Condenada a un año y medio de cárcel por cobrar durante 9 años la pensión de su abuela fallecida

Palacio de Justicia de Mérida, donde se celebró el juicio. :: hoy/
Palacio de Justicia de Mérida, donde se celebró el juicio. :: hoy

La Audiencia Provincial considera responsable civil al banco por no avisar a la Seguridad Social del engaño

Juan Soriano
JUAN SORIANO

Un año y medio de prisión para una mujer de Almendralejo que estuvo casi nueve años cobrando la pensión de su abuela fallecida. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial también ha condenado al banco que recibía los pagos al estimar que incumplió con su obligación de avisar a la Seguridad Social de que la titular de la prestación había muerto.

La sentencia, del pasado mes de marzo y que puede ser recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, considera como hechos probados que la acusada, con ánimo de enriquecerse de forma ilícita, continuó cobrando la pensión contributiva de incapacidad permanente de su abuela tras su fallecimiento en octubre de 2008. La mujer, que en ese momento tenía 42 años, disponía de la prestación una vez era ingresada en la cuenta que la perceptora tenía en la sucursal de una entidad financiera de Almendralejo, de la cual la procesada era cotitular.

El cobro indebido se prolongó hasta el 28 de febrero de 2017, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social interrumpió los pagos.

Entre noviembre de 2008 y febrero de 2017 la encausada percibió indebidamente 68.398,87 euros. La entidad financiera devolvió a la Seguridad Social antes del juicio un total de 33.675,60 euros correspondientes a los últimos cuatro años de pagos tras el requerimiento realizado por el ente público.

En el juicio la acusada reconoció los hechos y se mostró conforme con la petición de pena de la Fiscalía por un delito de estafa en cantidad de elevada cuantía. Sin embargo, la entidad financiera a la que se solicitaba que asumiera de forma subsidiaria la responsabilidad civil, lo que implicaba que tenía que pagar el dinero que faltaba por devolver en caso de que la mujer no pudiera hacerlo, pidió la absolución.

Culpa del banco

La Audiencia Provincial recordó en el fallo que una orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del año 1996 obliga a las entidades pagadoras a comunicar al órgano gestor, al menos una vez al año, la pervivencia de los titulares de aquellas pensiones y demás prestaciones periódicas que vengan satisfaciendo mediante abonos en cuenta. Para ello, podrá contar con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social.

La sentencia recoge que este procedimiento es habitual. Sin embargo, «sorprende que en este caso no se hiciera durante casi nueve años, máxime cuando los empleados de la entidad financiera tenían conocimiento de que quien operaba en el banco no era la titular de la pensión, sino su nieta que estaba autorizada».

Para la Audiencia Provincial, el delito de estafa se produjo gracias a que la entidad financiera no cumplió con el deber de comprobar que la perceptora de la pensión seguía viva. «Los empleados de la entidad financiera incumplieron dicha obligación, motivo por el que la acusada pudo seguir cobrando la pensión durante casi nueve años», añade.

Por ese motivo, considera al banco responsable civil subsidiario de la indemnización de 34.723,27 euros que la acusada deberá abonar a la Seguridad Social, sin perjuicio de que posteriormente pueda reclamar a la mujer condenada el abono de esa cantidad.