Condenado un hombre a 22 años y 5 meses de prisión por un asesinato en Almendralejo

Lucas G. I. durante el juicio celebrado esta semana en Mérida. /BRÍGIDO
Lucas G. I. durante el juicio celebrado esta semana en Mérida. / BRÍGIDO

El jurado consideró probado que Lucas G. I. atacó a traición a Alonso B. en la noche del 6 al 7 de diciembre de 2016

Juan Soriano
JUAN SORIANO

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a Lucas G. I. a 22 años y cinco meses de prisión por el asesinato de Alonso B., que tuvo lugar en la madrugada del 6 al 7 de diciembre de 2016. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

La Sección Tercera de la Audiencia, en Mérida, acogió en mayo el juicio por estos hechos. El jurado estimó probado que, tras estar juntos de copas y salir del local Casa Julia, situado en la calle San Marcos de Almendralejo, Lucas atacó a Alonso B. por sorpresa y por la espalda con un objeto contundente con la intención de acabar con su vida. Con la víctima en el suelo, le estranguló agarrándole fuertemente por el cuello.

Tras dejar abandonada a la víctima, el agresor cogió el móvil y el coche del fallecido y se fue a Badajoz a pesar de que no tenía carné de conducir. Sufrió un accidente y abandonó el vehículo en una salida de la Autovía A-5. Después se fue a casa de un familiar, quien al día siguiente llamó a la Policía para facilitar su entrega. Desde entonces se encuentra en prisión.

El tribunal rechaza queel Estado deba asumir el pago de indemnizaciones a las víctimas

Tras el veredicto, corresponde a la Audiencia Provincial fijar la pena, que podía llegar a 28 años y medio de prisión, según solicitaron la Fiscalía y los abogados de los familiares del fallecido. La sentencia establece 18 años de cárcel por asesinato, cuatro por robo con violencia y cinco meses por conducir sin carné. Además, Lucas G. I. deberá indemnizar a la pareja de la víctima y a sus tres hijos con cantidades que oscilan entre 83.700 y 152.000 euros; así como 20.020 para cada uno de sus cuatro hermanos. También tendrá que abonar 4.613,73 euros por los daños en el vehículo del fallecido.

Responsabilidad estatal

Los abogados de los familiares de Alonso B. también pedían que se dictaminara la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, ya que el acusado llevaba dos meses y medio en libertad condicional a pesar de que, según las acusaciones, no cumplía los requisitos para ello y, una vez fuera de prisión, había incumplido cuestiones como la asistencia a sesiones de desintoxicación. En caso de condena, la Administración central tendría que hacer frente al pago de las indemnizaciones.

Sin embargo, la Audiencia estima que para eso sería necesario que el delito se hubiese iniciado en el centro penitenciario o cuando el acusado estaba bajo supervisión de algún funcionario. Pero abre la puerta a una reclamación patrimonial por vía administrativa.

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