La Fiscalía mantiene la acusación de robo contra la asistenta

La Fiscalía mantiene la acusación de robo contra la asistenta

Fija la petición de pena definitiva en cinco años de prisión, mientras el abogado de la acusación la eleva a 10 y la defensa pide la absolución

E. F. V.

La Fiscalía de Badajoz ha rebajado a cinco años de prisión la pena que solicita para Patricia P. C., la asistenta de hogar que está acusada de sustraer más de 45.000 euros a una mujer jubilada a la que cuidó entre los años 2012 y 2016. La calificación definitiva realizada por el Ministerio Público retira la acusación de hurto y centra la acusación en un único delito de robo continuado.

El Ministerio Público considera que la sustracción de las joyas y el dinero se perpetró utilizando una llave que la acusada usó de forma ilegítima para conseguir sus objetivos.

Por este motivo, solicita que devuelva los 41.718 euros en los que fueron tasadas las joyas por el perito judicial y los 4.500 euros que desaparecieron de la casa.

Mayor es la pena que propone Jenaro García, el abogado de la acusación particular. Coincide con la Fiscalía en la acusación de robo con la agravante de abuso de confianza, pero pide seis años y tres meses de cárcel por entender que el importe del botín hace que el delito revista una especial gravedad. Y solicita otros tres años y medio de prisión por un delito continuado de hurto, por lo que la pena total sumaría casi diez años de cárcel.

Este letrado también exige la devolución de los 4.500 euros sustraídos y del importe de las joyas. Pero la cantidad que solicita por este segundo concepto asciende a los 59.888 euros por ser esa la cantidad en la que fueron tasadas por el joyero que testificó en el juicio.

Igualmente propone que indemnice con 10.000 euros a la propietaria de las joyas y con otros 10.000 a su hija por los daños morales que les causó, dado que el robo creó un fuerte conflicto familiar porque pensaron que el ladrón podría haber sido un hijo de la afectada.

Finalmente, el abogado de la defensa, Emilio Bueno, solicitó la absolución de la acusada por entender que no fue Patricia P. C. quien sustrajo las joyas. En su opinión, no ha quedado probado que fuera ella quien cometió el delito, y en el hipotético caso de que el tribunal entendiera lo contrario, considera que no se trató de un robo, sino de un hurto «que no puede perseguir la Fiscalía» porque la denuncia no fue presentada por la propietaria de las joyas sino que fue realizada por una hija suya que no estaba autorizada para hacerlo.

En cuanto a la valoración de las joyas, Bueno pidió que sólo se considere el precio del oro que contenían, muy por debajo de las cantidades que solicitan la Fiscalía y la acusación particular.