivienda, María Isabel Moreno Duque, acordó este extremo en Madrid con el secretario general de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, José Hurtado Quero.

Desde diciembre, una decena de estas casas están ocupadas ilegalmente por familias necesitadas

La pretensión inicial de la Junta de Extremadura era que el Estado le cediera gratuitamente las viviendas, para después rehabilitarlas y ampliar el parque de viviendas sociales en Badajoz. Esta posibilidad, sin embargo, se descartó desde el primer momento. «La cesión ni la consideran y lo puedo entender, pero una cosa es eso y otra cobrarnos 30.000 euros por vivienda», comenta Moreno Duque.

Por eso, ahora lo que se platean es la adquisición, siempre que -advierte- «el precio le interese a la Junta de Extremadura». Sobre esto, la directora general de Vivienda no se ha aventurado a dar la cifra por la que la Junta de Extremadura accedería a la compra. Pero sí ofrece una idea de lo que estaría dispuesta a aceptar: «Si nos venden las viviendas por 10.000 o 15.000 euros cada una, que con las reparaciones terminarían costándonos 40.000, compramos las 90 viviendas».

No obstante, recalcó que primero los técnicos van a hacer una aproximación del coste, incluida la rehabilitación para que las viviendas reúnan las condiciones de habitabilidad y accesibilidad que se requieren para después ser ocupadas.

De la reparación de los inmuebles se encargaría la propia Junta de Extremadura pero quiere que su coste se tenga en cuenta antes de fijar un precio de venta. «Tenemos que optimizar los recursos. Hay muchos municipios que necesitan que hagamos una inversión en viviendas en ejecución para luego terminarlas y no podemos focalizar todos los recursos en Badajoz, porque supondría un agravio».

Para acceder a estos bloques de piso, Moreno Duque explicó que la Junta de Extremadura va a solicitar las ayudas del Plan Nacional de Vivienda, que estaba previsto que entrara en vigor el 1 de enero pero -añade- no hay fecha.

Además, el Ministerio del Interior, confirmó la directora general, ha dado la posibilidad de que la venta de los inmuebles pudiera hacerse por fases y el pago dividido en dos o tres anualidades.

Si no hay acuerdo, a subasta

La intención de la Junta de Extremadura es no dilatar este proceso. «Lo que vayamos a hacer lo tenemos que hacer a lo largo de esta Legislatura», avanza Moreno Duque y añade: «Si llegamos a un acuerdo bien, si no sacarán las viviendas a subasta pública». Antes de llegar a esto, apela a la corresponsabilidad y el compromiso social del Ministerio con la Junta para dar soluciones habitacionales a la gente.

El destino de estos bloques, sin finalmente los compra la Junta de Extremadura, será incorporarlos al parque de viviendas públicas de Badajoz, que actualmente roza las 2.500 residencias.

Desde mediados del pasado mes de diciembre, un grupo de familias ocupa ilegalmente una decena de viviendas en uno de los bloques de la calle Eduardo Naranjo en los que antes vivían guardias civiles. Según asegura Vivienda, los expedientes de estas familias están siendo estudiados por el Servicio de Adjudicación para intentar dar una solución adecuada a las necesidades de cada una.

En algunos casos -añade-, «se han ofrecido ya viviendas a alguna de estas familias que la han rechazado por no estar en un barrio de su interés o estar fuera de la ciudad de Badajoz».

La ocupación ilegal ha obligado a la Guardia Civil a establecer un servicio de vigilancia permanente para proteger las cuatro escaleras que aún no han sido ocupadas. Además, según el comunicado enviado el lunes por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la ocupación también ha obligado a desmantelar el taller mecánico en el que se hacían reparaciones menores de los vehículos oficiales como podía ser cambio de neumáticos o de baterías.

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