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Federico Méndez y Pedro Sánchez, ayer en la puerta de la recaudación municipal::
Las urbanizaciones del extrarradio pacense se organizan para reclamar el IBI rústico

Las urbanizaciones del extrarradio pacense se organizan para reclamar el IBI rústico

Aseguran que pueden beneficiarse porque el Ayuntamiento no les reconoce que tengan el plan de desarrollo urbanístico aprobado

Rocío Romero

Sábado, 5 de julio 2014, 00:24

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17 barrios del extrarradio están analizando si pueden beneficiarse de la sentencia del IBI que recientemente dictó el Tribunal Supremo. En ella determinó que la fundación Dolores Bas no tiene por qué abonar el IBI urbano por unos terrenos aún sin urbanizar en el Nevero. Al no tener aprobado el instrumento urbanístico que permitiría su desarrollo, puede seguir pagando el impuesto correspondiente a rústico aunque en esos terrenos se pueda construir en el futuro.

Los barrios periféricos se unieron hace meses en una plataforma para reclamar que les bajaran el IBI, dado que lo consideran demasiado alto teniendo en cuenta que en estas urbanizaciones carecen de servicios municipales básicos, como la recogida de basura, el suministro de agua, el alumbrado o el asfaltado de calzada y aceras. En esta agrupación se integran urbanizaciones grandes, como Tres Arroyos (750 familias) o Campomanes (450).

Ahora, la plataforma encabezada por Pedro Sánchez cree que pueden beneficiarse de la sentencia y ya han concertado una cita con el abogado pacense que ganó el caso, Luis Díaz Ambrona, para reclamarlo.

«La sentencia ha causado mucha expectación en estos barrios», explica. Sobre todo, en estas semanas que el impuesto se encuentra al cobro. «El Ayuntamiento considera que ninguna de estas urbanizaciones tiene aprobado el plan parcial que permitiría su desarrollo. Entonces, somos terrenos rústicos», razona. De esta forma, argumenta Pedro Sánchez, los 2.961 titulares integrados en la plataforma podrían acogerse al dictamen del Supremo.

El representante de la plataforma hace memoria con el recibo que debe abonar cada año por su casa en la Dehesilla del Calamón. Hace diez años, pagaba 400 euros por este impuesto municipal. Desde hace unos años, abona 1.400 euros.

«Es un impuesto muy desproporcionado, porque se lleva el 10 o el 15% de los ingresos familiares anuales. Incluso, tengo vecinos pensionistas que deben dedicar una paga y media a este impuesto», critica.

Fragoso: «Si tenemos dudas, se suspende el recibo»

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  • «No es un problema municipal, ni siquiera de la Dirección General de Catastro Provincial. Es un problema de la Dirección General de Catastro de todo el país». Lo afirmó ayer el alcalde, Francisco Javier Fragoso.

  • «Lo que podemos hacer desde el Ayuntamiento es lo que hemos hecho en la mayoría de los casos dejar en suspenso el cobro de los recibos que se reclaman», destacó el regidor. Son los afectados quienes deben pedir a la Hacienda municipal la paralización del recibo. No es algo que realice el Ayuntamiento a iniciativa propia.

  • Asegura que muchos titulares llevan años pidiendo la suspensión del recibo.

  • Fragoso justificó que la sentencia que ganó en el Supremo la Fundación Dolores Bas se dirige contra una valoración de Catastro y no contra el Consistorio.

  • «Nosotros solo podemos tramitar el recibo que Catastro nos da y poner el tipo impositivo que corresponde. Hacer cualquier otra cosa sería ilegal y prevaricar», se defendió.

  • El alcalde añadió que Catastro debe aún tomar una decisión que siguen analizando porque posiblemente tendrá repercusiones en otros municipios del país.

En el mismo sentido se pronuncia el representante de Malasarada (66 familias, en las inmediaciones de la carretera de Valverde). Federico Méndez ha pedido ya la suspensión del cobro de este impuesto al Ayuntamiento hasta que Catastro tome una decisión. «Ahora mismo no están recaudando, están confiscando», afirma. En su caso, adquirió la vivienda cuando ya estaba inscrita en Catastro y abona algo más de 500 euros anuales. Sin embargo, asegura que hace unos años abonaba una cantidad simbólica que rondaba los 10 euros.

Desde otra de las urbanizaciones, Campo Pinos (188 parcelas), Víctor Gajardo, explica que a ellos también les subió el impuesto con la ponencia de 2009. Esta actualizó el valor de los terrenos que el PGM de 2007 calificaba como urbanizables. Antes, abonaba 15 euros al año. Ahora, tiene que hacer frente a un recibo superior a los 200 euros que corresponde a una de 188 partes en las que se divide la urbanización. Hay vecinos suyos que tienen que desembolsar más de 400 euros. «Haremos lo que decida la plataforma», añadió.

Desde el Corazón de Jesús, sin embargo, están más preocupados por que el Ayuntamiento les permita conectarse a la depuradora de aguas residuales que construyó el propio Consistorio hace unos años. «Al no estar desarrollados urbanísticamente para el Ayuntamiento, no nos dan las licencias que necesitamos para hacer las obras», lamenta Jorge Navarro, administrador de la comunidad de vecinos.

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