Las defensas piden la nulidad de la causa contra los acusados de defraudar siete millones en IVA

La Audiencia de Badajoz ha decidido aplazar a febrero el juicio que iba sentar en el banquillo a una empresaria portuguesa, a su madre y al propietario de una empresa recuperadora de IVA, para los que se piden seis y 23 años de cárcel por defraudar casi siete millones.

Esa decisión fue adoptada después de que el abogado de la empresaria, Marcos García Montes, y el letrado de su madre, Fernando Cumbres, plantearan varias cuestiones que podrían ser determinantes. García Montes habló del derecho a que un procesado no sea enjuiciado dos veces por un hecho dado que su representada se enfrenta a otra causa en la que está siendo investigada por la construcción de un chalé de lujo en Portugal, una obra en la que habría utilizado parte del dinero defraudado a la Hacienda española. En su opinión, ambas instrucciones deberían unirse y eso provocaría la nulidad del procedimiento.

Sobre este particular, el representante del Ministerio Fiscal indicó que la Audiencia de Badajoz ya ha rechazado cerrar la otra causa y recordó que esa otra investigación afecta a una empresa diferente a las que aparecen en la causa que ayer iba a juicio.

Fernando Cumbres, por su parte, habló de un posible conflicto de competencias al entender que la Audiencia de Badajoz no debe juzgar el caso que ayer iba a ser visto en sala porque la cantidad supuestamente defraudada rebasa los siete millones (si se incluyen los intereses y la multa de 15 millones que solicitan las acusaciones). «Superar los siete millones otorgaría las competencias a la Audiencia Nacional, pero es que además se trata de un delito que se cometió en Portugal y que afecta a territorios pertenecientes a más de una audiencia provincial, cuando menos Álava y Badajoz».

La Fiscalía y la abogada del Estado también se opusieron a esta segunda cuestión argumentando que el nexo de todos los delitos investigados son tanto el domicilio de la principal acusada, que se encuentra en Badajoz, como las cuentas bancarias en las que se ingresó el dinero, abiertas en una oficina bancaria de la capital pacense.

También fueron planteadas varias cuestiones relacionadas con la prescripción de algunos de los ejercicios fiscales investigados (2005 porque este delito prescribe a los cinco años y la denuncia fue presentada en 2011, y los ejercicios de 2006 a 2008 porque en un primer momento no se denunció a personas concretas).

Todas las cuestiones esgrimidas por las partes fueron analizadas por el tribunal en un pequeño receso. Después, su presidente anunció que ante la dificultad para dar una respuesta inmediata realizarán un análisis más detallado y expondrán sus conclusiones en un auto la próxima semana.

José Antonio Patrocinio dijo que no era conveniente celebrar el juicio hasta que queden aclarados todos esos asuntos y también consideró conveniente buscar una nueva fecha porque uno de los peritos de la Agencia Tributaria, clave en la investigación, no podría comparecer este jueves porque se encuentra aislado por covid.

Para los dos abogados que defienden a la empresa recuperadora de IVA, este nuevo retraso supone un inconveniente puesto que ambos tienen el objetivo de conseguir una sentencia absolutoria que termine con las sospechas que pesan sobre esa firma radicada en el País Vasco.