El alcalde de Almendralejo y dos ediles declaran el día 23 por no dar información

Los tres miembros del equipo de gobierno tienen la obligación de comparecer ese día para prestar declaración como investigados, en lo que el juez tipifica como presunto delito o delito leve «contra el ejercicio de derechos cívicos por función pública», según la cédula de citación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almendralejo.

Los tres miembros del gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almendralejo tienen la obligación de ir a declarar ese día asistidos por un letrado, dentro de las diligencias previas del procedimiento abreviado practicadas por el citado juzgado.

Esta citación llega tras la denuncia hecha por los concejales del grupo municipal socialista por falta de información sobre la gestión municipal y de la que fueron advertidos en varias ocasiones antes de que se interpusiera formalmente.

Los ocho concejales socialistas se ratificaron ayer ante el juzgado de la denuncia puesta hace unos meses, según han confirmado a HOY fuentes del PSOE, único grupo en la oposición en el Ayuntamiento de Almendralejo.

Su portavoz, Piedad Álvarez, ya avanzó este lunes en el pleno de octubre que la fiscalía se había sumado a la demanda puesta por el grupo municipal contra este hecho.

El artículo 542 del Código Penal indica que «incurrirán en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes».

El alcalde García Lobato y su equipo de gobierno ya fueron condenados por sentencia de 1 de marzo de 2017 por el juzgado contencioso-administrativo número 1 de Mérida y obligados a facilitar la información requerida por concejales socialistas sobre el gasto del Ayuntamiento en publicidad y propaganda en medios de comunicación durante 2015.

Esa información fue solicitada anteriormente sin éxito por parte de los concejales, que no la obtuvieron hasta que se proclamó la sentencia judicial.

La oposición ha criticado al gobierno de García Lobato por no responder a preguntas sobre cuestiones municipales que se hacen en plenos y comisiones informativas.