Una juez obliga a la Diputación de Badajoz a pagar 76.500 euros a Guadiana del Caudillo

Letrero de Guadiana del Caudillo, borrado./HOY
Letrero de Guadiana del Caudillo, borrado. / HOY

La institución provincial los denegó por no atender los requerimientos sobre Memoria Histórica

Rocío Romero
ROCÍO ROMEROBadajoz

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 obliga a la Diputación de Badajoz a pagar los 76.500 euros que había negado a Guadiana del Caudillo a causa de la Memoria Histórica. El anterior alcalde, Antonio Pozo, presentó cuatro pleitos contra los planes de subvenciones Dinamiza, que son los más potentes de la institución.

Dos de esos pleitos van contra el programa extraordinario de 2018 y el ordinario de 2019, y los otros dos contra los decretos por los cuales le niegan la subvención de esos mismos planes. Esta es la primera decisión referida a ellos.

Más información

Este auto, que tiene fecha del 1 de julio, obedece al recurso contra la resolución que le negó 76.500 euros del cuarto Plan Dinamiza, correspondiente a este año. El Ayuntamiento pidió como medida cautelar que se le abonara la subvención mientras que los juzgados resuelven sobre el decreto que regula las bases de ese programa de ayudas. Y eso es lo que acuerda la jueza, suspender la resolución denegatoria de los 76.500 euros. Por lo tanto, la institución provincial deberá pagar. Contra la decisión cabe interponer recurso de apelación ante el TSJEx.

La jueza María Angustias Marroquín considera «incuestionable que el municipio recurrente, de no accederse a la suspensión solicitada, se ve privado de acceder a una subvención por importe de 76.500 euros para obras y equipamientos, gastos corrientes y para el fomento de la competitividad y el empleo, con lo que ello supone para el interés general de la localidad que, en el caso presente, consideramos el interés más necesitado de protección».

La titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Badajoz incide en que entrará en «otro tipo de consideraciones» en la sentencia que dicte del procedimiento principal del que depende la denegación de la subvención. Es decir, del decreto que regula las bases de la convocatoria del Plan Dinamiza 2019. Pero entiende que «la localidad de Guadiana del Caudillo no debe verse privada en este momento de una subvención que beneficia al interés general de la localidad». Por otro lado, no impone costas a ninguna de las dos partes.

Esta es la tercera decisión judicial en poco más de un mes realizada por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Badajoz contra la decisión del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, de vincular todas las subvenciones de la institución al cumplimiento de la Memoria Histórica.

Economía procesal

Fue este mismo juzgado que ahora decreta el pago de la subvención a Guadiana del Caudillo el que dio la razón al Ayuntamiento de Badajoz en una primera decisión el 5 de junio. Entonces declaró nulo de pleno derecho el decreto de Gallardo que contenía que las bases que regulan el plan Dinamiza Extraordinario de 2018. Cuando se conoció esta sentencia el representante de Vox, Antonio Pozo, era aún alcalde de Guadiana del Caudillo y pidió acogerse al principio de economía procesal y solicitó que la Diputación abonara la subvención como medida cautelar. De ahí esta resolución.

Posteriormente, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 ha tomado esa primera sentencia como base para declarar igualmente nulo de pleno derecho el decreto que regula las bases del Plan Dinamiza para Grandes Municipios.

El Ayuntamiento de Badajoz tiene otros cuatro pleitos presentados contra esta política de Gallardo. Los juzgados deben aún emitir el fallo sobre las bases del Plan Dinamiza de 2019 y sobre las tres denegaciones de subvenciones a Badajoz debidas a esos mismos tres planes de ayuda.

Los motivos que argumentan los jueces es que el comité de expertos creado por la institución es un órgano asesor. Y como tal su catálogo de vestigios no puede servir de base para decidir qué municipio cumple con la Ley de Memoria Histórica. Los jueces inciden en que carecen de competencias para ello. Además, en el caso de rechazar las ayudas –como ha ocurrido con Badajoz y Guadiana– deberían existir expedientes administrativos que no hay. Los jueces consideran el rechazo del dinero una sanción y, por ello, debe estar respaldada por una resolución administrativa.

La Diputación ha recurrido ya la primera de las sentencias.