Fragoso dice que el decreto anulado de la Memoria Histórica afecta a 180 pueblos

Francisco Fragoso, en primer término, y Miguel Ángel Gallardo, al fondo. /HOY
Francisco Fragoso, en primer término, y Miguel Ángel Gallardo, al fondo. / HOY

La jueza del Contencioso Administrativo Número 2 considera nulo de pleno derecho el decreto de Gallardo por el que aprueba las bases de la convocatoria del Plan Dinamiza Extraordinario de 2018

Rocío Romero
ROCÍO ROMEROBadajoz

14,8 millones de euros repartidos entre los municipios de la provincia están en el aire. Ese fue el dinero que la Diputación invirtió en todos esos pueblos a través del Plan Extraordinario Dinamiza de 2018, que está ligado al catálogo de vestigios de la Memoria Histórica de la Diputación.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 considera nulo de pleno derecho el decreto del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, que regula las bases de la convocatoria de ese programa de ayudas. Este vincula las subvenciones a los municipios al cumplimiento de la Memoria Histórica. Esta decisión obedece a uno de los seis pleitos puestos por el Ayuntamiento de Badajoz.

Su alcalde en funciones, Francisco Fragoso, advirtió ayer que al considerar nula la convocatoria, la decisión de la jueza afecta a todos los pueblos de la provincia. Fueron 177 los que se beneficiaron de ellas, dejando fuera a Villafranco (que depende de Badajoz), a Guadiana del Caudillo y a Mirandilla, aunque a este de forma provisional. Pero todos podían presentarse, de ahí que Fragoso hable de 180 pueblos.

El Ayuntamiento de Badajoz ha puesto otras cinco denuncias contra decretos de la Diputación

El alcalde de Badajoz en funciones pedirá la ejecución provisional de la sentencia si es posible y obligará de esta manera a Gallardo a solucionar el problema que se presenta con la sentencia que anula el decreto de las ayudas.

El juez basa su decisión en dos aspectos. En primer lugar, falla que el comité de expertos que elaboró el catálogo de vestigios que sirvió de base para exigir a los pueblos que eliminara determinados restos es un órgano asesor y carece de competencias para decidir si un ayuntamiento cumple con la Ley de Memoria Histórica. En segundo lugar, estima que la denegación de ayudas a los municipios constituye una sanción y que, para sancionar, es necesario elaborar expedientes administrativos que en este caso no existen. Por ello la jueza apunta a que se trata de un «incumplimiento flagrante de la Ley general de Subvenciones». Además, recoge que «no existe pronunciamiento que lleve a considerar que el Ayuntamiento de Badajoz ha incumplido la Ley de Memoria Histórica». La Diputación puede presentar un recurso contra la sentencia, aunque ayer no aclaró si lo hará en un comunicado.

Fragoso y Gallardo se enfrentaron a cuenta de la vinculación de ayudas a la Memoria Histórica. Ayer el alcalde hizo una lectura de la sentencia. Entiende que Gallardo ha cometido un «chantaje» a Badajoz y que ha contado con la «anuencia de Ricardo Cabezas» con el objetivo de «hacer daño a Badajoz por su ambición política». «En términos políticos, esto es una cacicada de Gallardo y de Cabezas», afirmó.

El alcalde en funciones también dijo que el Ayuntamiento ha defendido sus intereses en este aspecto «sin algaradas». Esta es la primera sentencia de seis pleitos distintos. Esta corresponde, como se ha indicado ante, a la convocatoria de ayudas del Plan Dinamiza Extraordinario de 2018. También llevaron a los juzgados la convocatoria del Plan de Grandes Municipios, por el que por primera vez la Diputación repartía un millón de euros para cada una de las cinco grandes localidades de la provincia, y al Plan Dinamiza de 2019. Además, hay otros tres procedimientos suspendidos, que son los referidos a la denegación de ayudas a la ciudad o a Villafranco en base a esas convocatorias.

El presidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo, no habló. La Diputación envió un comunicado en el que mostró su respeto por la sentencia. Pero también sus reticencias a que la inadmisión de solicitudes de subvenciones por incumplir la Memoria Histórica sea una sanción.

«No podemos compartir dicho argumento porque entendíamos y entendemos que la determinación de los requisitos que deben de tener los beneficiarios para acceder a las convocatorias públicas de subvenciones entran dentro de la discrecionalidad técnica de la administración convocante», argumentó en contra de los fundamentos jurídicos de la jueza.

Por ello, la institución que preside Miguel Ángel Gallardo cree que el incumplimiento de esos requisitos «no puede considerarse, en ningún caso, una sanción impuesta sin procedimiento».

Gallardo defiende al comité

La Diputación defiende también el papel del comité de expertos que ha peinado la provincia y que ha elaborado el catálogo de vestigios que sirve de base para determinar si un municipio puede acogerse o no a las ayudas.

En la nota, la institución valora que la provincia «es un territorio libre de vestigios franquistas, donde la práctica totalidad de los municipios han agradecido, aceptado y eliminado los vestigios identificados por el comité provincial de expertos». De ahí que considere que las actuaciones llevadas a cabo han constituido un instrumento «eficaz» para promover el cumplimiento de la ley.

Por otro lado, indica que el Tribunal Supremo ha inadmitido en una providencia del pasado 30 de mayo el recurso de casación que presentó el Ayuntamiento de Santa Amalia contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sobre este asunto. El alto tribunal extremeño había fallado a favor de la Diputación de Badajoz, aunque la institución no ha remitido una copia a los medios de comunicación.

El alcalde en funciones de Guadiana del Caudillo, Antonio Pozo, también valoró ayer la sentencia que anula el decreto que regula el Plan Dinamiza Extraordinario de 2018. Recordó que su pueblo ha perdido 92.000 euros de este y otros 76.000 euros de este año y considera que la sentencia le da la razón. Pozo pedirá a su Ayuntamiento, donde pasará a la oposición el día 15, que presente una querella contra Gallardo por prevaricación.

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