Lucha abierta contra el fraude en el tabaco

Si bien es cierto que la imagen popular del tabaco no es buena, es imprescindible evitar que se añadan otras connotaciones negativas que empeorarían la percepción pública y pondrían en cuestión la profesionalidad del sector

ANÁLISIS AGRARIO JUAN QUINTANA

La lucha contra el contrabando y el comercio ilegal de la hoja de tabaco es uno de los objetivos prioritarios del propio sector del tabaco. No hay que irse muy atrás en el tiempo para recuperar de la hemeroteca las diferentes acciones policiales en contra del transporte de contrabando y venta ilegal de tabaco, o la interceptación de vehículos con hoja de tabaco destinada a la fabricación casera y a la venta clandestina. La propia Organización Interprofesional del Tabaco de España (Oitab) lleva años reclamando mucho mayor control, conscientes de los importantes daños que genera. Es el caso de la disminución de la contribución fiscal, el aumento del consumo en menores, los riesgos sanitarios por pérdida de una adecuada trazabilidad y las propias pérdidas que este problema suponen para los agricultores y para la industria transformadora. Fue en 2015 cuando la Oitab modificó sus estatutos para incluir en sus objetivos este fin y formalizar su posición al respecto.

El gobierno extremeño ha dado respuesta a esta demanda al aprobar el Decreto de Trazabilidad de la Hoja de Tabaco. La optimización de la trazabilidad y transparencia ha ganado muchos enteros y se podrá articular un seguimiento y localización desde el campo hasta la industria, pasando por el curado. Sin duda implica un mayor esfuerzo por parte de los agricultores y del resto de agentes de la cadena, pero va a redundar en un beneficio colectivo, evitando acciones delictivas acometidas por terceros que, al final, terminan perjudicando al sector en su conjunto. Contratos por escrito, guías de transporte e información puntual a la administración pública de la actividad del secado son solo algunas de las acciones de trazabilidad que se van a implantar o a consolidar a partir de ahora.

Si bien es cierto que la imagen popular del tabaco no es buena, es imprescindible evitar que se añadan otras connotaciones negativas que empeorarían la percepción pública y pondrían en cuestión la profesionalidad del sector, lo que con mucha probabilidad generaría sinergias negativas.

En otro orden de cosas, en 2018 se han realizado 711.669 solicitudes de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), de acuerdo con la información hecha pública por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Son 33.497 solicitudes menos que en 2017. Lo interesante de este dato es que ha supuesto una caída del 4,5%, por lo que continúa la tendencia descendente en el número de solicitudes, que fue del 5,8% en 2016 y del 6,2% en 2017. Por comunidades autónomas Andalucía se encuentra a la cabeza con 235.836, seguida de Castilla la Mancha (118.518), Castilla y León (70.162), Comunidad Valenciana (53.540), y casi a su nivel Extremadura (53.295). Por detrás se encuentra Cataluña (45.748), Aragón (42.698), Galicia (28.289), Navarra (13.015) y Murcia (11.714). En el caso de Extremadura esta quinta posición representa el 7,5% del total nacional con una caída del 3%

Sin embargo, si se hace referencia a la superficie afectada por dichas solicitudes, esta se ha incrementado un 2,8% hasta un total de 21.960.971 hectáreas, un repunte que también se produjo en 2017. Por regiones, es Castilla y León quien lidera el ranking, con una superficie de 4,8 millones de hectáreas, por delante de Castilla la Mancha (4,5 millones de hectáreas), Andalucía (4,3 millones de hectáreas) y Extremadura con 2,7 millones de hectáreas. En este caso llama la atención en el caso de Extremadura que ese porcentaje se eleva al 12,3% de la superficie nacional, casi cinco puntos por encima que en número de solicitudes.

En todo caso, un escenario que entre otros aspectos responde a la pérdida de población activa del sector agrario y a una cierta concentración de la producción. También ha contribuido una PAC más restrictiva en la que la definición a agricultor activo ha limitado el número de beneficiarios, así como la decisión de no conceder ayudas PAC por debajo de 300 euros.

 

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