Investigan si los ladridos de un perro perjudican la salud de una vecina de Salvaleón

La denunciante vive en el bajo y la familia que tiene el perro en el primero. /HOY
La denunciante vive en el bajo y la familia que tiene el perro en el primero. / HOY

La afectada, que vive en Salvaleón, asegura que el ruido constante le está provocando daños físicos y psicológicos imposibles de soportar

Evaristo Fdez. de Vega
EVARISTO FDEZ. DE VEGABadajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado un auto en el que pide al Juzgado de Instrucción número 1 de Jerez que investigue la denuncia presentada por una mujer de 70 años que ha pedido el amparo judicial para que se ponga fin a los «molestos ladridos» del perro que habita en el alto situado justo encima de su casa de Salvaleón.

De ese modo obliga a que se reabra una investigación que el juzgado de Jerez de los Caballeros decidió archivar tras concluir que no había sido debidamente justificada la perpetración del supuesto delito que había dado origen a esa causa.

El origen de ese procedimiento está en la denuncia que Isabel Mangas Domínguez presentó en julio de 2017 en el juzgado para pedir que se diera una solución a las molestias que dice estar sufriendo a causa de un perro «que no para de ladrar a cualquier hora del día y de la noche», una situación que habría terminado provocándole «graves perjuicios físicos y psíquicos» tanto a ella como su marido, que padece del corazón.

Juan Manuel Portillo, hijo de los denunciantes, confirma que el perro que causa estas supuestas molestias vive en la planta alta del edificio que ocupa el número 4 de la calle Riscos Candilitos.

Según cuenta, esa vivienda en alquiler es ocupada desde hace unos dos años por una familia que posee un perro cruce de american standford de más de 50 kilos de peso. «Cuando mi madre vio que comenzaba a causarles problemas decidimos dirigirnos al Ayuntamiento, pero no nos dieron solución», asegura.

Las mediciones hechas por un experto confirmaron un exceso de ruido entre las 17.00 y las 00.30 horas

En realidad, el Consistorio sí se interesó por el problema y envió a un agente de la Policía Local para que comprobara si realmente existían las molestias que decía sufrir la afectada. Pero en un pleno celebrado en esta localidad se les informó de que en las visitas que hizo el agente a la vivienda «no se apreciaban ruidos ni ladridos».

De la cuestión se preocupó también el Centro de Salud de la localidad, que envió a un veterinario para comprobar si el animal generaba olores o algún problema de insalubridad. En la inspección realizada el 29 de junio en las dos viviendas afectadas, este técnico tampoco detectó plagas, malos olores ni ruidos, por lo que no consideraron necesario actuar contra los propietarios del perro.

Acudió al juzgado

Pero la denunciante no paró en su batalla y decidió llevar los hechos a sede judicial. La denuncia fue presentada el 17 de julio del año pasado y pocos días después Isabel Mangas contrató los servicios de una empresa especializada en mediciones acústicas para que estudiara qué niveles de ruido soportaba su vivienda.

Las mediciones se realizaron desde las 17 horas del día 4 de agosto de 2017 hasta las 00.30 horas del día 5 y confirmaron que en todas las horas analizadas se produjeron ruidos superiores a los tolerables. A las 00.30 horas se midieron 55,7 decibelios y una hora antes se alcanzaron los 56,2.

En el informe se indica que en todos los tramos horarios estudiados se superaban los límites máximos permitidos, que se fijan en 35 decibelios durante el día y 30 durante la noche.

El Juzgado de Instrucción de Jerez archivó el caso pero la Audiencia ordena ahora reabrir la causa

El técnico indicó que esos niveles de ruido eran provocados «por un perro de raza corpulenta cuando ladra, corre, juega con objetos duros (piedra o similar) o bien cuando arrastra muebles, tal vez buscando el juguete que se le esconde con el propio juego».

Además, las mediciones se realizaron en los lugares donde más pueden molestar esos ruidos: los dormitorios de la vivienda que ocupa la planta baja de ese edificio.

La medida correctora que propuso el técnico contratado –cobró 3.000 euros por las mediciones y el informe– pasaba por que el perro saliese de la vivienda «inmediatamente».

«Aun conociendo la nobleza de la raza del perro que está provocando los ruidos, dado que se trata de un perro joven y muy corpulento y que la vivienda en la que se encuentra no cuenta con aislamiento a los ruidos que el perro puede producir, tanto ruido aéreo como ruido de impactos, considero que el lugar no es adecuado desde el punto de vista acústico dado que con el simple juego con objetos duros o con las carreras y ladridos provoca las molestias de los vecinos de la vivienda inferior, sobrepasando los niveles de ruido hasta duplicar el nivel de ruido que normalmente hay en dicha vivienda, haciendo imposible la convivencia y apareciendo trastornos de salud propios por la continua afección sonora que soportan», se puede leer en el informe.

Nueve meses después de que ese informe fuese realizado, el Juzgado de Instrucción de Jerez de los Caballeros decidió archivar provisionalmente el caso al considerar que no ha sido «debidamente justificada la perpetración del delito que dio motivo a la formación de la causa».

Causa reabierta

Pero la denunciante recurrió y la Audiencia Provincial de Badajoz ha reabierto ahora el caso en un auto que pide al juzgado de Jerez la reactivación de la causa. «El asunto que se plantea en el recurso es ciertamente interesante y presenta ribetes jurídicos de relevancia, pues imputa un delito contra el medio ambiente, pero también pueden estar afectados otros tipos penales, como una posible prevaricación por omisión por parte de la correspondiente autoridad administrativa que, al parecer, «no ha hecho nada» ante las diversas denuncias puestas por la ahora apelante por el ruido constante, día y noche, que supuestamente proviene de los permanentes y muy insistentes y molestos ladridos de un perro que habita, con una familia, en el piso de arriba».

La Audiencia no entra a valorar si existe o no el delito, pero sí pide al juzgado de instrucción que se pronuncie sobre estos hechos en un auto «debidamente motivado donde se explique si los hechos denunciados son constitutivos de delito o de simple infracción administrativa» dado que en la primera resolución no se recogían las causas por las que el caso había sido archivado.

También propone el tribunal provincial que se practiquen las diligencias que procedan, «si es que hubiera lugar a ello, pues la motivación y la explicación razonable o razonada es garantía de los ciudadanos y prestigia al Poder Judicial y fortalece a las instituciones».