El acusado de una muerte violenta en 2016 llevaba dos meses en libertad condicional

Lucas G. I., a la izquierda, en la primera sesión del juicio./Brígido Fernández
Lucas G. I., a la izquierda, en la primera sesión del juicio. / Brígido Fernández

Los abogados de la familia reclaman que el Estado se haga cargo del pago de las indemnizaciones en caso de insolvencia

Juan Soriano
JUAN SORIANO

Lucas G. I. apenas llevaba dos meses en libertad provisional cuando, según la Fiscalía, mató a Alonso B.G. en la noche del 6 al 7 de diciembre de 2016 en Almendralejo. La familia de la víctima reclama que el Estado se haga cargo del pago de las indemnizaciones.

La sección emeritense de la Audiencia Provincial acoge desde ayer el juicio por estos hechos, que tuvieron lugar apenas siete meses después de otra muerte violenta ocurrida en el mismo lugar. Un jurado popular deberá decidir si Lucas es culpable o inocente.

La acusación pública señala que el acusado y la víctima estuvieron juntos de copas. Considera que en un momento dado entre las 00.00 y la 01.00 del 7 de diciembre, a la salida de un local de alterne, y aprovechando las circunstancias en una calle poco concurrida y en plena noche, el acusado golpeó brutalmente a la víctima varias veces en la cara. Para ello, estima que empleó un vaso o un objeto similar.

Después le estranguló, le sustrajo el móvil y las llaves del coche y, a pesar de que no tenía carné de conducir, se fue circulando a Badajoz, tal como demuestra el seguimiento del teléfono de la víctima a través de las antenas de conexión. Tras un accidente, dejó el automóvil abandonado en la salida hacia Campomayor y fue a casa de su familia. Pasadas las 13.30 horas del día 7 su tío llamó a la Policía informando del homicidio cometido por su sobrino. Los agentes le estaban buscando, ya que la pareja de la víctima sabía que Alonso había estado con Lucas. La detención se produjo hacia las 15.20 horas en la avenida Padre Tacoronte, en el barrio del Gurugú.

El fiscal pide quince años de prisión por homicidio, cinco años de cárcel por el robo del vehículo y seis meses más por un delito contra la seguridad del tráfico.

Sin embargo, la defensa aseguró que el acusado, que se mostró sorprendido por el relato de los hechos de las acusaciones, no es responsable de los hechos que le imputan. También descarta el agravante de que el crimen se cometiera de noche y en un lugar poco transitado, lo que explica la ausencia de testigos directos de lo ocurrido. Por todo ello, solicita la absolución.

Demanda al Estado

Los abogados de la familia del fallecido coinciden en señalar que la víctima y el presunto agresor fueron vistos discutiendo en el último local en el que estuvieron. Y que cuando salieron a la calle Lucas portaba un vaso de tubo, con el que presuntamente atacó a Alonso, y un mechero rojo, que fue hallado junto al cadáver. También recalcan que se hallaron en las manos del acusado restos de sangre de la víctima.

La abogada de las dos hijas del fallecido con su primera mujer pide 23 años de prisión por asesinato, cuatro por robo con violencia y cinco meses por conducción sin carné. Y 100.000 euros de indemnización para cada una. El letrado de la pareja de la víctima reclama veinte años por asesinato, cuatro por robo y seis meses por conducir sin permiso. Y solicita 136.000 euros para la mujer y 152.000 para un hijo menor de edad. Las dos acusaciones piden que el Estado se haga cargo de estos pagos.