Al banquillo por estafar y dejar en la ruina a un empresario hortofrutícola de Gévora
Los responsables de la empresa que dejó la deuda aceptan pagar, pero el abogado que le gestionó la garantía de cobro rechaza ser culpable
Perdió su empresa hortofrutícola en Gévora, tuvo que vender su casa y a causa de las deudas con la Seguridad Social no cobra pensión y ... sobrevive con una paga de 263 euros que le abona la Junta de Extremadura. Esa es la descripción que realizó este miércoles José Luis Díaz, el abogado que representa a un hombre que ocho años después ser estafado en la venta de su cosecha recuperará parte del importe.
Su empresa vendió en septiembre de 2016 la totalidad de su producción de verduras y hortalizas a Integral Mundox S.L., con domicilio en San Cugat del Vallés. Para ello se hizo una factura proforma de 163.847 euros, aunque sólo fue entregada una parte de la cosecha. El resto, asegura el denunciante, también se perdió porque eran productos perecederos y no encontraron otro comprador.
Por esta venta fallida la Fiscalía pedía 4 años y 1 mes de prisión para los responsables de la mercantil catalana. Pero finalmente sólo ha sido condenado a 6 meses de prisión uno de sus socios, José Antonio M.M., quien se compromete a pagar 46.666 euros (3.000 euros en junio y el resto a razón de 300 euros mensuales.
También estaba acusada de estafa Ángeles V.G., aunque en su caso se retira la acusación penal y solo es condenada a título lucrativo a pagar 23.333 euros.
El tercer procesado es el responsable de una correduría de Badajoz que ofreció a la hortofrutícola una especie de póliza que se haría cargo de los pagos si la empresa compradora no cumplía sus obligaciones.
Esa 'carta de crédito' fue gestionada por un amigo del dueño de la hortofrutícola con el responsable de esa correduría, un abogado que dijo ser comercial de la correduría financiera internacional Polo Trade LTD. Este abogado les ofreció una carta de crédito del tipo 'standby letter credit', un instrumento de pago garantizado que se utiliza en operaciones internacionales.
La carta de crédito fue expedida por el banco austríaco Bank Winter de Viena por 163.847 euros, pero no fue aceptada por la entidad bancaria con la que iba a trabajar el empresario de Gévora, que era Banco Santander. Por esta razón, la garantía no se pudo hacer efectiva cuando se produjo el impago.
El banco se opuso
La Fiscalía cree que el abogado era consciente de que esa «póliza de aseguramiento» no existía, razón por la que pide que sea condenado por estafa. A esa acusación se opone el letrado del abogado, que pide la absolución.
En el juicio testificó el empresario hortofrutícola, quien dijo que él firmó un documento en inglés porque el amigo que gestionó ese 'seguro' le dijo que todo era correcto. También habló este amigo, quien afirma que cuando fue a la oficina de Banco Santander y habló con el director, éste le dijo que no había problema en aceptar este tipo de operaciones.
Sin embargo, el responsable de operaciones internacionales de Banco Santander en Extremadura aclaró en el juicio que cuando analizó la carta de crédito que envió Bank Winter rápidamente comprobó que esa cobertura sería incobrable, razón por la que fue rechazada. El problema surgió porque cuando el banco comunicó ese rechazo al amigo del empresario de Gévora (un miércoles) ya habían sido enviados varios camiones con hortalizas a la mercantil catalana.
El abogado que gestionó esa carta de pago reconoció en el juicio que tal vez fue «demasiado optimista» porque jamás pensó que Banco Santander no aceptaría esa carta de crédito, pero rechazó cualquier responsabilidad porque su cometido solo fue gestionar esa operación ante la correduría israelí.
«Mi papel se limitó a ser un mero tramitador», aclaró antes que insistir en que hizo esa gestión sin recibir comisión alguna. «Si el denunciante ha sufrido un daño es porque el comprador no pagó». «En todo caso, quien realmente debería estar sentada en el banquillo es la correduría israelí, no yo».
Tras el juicio, el Ministerio Fiscal mantiene la acusación de estafa simple y pide que el abogado abone los 11.469 euros que la hortofrutícola abonó en una cuenta que la correduría israelí tenía en Georgia.
Por su parte, el abogado de la acusación particular le reclama a este abogado los 163.847 euros de la operación total de compraventa y 50.000 euros por los daños y perjuicios causados.
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