Dos años de cárcel por ocultar pagos en negro en una promoción de viviendas

Sede de la Agencia Tributaria en Badajoz. :: hoy/
Sede de la Agencia Tributaria en Badajoz. :: hoy

Los condenados vendieron 11 inmuebles en Las Palmas por un precio superior al que declararon en el impuesto de sociedades

Evaristo Fdez. de Vega
EVARISTO FDEZ. DE VEGABadajoz

El Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz ha impuesto una pena de dos años de cárcel a los administradores de una sociedad mercantil de Monesterio (Badajoz) que cometieron un delito contra la Hacienda Pública al escriturar la venta de 11 viviendas por un valor inferior al que realmente pagaran los compradores.

Ese procedimiento se inició cuando la delegada especial de la Agencia Estatal de la Agencia Tributaria en Extremadura (AEAT) denunció ante la Fiscalía de Zafra la existencia de este presunto delito. Desde la Fiscalía se incoó un procedimiento y los hechos terminaron siendo investigados por Juzgado de Instrucción número 2 de Zafra.

En la sentencia queda probado que Manuel M. C. y Francisco H. M. eran los administradores solidarios de la mercantil Gex Hipotecaria S.A., con domicilio en Monesterio (Badajoz), cuando se pusieron de acuerdo para presentar una declaración del Impuesto de Sociedades que no se correspondía con la realidad. Para ello, alteraron los datos ocultando parte de los resultados económicos de la mercantil.

Los pagos ocultos fueron de 600.000 euros y también declararon gastos falsos por 87.739 euros

La mayor parte del dinero oculto se correspondía con pagos que realizaron los compradores de las viviendas pero que no figuraron en los documentos oficiales. Esos sobreprecios que no figuraban en las escrituras afectaban a una promoción de viviendas levantada en Costa Papagayo, cuyas playas pertenecen al municipio de Yaiza (Las Palmas).

En la sentencia queda probado que las ventas se realizaban en un documento privado por un importe mayor al que figuraba en la escritura pública notarial de venta. Con posterioridad, esa cantidad escriturada era la que se trasladaba a la declaración del impuesto de sociedades, por lo que se reducía de forma importante la cantidad que la sociedad abonaba a la Agencia Tributaria.

El juzgado ha confirmado que este sistema se utilizó en la venta de 11 inmuebles distintos. Todos ellos fueron escriturados en 180.000 euros cuando en realidad los compradores pagaron entre 225.000 y 240.000 euros por sus viviendas. «Los sobreprecios no declarados hacen la cantidad total de 596.684 euros», se explica en el fallo.

Gastos ficticios

Ha quedado acreditado también que en la declaración del Impuesto de Sociedades se hicieron constar gastos ficticios por un importe de 87.739 euros. Para ello, se incluyeron supuestos pagos a Inversiones Maritimar S. L. que no obedecían a la prestación de ningún servicio.

Como consecuencia de los ingresos no declarados y de los gastos ficticios detectados, Gex Hipotecaria S. A. defraudó una cantidad global de 238.148 euros, cifra que se obtuvo al aplicar el tipo marginal del impuesto (35%) a los 596.684 euros de ingresos no declarados y a los 87.739 euros de gastos falsos.

El juzgado considera que esas operaciones en las que se establecía un precio real superior al declarado quedaron probadas en el juicio por las distintas declaraciones testificales de los propios acusados y por los informes de la Agencia Tributaria.

En cuanto a los gastos ficticios, el informe del jefe del equipo de inspección de la Inspección de Hacienda del Estado indicó que se encontraron indicios que demuestran que se emitieron facturas falsas. Además, la Unidad de Selección y Planificación F8 de la Delegación Especial de Andalucía señaló que los datos no cuadran con los aportados por los proveedores. «La facturación de Inversiones Maritimar S. L. no se corresponde ni con el objetivo de la actividad ni con la cifra de negocio, dado que se trata de una empresa sin actividad, sin compras y sin personal».

Uno de los condenados dijo que esa sociedad actuaba como intermediaria en la compra de terrenos en Almensilla (Sevilla), recibiendo en concepto de honorarios el 1% del valor de las transacciones. Pero el juzgado no ve creíble esa justificación porque con la aplicación de ese porcentaje debería haber intermediado en la compra de terrenos valorados en 10 millones de euros, unas supuestas adquisiciones que no quedaron acreditadas en el jucio.

Con estos razonamientos, el juzgado condena a los encausados por un delito contra la Hacienda Pública para el que impone dos años de prisión y el pago de una multa de 476.296 euros que, en el hipotético caso de que no sea abonada, se transformará en seis meses de cárcel.

A los condenados también se les prohíbe obtener subvenciones o ayudas públicas y gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años.

Manuel M. C. y Francisco H. M. también deberán abonar de forma solidaria a la Hacienda Pública del Estado 238.148,05 euros (más los intereses de demora), una cantidad de la que se hace responsable civil a Gex Hipotecaria S. A.

La sentencia no es firme y puede ser apelada ante la Audiencia Provincial de Badajoz.