Dos años y ocho meses de prisión para los gestores del Área de Servicio San Martín de Badajoz

Área de Servicio San Martín, en el polígono industrial El Nevero. :: hoy/
Área de Servicio San Martín, en el polígono industrial El Nevero. :: hoy

La Audiencia los halla culpables de los delitos de falsedad contable, falsificación y contra la Hacienda Pública, y deberán devolver casi 700.000 euros

Evaristo Fdez. de Vega
EVARISTO FDEZ. DE VEGABadajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto una condena de dos años y ocho meses de prisión a los hermanos Sergio y Daniel M. S. M. después de considerar probado que durante los años que gestionaron la empresa Área de Servicio San Martín cometieron un delito contra la Hacienda Pública, un delito de falsedad contable y un delito de falsificación de documento.

El fallo, que no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo, confirma que se apropiaron de casi 700.000 euros, pero en este caso no castiga el delito de apropiación indebida porque el Código Penal determina que los conflictos entre familiares -en este caso los perjudicados son su padre y sus hermanos- deben ser dirimidos en la vía civil para evitar que una intervención judicial «traumática», con penas de cárcel, pueda dificultar una reconciliación futura.

Esta excusa absolutoria ya fue aplicada por la Audiencia de Badajoz al comienzo del juicio. Entonces, el tribunal consideró que los hechos habían prescrito y que no tenía sentido juzgar el delito de apropiación indebida por la vía penal porque cuando existen relaciones de parentesco el conflicto debe dilucidarse en los juzgados civiles.

Pero aquella decisión inicial fue recurrida por las acusaciones, que vieron reconocidas sus pretensiones cuando el Tribunal Supremo se pronunció en las dos cuestiones fundamentales: por una parte, que los supuestos delitos no habían prescrito; y por otra, que ese presunto parentesco entre los acusados y las víctimas debería ser sometido a juicio porque entonces no se sabía con total certeza quiénes eran los verdaderos propietarios de la sociedad que había resultado perjudicada.

Ese auto motivó el juicio que ahora se traduce en una sentencia en la que no se condena el delito de apropiación indebida, aunque sí se obliga a los encausados a devolver los 688.164 euros que tomaron para sí del Área de Servicio San Martín, una gasolinera con restaurante de Badajoz, situada junto a la carretera de Campomayor, en la que el padre de los condenados poseía el 65% de la propiedad, apareciendo también como socios su esposa y sus cuatro hijos.

Esa sociedad formaba parte de un grupo empresarial familiar al que también pertenecían European Transport S. L., Transporte de Mercancías José Sánchez Morales S.L. y Cisternas y Lavados Badajoz S. L.

Hasta 1996, el padre era el responsable único de la gestión de ese grupo de empresas, pero ese año cedió el control a dos de sus hijos, Sergio y Daniel, considerados por la Audiencia los gestores «de hecho y de derecho» durante los años investigados.

En un primer momento, el padre no dudó de las gestión que realizaron, pero cuando sus hijos le pidieron «todas las participaciones de la empresa» se percató de que «se llevaban todo el dinero y no dejaban más que deudas», por lo que decidió hacer una auditoría. Supo así que la situación real no era la que creía y averiguó que el local de Cisternas y Lavados Badajoz S. L. no lo habían puesto a nombre de sus cuatro hijos sino sólo a nombre de Sergio y Daniel.

En 2004 el caso se judicializó y 14 años después ha quedado probado que entre los años 1998 y 2001 estos dos hermanos ocultaron ventas realizadas en el área de servicios, eludieron el pago de tributos y generaron un pasivo ficticio contabilizando supuestas aportaciones de dinero en efectivo que no se correspondían con la realidad.

Créditos inexistentes

En concreto, los condenados simularon aportar dinero a la tesorería del Área de Servicio San Martín, creando de ese modo créditos a su favor y disponiendo de una parte de esos créditos a través de Cisternas y Lavados Badajoz S. L., una sociedad de la que poseían su total control patrimonial.

También generaron pasivos inexistentes reconociendo créditos irreales a favor de proveedores portugueses que no existían y en favor de otras sociedades del grupo familiar a las que traspasaron fondos.

Los acusados detrajeron de las cuentas del área de servicio 6.806 euros en el ejercicio 1999 al declarar y contabilizar compras de carburante superiores a las realmente efectuadas. Y en el período 1998-2001 ocultaron ventas reales que quedaron al margen del control societario y tributario por un importe de 1.261.548 euros, atribuyendo 288.485 euros a aportaciones ficticias de efectivo realizadas por supuestos terceros.

En esos mismos períodos se produjeron múltiples entradas y salidas de efectivo entre el Área de Servicio San Martín y las otras empresas del grupo a través de un sistema de caja única en el que se realizaron operaciones ficticias de préstamo.

Para llegar a esas conclusiones, el tribunal ha tenido en cuenta los datos aportados por el auditor, que analizó «día por día» los apuntes del área de servicio en un período de dos años. En ese trabajo se encontró con la dificultad de que no existía una contabilidad impresa, pero finalmente pudo «afinar» con la cifra de compra de combustibles porque los datos fueron aportados por las compañías suministradoras: Repsol IPF, Shell España y Kuwait.

Ese dato lo cruzó con las ventas declaradas, detectándose de ese modo las ventas no declaradas, que fue cifrada por el perito judicial en 54.125 euros.

Por este motivo se considera probado que cometieron un delito contra la Hacienda Pública, puesto que no declararon los beneficios realmente obtenidos y eso hizo que no pagaran 122.296 euros en concepto de impuestos. Esa cantidad, más los intereses de demora, deberán devolverla a la Agencia Tributaria.

Por este primer delito se impone un año y un mes de prisión para cada uno de los condenados, que también son castigados con otro año de prisión por el delito de falsedad contable. Además, la sentencia considera probado que también cometieron un delito de falsificación en documento mercantil porque cuando en el año 2004 fueron denunciadas las irregularidades en la gestión de la sociedad y se abrieron diligencias de investigación, los dos condenados «confeccionaron diversos documentos de reconocimientos de deudas inexistentes» fechándolos en cuatro años distintos a pesar de que fueron realizados de forma coetánea.

Falsificación de documento

A esta conclusión se ha llegado después de que un perito calígrafo confirmara que el papel, el bolígrafo y la tinta utilizados eran idénticos. «Nunca pudieron extenderse (esos documentos) a lo largo de cuatro años puesto que la humedad de la tinta, el chorro, la letra, el ordenador y la grafología eran invariables al microscopio». Para este tercer delito el tribunal impone una pena de siete meses de prisión.

La sentencia indica por último que la indemnización que deben abonar al Área de Servicio San Martín debe ser pagada de forma conjunta y solidaria por los dos acusados, existiendo una responsabilidad civil subsidiaria por parte de European Transport S. L.

Esta sentencia ha sido dictada en primera instancia pero contra ella ya se ha presentado un recurso de casación que deberá ser resuelto por el Tribunal Supremo.

 

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