El juez de los presuntos amaños de Cofely cree que en Almendralejo «iban a repartirse 180.000 euros»

El exalcalde de Almendralejo declaró en enero en la Audiencia Nacional:: HOY/
El exalcalde de Almendralejo declaró en enero en la Audiencia Nacional:: HOY

El dinero de los contratos «adjudicados por los ayuntamientos retornaba a los mismos responsables políticos impulsores de las licitaciones»

E.P.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón cree que en Almendralejo «iban a repartirse supuestamente otros 180.000 euros» en el marco de la trama de contratos de eficiencia energética «amañados».

Así lo explica el juez en el auto por el que reordena la pieza separada sobre el fraude de los contratos a Cofely, en el que sostiene que cinco exalcaldes de municipios madrileños investigados dentro del 'caso Púnica', tres de ellos del PP, uno del PSOE y otro de un partido independiente, podrían haberse repartido presuntamente un millón de euros con contratos millonarios «amañados» de eficiencia energética, cuyo dinero retornaba a los responsables políticos que habían impulsado las licitaciones.

En la resolución, detalla cómo operaba la trama para amañar contratos con ayuntamientos de toda España, entre ellos varios madrileños y también en el de Almendralejo. El exalcalde de la localidad, José García Lobato, declaró en enero en la Audiencia Nacional que el concurso para adjudicar un contrato de eficiencia energética a Cofely fue legal y transparente, y negó cualquier amaño. García Lobato acudió a la Audiencia Nacional en compañía de dos de sus concejales, Luis Alfonso Merino y Carlos González, todos investigados en la causa.

«Estos contratos incluían cláusulas que obligaban a la compañía a abonar partidas sospechosas a terceras empresas», recoge el documento judicial, que añade que supuestamente eran gastos generados por «los trabajos que había necesitado el departamento de 'back office' para poder llegar a ganar esa adjudicación» y que eran «conceptos ficticios» con «la finalidad de desviar fondos de la adjudicación».

Las 'auditorías' eran abonadas a Ruta Energética, vinculada a David Marjaliza, y a Consultoría Lumínica, de un tercer proveedor que esos fondos que salieron de Cofely, mediante «facturas falsas justificadas por capítulos ficticios». Esto, según el juez, sirvió para que parte del dinero de los contratos de eficiencia energética adjudicados por «los ayuntamientos retornara a los mismos responsables políticos que habían impulsado las licitaciones».

El magistrado enumera los entonces alcaldes 'populares' que recibieron mordidas. Así, expone que «el exalcalde de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada (PP) recibió presuntamente 30.000 euros; el exregidor de Alcalá de Henares Bartolomé González (PP), 60.000 euros; el de Serranillos del Valle de aquella época, Antonio Sánchez, (entonces del partido independiente UDMA), había pedido 25.000; el de entonces Collado Villalba, Agustín Juárez (PP), tenía comprometidos otros 400.000; el de Parla, José María Fraile (PSOE), pactó 500.000, y en Almendralejo iban a repartirse supuestamente otros 180.000, por ejemplo».

«El propio Marjaliza confesó que repartió personalmente el dinero que Cofely pagó a sus empresas instrumentales entre esos y otros cargos públicos», agrega el auto judicial.

Ramírez lamenta la lentitud de la justicia

El actual alcalde de Almendralejo, el socialista José María Ramírez, ha señalado que los datos que se van conociendo sobre el caso «se estaban viendo venir» y que «no pinta bien» para la anterior corporación. No obstante, Ramírez ha señalado que respeta la presunción de inocencia y ha recordado que el asunto se encuentra aún en fase de instrucción, por lo que ha lamentado la lentitud de la justicia.

«No es una noticia agradable porque salir en las noticias por este tipo de cuestiones como primer responsable de la ciudad no es bueno», ha dicho el alcalde almendralejense.

El regidor ha recordado que ya en junio 2014, cuando se aprobó el contrato a Cofely en el Pleno municipal, el PSOE advirtió que había «irregularidades muy graves», y meses después, en octubre, presentó un recurso administrativo contra el proceso de adjudicación, poco antes de que la UCO de la Guardia Civil entrara en el ayuntamiento en busca de documentación. En este sentido, ha considerado que el hecho de que hayan pasado cinco años y que todavía no se haya abierto el juicio oral es «un fallo de nuestro sistema judicial», por tratarse de mucho tiempo «para depurar alguna actitud penal reprochable o para absolver si no la hay».