La condenada por estafar 7 millones en el IVA va a juicio de nuevo por blanqueo

Los hechos que ahora van a juicio están relacionados con dos cuentas bancarias relacionadas con Alba M. F. y con un segundo procesado que realizó múltiples extracciones de dinero por un valor superior al millón de euros.

La acusación se basa en dos cuentas bancarias abiertas en la entidad lusa Banif que estaban bajo el control real de la empresaria procesada, de quien se cree que utilizó a personas interpuestas y una sociedad que controlaba en Portugal (Comunikalba S.L.) para disponer en su beneficio de importantes sumas de dinero que obtuvo de la Hacienda estatal española presentando facturas inventadas de operaciones comerciales realizadas en Portugal.

De esa forma consiguió disponer en su beneficio de grandes cantidades de dinero entre los años 2007 y 2014, unos hechos por los que ya ha sido condenada a 19 años de prisión por la Audiencia de Badajoz.

En aquella sentencia se consideró probado que las supuestas compras realizadas por las empresas de Alba M.F. a trece empresas españolas no existieron. Es lo que se recogía en el informe del inspector jefe superior de la Oficina Antifraude, quien señaló que comprobaron la veracidad de esas compras contactando con Osborne Distribución y otras 12 empresas españolas que manifestaron carecer de documentación alguna referida a esas operaciones.

Pero en este caso no se juzga el fraude a la Agencia Tributaria sino el blanqueo del dinero obtenido. La acusación cree que en la primera de las cuentas investigadas esta empresaria obtuvo ingresos en concepto de «operaciones desde el extranjero» por un montante que ascendió a 947.515 euros, mientras que en la segunda cuenta bancaria fueron ingresados otros 180.000 euros, siéndole concedido además un préstamo por valor de 199.812 euros.

En el escrito de acusación se indica que esas dos cuentas bancarias fueron descapitalizadas «progresivamente» mediante operaciones realizadas con otras cuentas bancarias domiciliadas también en la entidad bancaria portuguesa Banif, dificultando de ese modo que las autoridades tributarias y fiscales descubrieran el origen ilícito de los fondos.

Para conseguir su objetivo, Alba M.F. dispuso como persona autorizada en una de las cuentas a un ciudadano portugués sin antecedentes penales que utilizó una tarjeta de débito para realizar sucesivos reintegros bancarios y extracciones en cajeros automáticos, razón por la que también se acusó a este hombre de blanqueo.

La Fiscalía cree que estos hechos constituyen un delito continuado de blanqueo de capitales de los que considera autores a la empresaria portuguesa y a Ricardo J.F.L.D., el hombre que utilizó para sacar el dinero.

Para Alba M.F. se solicitan tres años de prisión y multa del triplo del valor de los bienes, mientras que para el segundo acusado la petición es de dos años de cárcel y multa del doble del valor de los bienes.

En ambos casos se solicita que sean inhabilitados para ejercer la actividad mercantil o empresarial y para la administración de empresas. Durante cinco años la empresaria y en dos años el segundo procesado.

El Ministerio Público también solicita que los acusados indemnicen como responsables civiles directos a la Hacienda Pública: la empresaria debería devolver 1.127.515 euros y Ricardo J.F.L.L. otros 947.515 euros. También se hace responsable civil a la empresa Comunikalba Lda. de la cantidad de 180.000 euros.