Condenados en Badajoz a diez meses de cárcel por estafar 370.000 euros con falsas ventas

Antonio Lena, María de los Ángeles Jiménez y Niobe Sánchez, abogados de las defensas. :: PAKOPÍ/
Antonio Lena, María de los Ángeles Jiménez y Niobe Sánchez, abogados de las defensas. :: PAKOPÍ

Comercializaban menaje por teléfono y utilizaban datos falsos para lograr que una financiera les adelantara el dinero de las operaciones a plazos

Evaristo Fdez. de Vega
EVARISTO FDEZ. DE VEGABadajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz condenará a diez meses y medio de prisión a tres estafadores que desde el año 2006 estaban siendo investigados por apoderarse de casi 370.000 euros utilizando sin permiso los datos de 160 personas para justificar operaciones de compraventa que no se realizaron.

En el escrito de acusación del Ministerio Fiscal se explicaba que la acusación iba dirigida en primer lugar contra Manuel V. B., un vecino de Badajoz que en el momento de cometerse los hechos era apoderado de la empresa Promociones Casarente S. L.

Esa firma tenía su domicilio social en la capital de provincia y su objeto era la compraventa de bienes por catálogo.

Los empleados de esta empresa realizaban las ventas telefónicamente y cuando el pago no se realizaba al contado, la empresa ofrecía al cliente la posibilidad de financiar la compra a través de la Sociedad Banco Citibank Broker Sociedad Unipersonal Correduría de Seguros S.A.

A esa entidad bancaria pertenecían el Banco Citibank y la Entidad Financiera Citifin, con quienes Promociones Casarente formalizó en agosto de 2004 un contrato para que financiaran a sus clientes las compras realizadas.

De ese modo, la deuda era asumida por la financiera y Promociones Casarente cobraba por adelantado la totalidad del importe.

La empresa de Badajoz comenzó a utilizar ese mecanismo para vender distintos bienes, especialmente artículos relacionados con el menaje del hogar.

Los empleados de Promociones Casarente trabajaban a comisión. Su misión era contactar telefónicamente con posibles compradores y cuando prosperaba la operación se formalizaba un contrato en el que constaban los productos adquiridos, el precio acordado y los datos personales, laborales y bancarios del comprador.

Si la compra no se abonaba al contado, la entidad financiera se subrogaba en la posición de acreedor y entregaba a la empresa de Badajoz el importe. A partir de ese momento, era la financiera la que se encargaba de cobrar la deuda al comprador en los plazos acordados.

Se trata de un sistema de venta habitual en muchos sectores comerciales, pero en este caso se ha comprobado que entre octubre de 2005 y marzo de 2008 Manuel B. V, junto con los también acusados Francisco Javier G. M. y Javier C. S, que eran empleados de Promociones Casarente, formalizaron hasta 160 contratos de compraventa en los que utilizaron datos personales de personas que no habían autorizado esas compras, logrando de ese modo que la financiera entregase a Promociones Casarente un total 369.007 euros.

Pedían seis años de cárcel

En el escrito de calificación provisional la Fiscalía calificó los hechos como un delito continuado de falsedad documental en relación con un delito continuado de estafa. De ambos hechos hacía responsables tanto al apoderado de la empresa de Badajoz como a los tres trabajadores encausados.

Para cada uno de ellos proponía una pena de prisión de seis años y el pago de una multa de 5.400 euros que deberían abonar a razón de 15 euros diarios durante doce meses. Además, solicitaba que los acusados indemnizaran a la financiera con 369.097 euros por los daños y perjuicios causados, cantidad de la que se hacía responsable civil subsidiaria a la sociedad Promociones Casarente.

En una operación usaron los datos de una persona fallecida

La investigación realizada contra los estafadores condenados permitió sacar a la luz 160 operaciones fraudulentas. En su mayoría, fueron realizadas utilizando sin consentimiento datos de personas reales.

Pero en el escrito de calificación de la Fiscalía se recoge también una compraventa que fue realizada el 23 de diciembre de 2008 usando el nombre de una mujer que había muerto varios años antes.

En ese caso, usurparon su identidad para adquirir diversos artículos de ajuar valorados en 2.300 euros, cantidad que Citifin adelantó a Promociones Casarente con la intención de cobrársela posteriormente a la persona que supuestamente había realizado la compra. Pero en este caso, como en el resto, no pudo recuperar el dinero.

La pérdida global para la financiera ascendió a 370.000 euros, cantidad que abarca 160 operaciones que tenían un valor medio de unos 2.300 euros.

El juicio de esta causa había sido fijado en un primer momento para mayo del pasado año, pero entonces se suspendió la vista. Hubo un nuevo señalamiento para este martes, pero finalmente la Fiscalía de Badajoz alcanzó un acuerdo previo con María de los Ángeles Jiménez, Antonio Lena Martín, Niobe Sánchez Casimiro y Jenaro García Fernández, que representan la defensa de los acusados. Todos ellos lograron una sustancial rebaja en la pena, por lo que la condena que impondrá la Audiencia Provincial de Badajoz se fijará en 10 meses y 15 días de prisión para cada uno de los acusados, además del pago de una multa de 405 euros (deberán pagar 3 euros diarios durante cuatro meses y 15 días).

Los letrados han confirmado que en ese mismo acuerdo se indica que la responsabilidad civil derivada de estos hechos podrá ser reclamada por la financiera afectada en vía civil dado que no está personada en la causa penal por tratarse de una entidad que ha desaparecido tras ser absorbida por otra entidad de crédito.

Fuera de esta sentencia queda Luis Javier S. P., que está en busca y captura con la misma acusación. Será juzgado si se le localiza.

 

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