hacia modelos alimentarios más saludables

El acuerdo entre la industria, la distribución y el Gobierno para reducir los azúcares añadidos, la sal y las grasas saturadas en más de 3.500 productos, sin ser la solución, sin duda contribuye a que podamos elegir un modelo alimentario con garantías

JUAN QUINTANA

El reciente acuerdo entre la industria alimentaria, la distribución y el Gobierno para reducir la cantidad de azúcares añadidos, sal y grasas saturadas en más de 3.500 referencias alimentarias no marca un antes y un después. Sin embargo, es sin duda un importante paso y un síntoma de hacia donde nos dirigimos o nos dirigen en el ámbito alimentario. Realmente, la voluntad de avanzar en este campo ya existía por parte de la administración responsable, que lleva trabajando en ello desde hace ya tiempo. Pero también el propio sector, que ya ha adoptado decisiones sustanciales por decisión propia; eso sí, condicionados por la presión social, que tampoco hay que olvidar que se fundamenta, al menos en parte, en evidencias científicas.

El consumidor exige cada vez más alimentos que, consumidos con cierta regularidad, no supongan una amenaza para su salud. En este sentido, es indiscutible que un exceso en la ingesta de estos componentes reducen la esperanza de vida y te hacen perder calidad de vida, por ejemplo favoreciendo la obesidad. Además, no es poco importante que todo ello genera un elevadísimo coste para el sistema público de salud, lo que afecta de forma considerable a las arcas públicas y al bienestar social.

Este histórico acuerdo, por el que se reducirán alrededor de un 16% la presencia de estos componentes, fue ratificado mediante la firma del Plan de Colaboración para la Mejora de la Composición de los Alimentos y Bebidas y otras Medidas (2017-2020). A él se han unido la Federación de Industrias y Alimentación y Bebidas (FIAB), el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y otras organizaciones sectoriales de la distribución e industria. Los sectores que se han sumado a este pacto son, entre otros, los de aperitivos salados, bebidas refrescantes, bollería y pastelería, cereales de desayuno infantil, derivados cárnicos y productos lácteos.

Se trata de acuerdos voluntarios, que si bien van a estar sujetos a un seguimiento por parte del Gobierno, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), no lo estarán a exigencias y sanciones que emanen de normas regulatorias con valor jurídico. En todo caso y con carácter general, la voluntad de la industria se ha mostrado en los últimos años, donde por iniciativa propia están poniendo en el mercado productos con bajo contenido de azúcares añadidos, de sal o de grasas saturadas.

Las organizaciones de consumidores han valorado positivamente el acuerdo, si bien estiman que debe ampliarse el número de alimentos reformulados. Sobre este asunto, la FIAB ya ha recordado que en muchos casos esto no es posible ya que está limitado por cuestiones tecnológicas, legales o de seguridad alimentaria.

En todo caso, es una realidad que la obesidad es un problema cada vez mayor en nuestro país, a pesar de la existencia y el reconocimiento de la dieta mediterránea. Además, la obesidad afecta de forma más intensa a las rentas bajas, donde el acceso a alimentos baratos y de baja calidad se está consolidando como la opción más sencilla y económica. Por otro lado, el fácil acceso a alimentos de ocio y con muchos componentes añadidos, se ha unido al cambio general de los hábitos alimenticios y ha potenciado de forma alarmante la obesidad en los niños.

El trepidante ritmo de vida de buena parte de la sociedad favorece la consolidación de un modelo alimentario muy alejado de los patrones mediterráneos. En consecuencia, aumenta el consumo de alimentos elaborados donde se adicionan determinados componentes que garanticen su conservación y que les aporten mejor palatabilidad. Es previsible que esta tendencia haya llegado para quedarse y que cada vez más la dieta mediterránea sea de uso, como mucho, en fin de semana. Es por ello necesario un adecuado control público y autocontrol privado que garantice que los alimentos cotidianos sean saludables. Este tipo de acuerdos, sin ser la solución, sin duda contribuyen a que podamos elegir un modelo alimentario moderno y cada vez más tecnológico, pero con garantías.