Caso Azagra/ Hermano del presidente del Gobierno

Una defensa asegura que Gallardo «se comía a besos a Susana Díaz» cuando contrató al hermano de Pedro Sánchez

En este sentido, recuerda el apoyo que dio la federación extremeña a Susana Díaz en detrimento de Pedro Sánchez en las primarias de 2017. Según uno de los abogados de la defensa, Rafael Arenas, Gallardo «se comía a besos a Susana Díaz en mítines y actos de partido dándole públicamente su apoyo para la secretaría general» en contra del actual presidente del Gobierno. El contrato se firmaría en julio de ese mismo año.

El abogado Rafael Arenas, que representa al ex diputado de Cultura, Francisco Martos (alcalde de Castuera) y a los funcionarios Emilia Parejo y Manuel Candalija, ha registrado un escrito de 70 páginas en el que critica abiertamente la instrucción y la acusación popular liderada por Manos Limpias. Los dos primeros intervinieron en el cambio de denominación del puesto de David Sánchez, que pasó de ser coordinador de actividades musicales de los conservatorios en 2017 a jefe de la Oficina de Artes Escénicas en 2022, y el tercero intercedió en la creación del puesto que terminó ocupado el colaborador de Sánchez, Luis Carrero, en 2023.

La defensa pide la absolución para los tres y el resto de imputados, y considera que «anormal ha sido, dicho sea con todos los respetos, el procedimiento al completo, que llega a esta fase cuajado de conjeturas, pero de ninguna prueba concreta contra ninguno de los encausados«.

«La acusación sólo se soportaría si se diera pábulo a la causa general que nos propone, consistente en que desde el principio, es decir, desde la creación misma del puesto (coordinador de actividades musicales) en 2016 hasta hoy, toda la indiscriminada lista de trabajadores y servidores públicos cuya defenestración pretende, actuaría llevada de un mismo y constante elemento subjetivo o motivación para delinquir que, desde luego, tendrá la acusación que demostrar, pero que consistiría en que todos ellos habrían renunciado en comandita al interés público, para sustituirlo por el interés particular (o más propiamente, según se ha dicho en esta causa, por los 'gustos') de don David Sánchez Pérez-Castejón sólo por ser éste hermano de don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, sujeto último a satisfacer y por cuya influencia los encausados habrían, según se afirma, prevaricado. Es importante señalar el leitmotiv de la acusación porque, sin el mismo no llegara a acreditarse (y no ha sido en modo alguno acreditado hasta ahora), la acusación no se sostendría».

Asegura que la acusación establece en su escrito «la base de barro sobre la que se pretende asentar esta inmensa mentira».

Pero critica también a otras personas que han participado en el procedimiento, como al exdirector del conservatorio superior Bonifacio Gil, Evaristo Valentí. «Menudo es él para que alguien se atreva a mandarle y distraiga a los alumnos de sus estudios (lo dijo él mismo en su declaración primera ante la instructora), así lo manifestó en su correo del 20 de marzo de 2017 diciendo 'sería además un despropósito que estando nosotros por debajo de esta figura, fuéramos los que definiéramos sus funciones'; y declaró en sala que prefería mantener su tranquilidad sin superiores ni coordinadores alrededor, como dijo también, en su primera declaración, que los alumnos lo que tenían que hacer era estudiar, lo que no podemos entender más, visto el contexto en el que estamos, como no ser distraídos de sus exclusivos deberes como estudiantes con óperas inéditas hasta entonces en Badajoz, ni demás gaitas, le faltó decir«.

El abogado pide a la Audiencia que, además de los imputados y algunos de los testigos que ya prestaron declaración durante la instrucción, llame también a otros cinco trabajadores de la institución provincial por primera vez. Son Santiago Cuadrado, Alejandro Vázquez, María Luisa del Viejo, Inmaculada Cordón y José María Sánchez.

Rafarel Arenas pide la absolución para sus tres defendidos. Para el ex diputado y alcalde de Castuera, Francisco Martos; y a quien era entonces directora del área de Cultura, Emilia Parejo, las acusaciones populares piden un año y seis meses de cárcel, multa del doble del beneficio obtenido por David Sánchez como jefe de la oficina de Artes Escénicas e inhabilitación por seis años. A los dos se les imputa una responsabilidad sobre el cambio de puesto al hermano del presidente, David Sánchez Pérez-Castejón, de coordinador de actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas en 2022.

Para el director actual de Cultura, Manuel Candalija, se solicitan una condena de un año y seis meses de prisión, multa del doble del beneficio obtenido por el colaborador de Sánchez, Luis Carrero, e inhabilitación por seis años por la creación del puesto en comisión de servicio que este ocupó y firmar la urgencia de su convocatoria.

Este martes también ha trascendido el escrito de defensa del diputado de Cultura actual, Ricardo Cabezas, que igualmente pide la absolución. El escrito de acusación le solicita las mismas penas que a Manuel Candalija por haber mediado en el contrato de Luis Carrero. Esto es, una condena de un año y seis meses de prisión, multa del doble del beneficio obtenido por el colaborador de Sánchez, Luis Carrero, e inhabilitación por seis años por la creación del puesto.