El Ayuntamiento de Badajoz ofrece un acuerdo a las urbanizaciones para regularizarlas

Acceso a la urbanización Dehesilla del Calamón, una de las afectadas. :: /HOY
Acceso a la urbanización Dehesilla del Calamón, una de las afectadas. :: / HOY

Existen 19 núcleos urbanos secundarios (NUS), al que la nueva Ley del Suelo exige una tramitación compleja

Rocío Romero
ROCÍO ROMEROBadajoz

No son ilegales, pero tampoco legales del todo. Muchas de las urbanizaciones del extrarradio se encuentran en el limbo. La nueva ley del Suelo que prepara la Asamblea de Extremadura les da una posibilidad, pero es larga y tediosa desde el punto de vista administrativo. Por eso, el Ayuntamiento quiere ofrecer un pacto a 19 urbanizaciones, que superan las 2.000 viviendas.

Ese trato pasa por que el Ayuntamiento no exija las mismas condiciones a los propietarios que si estuvieran dentro de la ciudad y que estos, a su vez, descarten exigir el mantenimiento de sus calles al Consistorio. Quienes tienen la obligación de crear las calles y las conducciones son los promotores de las viviendas, así como ceder después espacios para las dotaciones públicas.El Consistorio exigiría menos condiciones en este sentido y, a cambio, los propietarios tendrían que unirse en una entidad de conservación y encargarse de sus calles. De esa forma, se evitarían todos los documentos urbanísticos que deben hacer con el proyecto de Ley que se tramita ahora en la Asamblea.

En realidad, esta opción es la que propone el Ayuntamiento a los vecinos, y la podría proponer para su incorporación a la Lotus (Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura). El concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, comparecerá hoy en la Asamblea para transmitir este problema.

En la ciudad existen 21 núcleos urbanos secundarios (NUS), de los que solo dos están regularizados. Son Cerro Gordo (que se tramitó por un PIR) y el Golf Guadiana (que salió adelante con la Ley de Oferta Turística Complementaria), el resto se encuentran en una situación irregular. Son Cerros Verdes, Bótoa, Calatraveja, Río Caya, Colonia Base Aérea, Tres Arroyos, El Caballo, Carretera de Sevilla, Campofrío, El Manantío, Dehesilla de Calamón, Campomanes,Carretera de Valverde, Los Pinares, El Plantío, Corazón de Jesús, El Mercadillo, La Corchuela y Dehesa de la Corchuela.

La nueva Ley aún por aprobar crea la figura del asentamiento en suelo rústico, a la que se podrían acoger estos núcleos. Pide en primer lugar que la ciudad redacte un plan territorial, en segundo lugar que apruebe un plan especial de ordenación del territorio y, en tercer lugar, un plan de asentamiento de cada urbanización. Para el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, se trata de una tramitación compleja y muy larga en el tiempo que no responde a las necesidades de estos vecinos.

Ante este proyecto de ley, el Ayuntamiento contratará una asistencia técnica con expertos de distintas áreas para que hagan un análisis y una propuesta de viabilidad. El objetivo es buscar una solución pronto, por lo que encargarán el estudio con cargo a los presupuestos de 2018 aún por presentar.

Además, la nueva Ley plantea gravar la propiedad con un pago anual del dos por ciento del valor catastral después de la aprobación del plan territorial.

Una muestra de que estas casas se encuentran al margen de la Ley es que el Ayuntamiento no concede licencias de construcción en estas urbanizaciones desde el año 2007. Incluso, en parcelas que están urbanizadas y que lindan con otras donde existen viviendas. A partir de entonces solo dio el visto bueno a expedientes iniciados con anterioridad a ese año, que es cuando se aprobó el Plan General Municipal y que no contribuyó a regularizarlas.

De hecho, cinco de esos núcleos (El Corzo, Atalaya, Río Caya, Tres Arroyos y Dehesilla de Calamón) trataron de normalizar su situación en los años 90 con la figura de 'área de admisibilidad residencial' del plan general de ordenación urbana de 1989. El Ayuntamiento los autorizó, pero la Ley del año 2001 (Lstoex) les obligó a reformular un plan especial a cada uno de esos cinco y, finalmente, quedaron sin validez en la aprobación del Plan General Municipal de 2007.

Entre los problemas que tienen estos vecinos es que carecen de redes de saneamiento de aguas, por lo que vierten en fosas sépticas que pueden generar problemas de salubridad. En algunos casos los viales son estrechos para vehículos de emergencias.

A pesar de todo esto, se produce una contrariedad, dado que Catastro les obliga a pagar el IBI como propiedades urbanas.

Segundas residencias en los años 70
El concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo / HOY

Estas urbanizaciones nacieron en los años 70 a raíz de la Ley del Suelo de 1976 y una regularización de dos años después. Estas normas permitían la construcción aislada de edificaciones que no terminaran en núcleos fijos de población. En su origen eran segundas residencias donde la gente iba a pasar los fines de semana y, por tanto, no requerían de los mismos servicios que si estuvieran dentro del casco urbano, como saneamiento de aguas o centros escolares.

Precisamente eso fue lo que no se controló en los años 70, que esas construcciones aisladas no terminaran formando parte de urbanizaciones. «Ahora son 19 pueblos alrededor de la ciudad», dijo ayer el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo.

Para darle una respuesta, el plan general de 1989 creó las áreas de admisibilidad residencial, una figura que la Ley de 2001 no reconoció a pesar de que cinco urbanizaciones se habían constituido como tales. Desde 2001 se les obliga a realizar un plan especial para suelo urbanizable no consolidado. Ninguna lo ha hecho y las áreas de admisibilidad residencial fueron anuladas. La nueva Ley (LOTUS), ahora en tramitación, pide un nuevo proceso que es largo y tedioso, según Rodolfo. Cree que no es la solución.

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