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G. CASARES
Miércoles, 23 de julio 2014, 08:33
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Hace varias semanas un bufete de abogados de Badajoz ganó un recurso presentado por la fundación Dolores Bas ante el Tribunal Supremo. La sentencia reconoce que unos terrenos ubicados en Badajoz tienen que pagar IBI rústico y no urbano, puesto que aunque son urbanizables, aún no se ha desarrollado la zona, ni está urbanizada.
Esta doctrina del Supremo, que podría tener vigencia en todo el territorio nacional, indica que hay que tener en cuenta el valor rústico para efectos fiscales, cuando no exista un desarrollo urbanístico en los terrenos afectados.
Al menos, así lo apunta una moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almendralejo para que se debatan las posibles consecuencias de esta sentencia en la ciudad.
La moción, que ha sido presentada por el concejal Santiago Fernández Nieto, solicita un informe jurídico sobre la aplicación de esta sentencia en el término local. Además, solicita un informe técnico sobre el posible número de terrenos afectados. Por último, el concejal pide un informe económico sobre cómo afectaría a las arcas municipales la aplicación de la citada sentencia.
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