La plataforma de El Campillo: «No queremos tener un segundo cubo»

Antón, Gamero, Rico y Teijeiro en la rueda de prensa ayer. :: j. v. a./
Antón, Gamero, Rico y Teijeiro en la rueda de prensa ayer. :: j. v. a.

Los colectivos que se oponen al actual plan de urbanización de la zona piden al Ayuntamiento que pare el proyecto por considerarlo ilegal

N. R. P.

En 2016 se terminarán 55 viviendas proyectadas en la zona de El Campillo, junto a la Plaza Alta. Se trata de un proyecto de la Inmobiliaria Municipal que creará una urbanización con chalets unifamiliares. El proyecto es del Ayuntamiento, pero cuenta además con el apoyo de la Junta y fondos europeos. Frente a esta idea se ha creado una plataforma que asegura que el planteamiento es ilegal y que teme que derive en problemas judiciales.

«No queremos un cubo 2», resumió ayer Javier Teijeiro, de la nueva plataforma. Según este arquitecto, el proyecto supone una ilegalidad, entre otros motivos, porque indica que el Consistorio ha demolido casas de la zona sin el permiso de los organismos que protegen el patrimonio, y defiende que lo necesitan por estar cerca de la zona monumental, por ejemplo, a solo 14 metros de la Torre de Espantaperros.

Lo que más molesta a los nueve colectivos que integran la plataforma (Amigos de Badajoz, Asociación Cívica Ciudad de Badajoz, Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, Plataforma pro Mercado de Abastos, Iniciativa pro Campillo, Adenex, Círculo Pacense, Asociación de Vecinos Margen Derecha del Guadiana y Plataforma Salvar el Parque de la Ascensión) es que se construya una urbanización que tapa la actual parcelación de la zona. También denuncian que estropeará la vista del Casco Antiguo al incluir unifamiliares iguales en un paisaje marcado por las casas singulares.

Teijeiro aseguró en una rueda de prensa ofrecida ayer que el proyecto contradice tres normativas: la Ley de Patrimonio Histórico Español, La Ley de Patrimonio de Extremadura y la normativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Badajoz. Por el momento, sin embargo, no tomarán medidas judiciales. Su objetivo es que el Ayuntamiento pare el proyecto y negocie. Quieren que se plantee desde el principio contando con la participación ciudadana. Para ello han dirigido un escrito, tanto al Consistorio como a la Dirección General de Patrimonio de la Junta y la Comisión Provincial de Patrimonio.

Ayer, en la rueda de prensa, tres miembros de la plataforma defendieron cada uno por qué esta urbanización viola las tres leyes que defienden. En primer lugar, Ángel Gamero indicó que la ley nacional no permite realizar obras en los monumentos sin autorización expresa de los organismos competentes, por ejemplo, las demoliciones.

Juan Antón, por su parte, defendió que la ley extremeña defiende que el volumen, la morfología o el cromatismo de las intervenciones en el entorno de los monumentos no puede alterar el carácter de los mismos. Por último, José Antonio Rico destacó que el PGOU pacense específica que no se debe alterar el perfil del cerro de la Muela por atentar contra el paisaje de la Alcazaba.