Un sindicato policial pide que se creen grupos específicos de lucha contra los delitos graves en Almendralejo

Un agente de la Policía Nacional en un incendio. :: g. c./
Un agente de la Policía Nacional en un incendio. :: g. c.

Alternativa Sindical de Policía dice que la falta de agentes hace «imposible dedicarse a su prevención y persecución»

GLORIA CASARES

La organización Alternativa Sindical de Policía cree que sería necesario crear grupos específicos para la lucha contra los delitos graves como el tráfico de drogas y la trata de seres humanos. Este sindicato policial ha dado a conocer su propuesta, ya comunicada a los responsables policiales, después de que se haya publicado esta semana la existencia de un punto caliente de trata de mujeres en la localidad de Almendralejo.

Además, consideran prioritario aumentar la plantilla en la Comisaría Nacional de Almendralejo, ya que, dicen, es «la más castigada de toda la región en cuanto a dotación de personal». El sindicato recuerda que «llevan años reivindicando de forma insistente una actualización e incremento de personal. Califica «la situación de tan grave que no es posible establecer unos servicios mínimos de forma continuada», ya que, apuntan en una nota de prensa, no hay personal suficiente para realizar las funciones básicas que la legislación encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por ello, consideran que es «humanamente imposible dedicarse a la prevención y persecución de delitos graves».

El pasado mes de octubre, Alternativa Sindical de Policía se reunió con la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, y le presentó un proyecto de modernización del Cuerpo Nacional de Policía para Almendralejo.

El proyecto, dice el sindicato, justificaba la necesidad de incrementar la plantilla en 42 funcionarios, que son los que el sindicato estima «necesarios para garantizar unos niveles asumibles de prevención e investigación del delito» en la ciudad.

El proyecto pretende, además, crear grupos específicos para la lucha contra los delitos graves, así como garantizar una determinada presencia policial en las calles durante las 24 horas del día y mantener la calidad en el servicio de atención al ciudadano.

Sin embargo, su puesta en marcha, dicen, necesita de voluntad política para conseguir un nivel adecuado de seguridad.