El Gobierno reformará la Ley de la Cadena Alimentaria para combatir la venta a pérdidas

Lo avanzó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras mantener el primer encuentro de la mesa de diálogo agrario con las organizaciones Asaja, COAG y UPA, creada tras las manifestaciones protagonizadas por el sector la semana pasada.

Junto a ese compromiso de modificar la actual Ley de la cadena, Planas ha presentado un paquete de propuestas que incluye revisar la Ley de organizaciones interprofesionales o intentar aumentar la dotación para los seguros agrarios en los próximos presupuestos generales del Estado.

El borrador del anteproyecto de ley para la mejora de la cadena alimentaria se someterá a exposición pública en las «próximas semanas», según el ministro, quien confía en que pueda llegar al Congreso en los próximos once meses.

El objetivo de esta modificación será adaptar la normativa a la directiva comunitaria y darle un «papel más significativo» a cada uno de los eslabones de la cadena.

Según ha apuntado, incluirá «todas» las figuras relativas a las prácticas de competencia desleal registradas en la norma comunitaria.

Por otro lado, pretende reunir la semana próxima el Observatorio de Precios de la cadena para determinar qué sectores son los que se encuentran en una peor situación (entre ellos el hortofrutícola y el del aceite de oliva; de hecho, se reúne este jueves la mesa del aceite y la próxima semana la del sector hortofrutícola).

Respecto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Planas ha reconocido que se ha abordado este tema en la reunión con las organizaciones agrarias. «Ha sido un tema de análisis, pero no el tema central de la reunión, lo que les preocupa es la volatilidad de los precios y los márgenes empresariales», ha recalcado.

El titular de Agricultura se ha comprometido a analizar el impacto que podría tener esta subida para agricultores y ganaderos, y con los datos obtenidos estudiar posibles medidas para paliar sus efectos.

Por la mañana, antes de la reunión, Planas dijo «estar abierto» a la posibilidad de adoptar medidas complementarias de bonificación o incentivo en el sector agrario si se consideran necesarias tras analizar el efecto de la subida del SMI.

El ministro también señaló tras el encuentro con las organizaciones que se revisará la ley de organización de las interprofesionales, ya que considera que es «necesario mejorar» la reestructuración de todo el sector.

Pese al bueno tono de la reunión de este lunes, los representantes de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han asegurado a la salida que mantendrán las manifestaciones y concentraciones que están previstas para el mes de febrero.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha señalado a los medios que Planas ha calificado las manifestaciones de la semana pasada como «legítimas y democráticas». «Las manifestaciones que están convocadas seguirá el calendario establecido», ha recalcado.

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha indicado que se seguirá con el calendario marcado porque el «campo tiene una situación muy problemática». «Necesitamos medidas concretas que se puedan adoptar cuanto antes mejor para que se valorice el sector del campo», ha indicado.

Por su parte, el secretario general nacional de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), el extremeño Lorenzo Ramos, aseguró a este diario que se muestra esperanzado por los compromisos mostrados por el ministro de Agricultura.

En primer lugar, aprecia un cambio de actitud. Si antes se afirmaba que no se podía intervenir en los precios de los productos agrícolas, ahora hay un interés por impedir lo que los profesionales consideran prácticas abusivas. «Por primera vez el Ministerio reconoce que tenemos razón», recalca Ramos. «Venimos diez años denunciando que hay gente que gana mucho dinero».

En su opinión, la Ley de la cadena alimentaria es una buena herramienta, pero no sirve a su propósito. Con las reformas propuestas, considera que puede dar resultados más positivos. En especial, el objetivo de ligar los precios a los costes de producción, para lo que se plantean medidas como perseguir las ventas a pérdidas con carácter fraudulento.

El secretario general de UPA apunta a las grandes superficies que, para atraer clientes, bajan los precios de determinados productos, como fruta, leche, aceite y carne de pollo, y luego repercuten los escasos márgenes a los agricultores y ganaderos. Para ello, destaca la propuesta de reformar el régimen sancionador. También pide reactivar el observatorio de seguimiento de los precios para conocer dónde hay especulación y fraude.