Gallardo imputado: el camino judicial paralelo a las urnas del 21-D

Es la primera vez que un candidato extremeño está imputado, lo que será uno de los temas recurrentes de campaña por parte de los partidos que quieren evitar que los socialistas vuelvan al Palacio del Rastro. Las acusaciones populares piden tres años de prisión, inhabilitación por doce y quince años y varias multas para el expresidente de la Diputación de Badajoz.

Cuando María Guardiola anunció la cita electoral, el pasado lunes, Gallardo acababa de presentar su escrito de defensa en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz . Es el último escrito que el socialista expondrá ante la jueza Beatriz Biedma, que está a punto de enviar definitivamente el caso a la Audiencia Provincial de Badajoz.

En las últimas semanas, los once imputados en la investigación han remitido sus argumentos para pedir la absolución, pero aún quedan algunos por hacerlo. Esto implica, según fuentes del caso, que hasta mediados de noviembre la jueza no podrá trasladar toda la causa a la Audiencia. Mientras envía los documentos, el PSOE y el resto de partidos estarán preparando sus candidaturas. El DOE las publicará el 19 de noviembre y la proclamación definitiva será el 25 de noviembre.

Para entonces, varios abogados consultados esperan que los escritos de defensa estén ya en la Audiencia Provincial. Pero esto no significa que los magistrados vayan a marcar la fecha de juicio inmediatamente, necesitan tiempo. La Audiencia tendrá que formar la sala que juzgará a Gallardo, al hermano del presidente del Gobierno, a su colaborador Luis Carrero, y a otros ocho funcionarios y políticos relacionados con la institución provincial. 

Cuando sepan quiénes son los encargados de juzgar, los magistrados examinarán los escritos de defensa y tendrán que admitir o denegar las pruebas que los acusados han solicitado. Y, después, dar traslado a las partes y señalar la fecha de juicio.

Para ello deben tener en cuenta el calendario de cada uno y, además, qué peticiones de pruebas han atendido. Algunas fuentes calculan que pueden desfilar unas 25 personas por la sala, lo que requeriría de una semana completa para oír a testigos e imputados.

Los tiempos políticos poco tienen que ver con los judiciales. Y el calendario electoral está marcado desde el momento en que la presidenta Guardiola disolvió el Parlamento regional. La campaña comenzará el 5 de diciembre y terminará el 19, dos días antes de ir a las urnas. 

Para esa jornada, dicen los abogados consultados, es muy probable que los magistrados no hayan marcado aún la fecha de juicio. Los juristas más optimistas apuntan a finales de primavera para comenzar las sesiones, mientras que los pesimistas retrasan las vistas hasta después del verano. Esto, advierten, si no se dan otras circunstancias que pudieran aplazar más la fecha.

Como se espera que todo este proceso judicial sea lento, las elecciones ya se habrán celebrado y Miguel Ángel Gallardo se habrá convertido en diputado regional, dado que figurará de número uno por la provincia de Badajoz. A partir de ese momento, cuando se inicie la legislatura, se abre un debate jurídico sobre el posible aforamiento del político socialista. Abogados consultados por este diario defienden que ganaría la condición de aforado y que podría volver a solicitar el cambio de órgano que le va a enjuiciar. Así, el caso saldría de la Audiencia para llegar al TSJEx. Aunque otras fuentes consultadas no lo ven nada claro porque en su día renunció a recurrir.

Cuando primero la jueza de Instrucción y después el alto tribunal extremeño desatendieron este verano la intención de Gallardo de que le juzgara el TSJEx, argumentaron que podía haber cometido «fraude electoral» por la operación que desarrolló para llegar hasta la Asamblea. Esto es, una diputada de su confianza renunció a su escaño y otros cuatro socialistas firmaron ante notario que no querían acceder a la cámara regional para que él pudiera convertirse en diputado, y con ello, en aforado.

Pero ahora no sería así porque Gallardo será elegido directamente en las elecciones y tendrá plena condición de diputado desde el principio de legislatura. Ni siquiera tendría que solicitar su aforamiento, creen algunas de las fuentes consultadas, porque sería público y notorio que Gallardo ha obtenido un escaño.

En tal caso, todo el expediente pasaría al TSJEx y vuelta a empezar en cuanto a organización interna para marcar la fecha de juicio.

Se pueden dar otras circunstancias que retrasen aún más la fecha, como que se presente una recusación contra uno de los magistrados por su significación política o por amistad con uno de los imputados.

Y esto solo para que se celebre el juicio. Después, comenzará el desfile de testigos e imputados ante los jueces y las acusaciones populares. Como se sabe, la investigación comenzó por una denuncia de Manos Limpias y después se sumaron otras organizaciones como Hazte Oír, Liberum, Abogados Cristianos y Iustitia Europa. Y, además, Vox y PP. Los dos partidos tienen información del procedimiento de primera mano.

Después los magistrados deberán dictar sentencia y no existe un plazo determinado para ello. Si la sentencia se conociera a finales de 2026, habrían pasado dos años y medio desde que se abrieron diligencias a mediados de 2024.

En todo caso, cuando se conozca la decisión de los jueces, el nuevo inquilino de la Junta, sea quien sea, llevará bastantes meses tomando decisiones en Mérida.