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¿Qué ha pasado hoy, 18 de abril, en Extremadura?
José García Lobato, alcalde de Almendralejo, a su llegada a la Audiencia Nacional. JOSÉ RAMÓN LADRA
El alcalde de Almendralejo niega amaños en el concurso investigado en Púnica

El alcalde de Almendralejo niega amaños en el concurso investigado en Púnica

El juez le ha tomado declaración en la Audiencia Nacional este martes | Está siendo investigado por la adjudicación de un contrato de alumbrado en el marco de la trama | Un informe de la UCO detalla paso a paso cómo se gestó la adjudicación a Cofely

EFE

Martes, 23 de enero 2018, 08:46

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El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Púnica', Manuel García Castellón, toma declaración desde las 9.30 horas al alcalde de Almendralejo en calidad de investigado. José García Lobato está siendo interrogado en relación a un posible amaño de un concurso público para la adjudicación de un contrato a la empresa francesa Cofely, vinculada a la trama de corrupción.

García Lobato ha asegurado hoy ante el juez Manuel García Castellón que el concurso para adjudicar un contrato de eficiencia energética a Cofely -empresa vinculada a la trama- fue «legal y transparente», y ha rechazado cualquier amaño en el mismo.

García Lobato ha negado en todo momento que se intentase amañar un contrato de servicios energéticos por importe de 20 millones de euros para adjudicárselo a Cofely en 2014, según han informado fuentes jurídicas.

Además, otros dos miembros del equipo de gobierno del Consistorio extremeño han comparecido hoy ante el juez. Se trata del primer teniente de alcalde, Luis Alfonso Merino, y del concejal Carlos González (ambos del PP), que también estaban citados como imputados junto a un empresario y un asesor externo.

Según las citadas fuentes, García Lobato y Merino se han ratificado en todo momento en lo que declararon el año pasado ante la Guardia Civil y han negado que hayan recibido -ellos u otros miembros del Ayuntamiento- ninguna comisión ilegal de la trama.

Ambos han intentado dejar claro ante el juez que el concurso -que finalmente fue paralizado por orden de la Audiencia Nacional- fue legal y transparente, y que su única intención era mejorar los servicios de eficiencia energética en el municipio pacense.

El alcalde reconoció hace meses ante los medios que en 2014 mantuvo conversaciones con el entonces director comercial de Cofely, Pedro García Pérez, -al que la UCO le pinchó el teléfono-.

En dichos pinchazos telefónicos se ponía de manifiesto que la empresa «habría intervenido en la redacción de los pliegos» del concurso público, si bien el alcalde manifestó que era algo que entraba en la dinámica normal del concurso en el que las empresas mandan el modelo de contratación que más les interesa, pero que son finalmente los técnicos los que elaboran los pliegos de condiciones.

Sin embargo, según las citadas fuentes, es precisamente en este punto en el que la versión aportada por los investigados sobre quién redactó los pliegos del concurso ha diferido y han podido entrar en alguna contradicción.

Informe de la Guardia Civil

Según un informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso HOY, atribuye a García Lobato cuatro delitos -cohecho, fraude, revelación de secretos y tráfico de influencias- por su actuación en el concurso para la adjudicación de un contrato municipal de 20,2 millones de euros.

Además del regidor del PP, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha citado a declarar, a partir de las 9.30 horas, a otros miembros de la corporación municipal: Luis Alfonso Merino y Carlos González, según han informado fuentes jurídicas.

La instrucción del 'caso Púnica' sitúa a Cofely en el epicentro de las actividades presuntamente ilícitas de los acusados en la trama. El contrato de Almendralejo no llegó a formalizarse, pero el magistrado imputa al alcalde por el proceso de licitación, en el que la empresa francesa resultó beneficiada con respecto a otras.

El empresario y presunto cerebro de Púnica, David Marjaliza, ya ratificó ante el juez su intermediación para la multinacional francesa y el pago de comisiones ilegales a alcaldes, en su caso de la Comunidad de Madrid.

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